La administración del primer semestre de 2004 de los actuales presidentes municipales en Sinaloa es revisada por el Congreso del Estado, aunque esta semana se anunció que el grupo de 10 cuentas públicas está dictaminado en sentido positivo.

El primer paquete de cuentas públicas municipales integrado por Salvador Alvarado, Badiraguato, Guasave, Mocorito, Mazatlán, Ahome, Navolato, Culiacán, Angostura y San Ignacio pasaría sin la objeción del legislativo, aunque el total de sus irregularidades suman un monto de 59 millones de pesos considerados como daño al erario público.

Y es que según explicó el secretario de la Comisión de Fiscalización, Martín Pérez Torres, ningún municipio rebasó el 3 por ciento del total de su presupuesto en recursos mal administrados o irregulares, con excepción de Navolato, quien en medio de la revisión recibió una aportación del Gobierno del Estado para subsanar un monto de 11 millones 500 mil pesos.

Los traspasos entre cuentas bancarias con recursos etiquetados, incumplimiento en el cobro de multas y recargos en la recaudación del Impuesto Predial y omisión de documentación comprobatoria en sus registros contables, son las irregulares recurrentes de las administraciones municipales.

Al rescate de Evelio

La Auditoría Superior del Estado detectó que en el primer semestre del 2014, de enero a junio, el ayuntamiento de Navolato —administrado por el priista Evelio Plata Inzunza— registró el monto más elevado en irregularidades con 31 millones 822 mil 396 pesos, lo que representaba un 19 por ciento del total de su presupuesto.

Sin embargo, de esta cantidad, la ASE encontró anomalías en el manejo de un crédito de 42 millones 185 mil 637 pesos, adquirido el 21 de diciembre de 2011, para financiar inversión pública productiva en el municipio.

Según se detectó, de los 42 millones, sólo se aplicaron correctamente 12 millones 984 mil pesos, mientras que 15 millones 607 mil pesos no se destinaron para la ejecución de las obras; del resto, 11 millones 250 mil pesos, etiquetados para la construcción de la Unidad Administrativa de Servicios Municipales, no existe registro contable, ni evidencia de que se hayan aplicado en los trabajos.

También se señala que con el mismo crédito se autorizó destinar recursos por 2 millones 343 mil 844 pesos para la compra de terrenos, los cuales ya estaban pagados antes de recibir el recurso.

En la semana que transcurrió, antes de dar primera lectura a las cuentas públicas en el Congreso del Estado, el gobierno del Estado anunció la transferencia de 11 millones 500 mil pesos a Navolato para solventar la observación de la ASE.

Días después, el gobernador Mario López Valdez explicó que el recurso se utilizó durante la contingencia ambiental ocasionada por el huracán “Manuel”, siendo Navolato uno de los municipios más lastimados por el fenómeno.

“Vimos la necesidad de disponer de recursos de los que hubiera a la mano, en el entendido que después íbamos a buscar establecer a cuánto habían ascendido los gastos, porque a veces uno no tiene ni siquiera la valoración de los gastos y ahí empiezan las cuentas”, explicó López Valdez en rueda de prensa.

“Para el tamaño de la contingencia, 11 millones de pesos no sé cuánto más haya dispuesto de su presupuesto, no es una cantidad muy grande”, justificó López Valdez.

Suspendidos Angostura y San Ignacio

Las cuentas de los ex alcaldes José Manuel Valenzuela, de Angostura y Jesús Alfonso Lafarga, de San Ignacio, correspondientes al segundo semestre del 2013, continuarían suspendidas por el poder legislativo y el proceso siguiente sería iniciar procesos penales en contra de los funcionarios responsables.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Gómer Monárrez Lara, indicó que en el caso de Angostura, a la fecha sólo se han solventado 8 mil pesos, de un total de un millón 500 mil pesos observados como daño al erario.

De las observaciones hechas a la cuenta de San Ignacio por un monto total de 12 millones de pesos, actualmente el municipio sólo ha solventado 900 mil pesos. La próxima semana, el legislativo daría segunda lectura a las cuentas públicas para posteriormente aprobar los dictámenes y continuar con la revisión al segundo paquete de cuentas municipales y la cuenta pública del Gobierno del Estado.