mayo 8, 2021 7:15 AM

Juez desecha definitivamente primer amparo de Pineda Villa

ampa

El Juez de Amparo sobreseyó de manera definitiva el juicio que promovió María de los Ángeles Pineda Villa en contra de cualquier acto privativo de la libertad.

Se trata de la primera demanda que presentó Pineda Villa, presunta autora intelectual de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en contra de “Orden de aprehensión y/o cualquier acto privativo de la libertad ordenado dentro de procedimiento y su ejecución”.

La dependa fue presentada ante el Juzgado 11 de Distrito por la ex primera dama de Iguala el ocho de octubre del 2014, previo a su detención como partes de las investigaciones de la Procuraduría General de la República por el secuestro de los 43 normalistas, y ahora fue desechado de manera definitiva porque las 12 autoridades emplazadas en ese momento, negaron el acto reclamado.

“Primero. Se sobresee en el presente juicio, promovido por María de los Ángeles Pineda Villa, contra los actos y por las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones ahí expuestas”.

Pineda Villa, ha tramitado cuatro demandas de amparo en contra de la orden de aprehensión, arraigo, consignación en su contra, así y congelamiento de cuentas bancarias.

En tres de los juicios se le ha negado la suspensión definitiva, y sólo dos siguen vigentes.

La presentación de juicios de amparo inició en octubre pasado, cuando la mujer y su esposo, José Luis Abarca Velázquez se encontraban prófugos de la justicia, pues fueron señalados directamente por su colaborador, Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos de haber ordenado la desaparición de los normalistas.

El primer juicio, 985/2014, fue presentado el 08 de octubre ante el Juzgado 11 de Distrito de Amparo Penal, en contra de actos privativos de la libertad, posible orden de aprehensión.

En su demanda nombró a más de 12 autoridades federales y locales de Guerrero, y fue desechado al negarle la suspensión definitiva a pocos días, porque en ese entonces no existía la orden de aprehensión en su contra, como informaron oficialmente las instituciones emplazadas.

Posteriormente, el seis de noviembre, tramitó el juicio 1131/2014 en conjunto con su esposo José Luis Abarca, cuando aún estaban ante el Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada, en contra de autos privativos de la libertad, y violaciones a las garantías individuales, entre otras.

A pesar que se les concedió la suspensión de plano, y se dio entrada al juicio, éste quedó sin efectos, ya que Abarca Velázquez fue consignado ante el Juez Primero de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, y recluido en el penal de alta seguridad Número 1 “Altiplano”.

Mientras que su esposa fue enviada al Centro Nacional de Arraigos por 40 días para continuar con las investigaciones en su contra, por ello, al cambiar su situación jurídica dicho amparo quedó sin efectos.

Posteriormente, el 10 de diciembre tramitó el juicio 1235/2014 ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo, nuevamente en contra de la orden de aprehensión, extensión del arraigo, pero también por el congelamiento de sus cuentas bancarias.

A pesar que contaba con la suspensión del plano en contra del arraigo, se concedió la ampliación de la medida cautelar por 20 días, mientras que se ordenó a la CNBV que informara sobre la petición de la PGR de congelar los movimientos bursátiles de la mujer, lo cual, hasta el seis de enero no lo había hecho debido al periodo vacacional de fin de año.

El pasado cinco de enero, presentó el juicio 3/2015 ante el juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales quien le otorgó la suspensión de plano contra los actos privativos de la libertad e incomunicación, sin embargo, se prevé que se sobresea al haber causado ejecutoria la orden de aprehensión en su contra.

Estas son las dos demandas de amparo que siguen vigentes, y que la ex primera dama tramitó previo a su consignación acusada por delincuencia organizada para cometer delitos contra la salud y uso de recurso de procedencia ilícita. (24 HORAS)

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