mayo 8, 2021 12:41 AM

Congelan hospitales: Por cálculo político, no por reclamo ciudadano

Mario López Valdez. La línea viene del centro.
Mario López Valdez. La línea viene del centro.

Cálculos políticos logran lo que los ciudadanos no pudieron: detener el atraco que se pretende cometer con la construcción de dos nuevos hospitales. Pero el dictamen ya recibió primera lectura y la amenaza de que sea aprobado en el futuro sigue. Por lo pronto, se abrirán foros de discusión sobre el tema, anuncian.

 

La decisión del Ejecutivo, del Congreso del Estado y las posturas del PRI y el PAN al “congelar”  la discusión de los hospitales generales, podría tener un transfondo político frente al inminente proceso electoral, una decisión calculada en función del voto ciudadano.

Así lo interpretó la diputada perredista, Imelda Castro Castro, quien consideró que también se trata de un reconocimiento a la exigencia ciudadana que desde meses atrás acusaba un proceso opaco y proyectos inviables financieramente.

La legisladora que desde el inicio de la discusión ha cuestionado la viabilidad de los proyectos y el regateo de información de parte del Ejecutivo hacia el Legislativo para atender la solicitud de modificación a los decretos 976 y 977, aplaudió la repentina decisión del gobernador de “pedir tregua”.

“Es un reconocimiento del PRI y del PAN a los ciudadanos que no aceptan este tipo de transacciones financieras que dañan el patrimonio publico, es un reconocimiento implícito que se tiene y que saben que electoralmente les puede costar votos, aún así es saludable que se pueda dar marcha atrás en este proceso que nosotros hemos dicho es un verdadero atraco a las finanzas publicas”, expresó Castro Castro.

La tarde del viernes 16 de enero, un día después de que el Congreso local diera primera lectura al dictamen para modificar los decretos 976 y 977, el gobernador Mario López Valdez pidió que se aplace la segunda lectura y votación del dictamen, al no sentirse “cómodo” con los cuestionamientos del sector empresarial y ciudadano.

En rueda de prensa y tras ser interrogado sobre el procedimiento “apresurado” que se utilizó en el legislativo para subir el dictamen al pleno, el mandatario reconoció que a su gobierno no le conviene que los hospitales surjan con un “tufo desagradable”.

Diputado Díaz Simental. Una voz en el desierto.
Diputado Díaz Simental. Una voz en el desierto.

“No me deja cómodo el que haya cuestionamientos, que se señale que hay opacidad, no me deja cómodo que se diga que es un proyecto para beneficiar a ciertas familias, no me deja cómodo en el sentido que se señale que esto es un gran negocio, que digan que hay cuatro o cinco veces más caros los productos y que están inflados”, dijo López Valdez.

La propuesta del mandatario para garantizar la transparencia en los proyectos que costarían 14 mil millones de pesos, fue la organización de un foro informativo en el que participen expertos en el tema y cualquier ciudadano interesado.

Horas más tarde del anuncio del Ejecutivo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jesús Enrique Hernández Chávez, confirmó que se suspendería la discusión el dictamen.

Entrevistado en la emisión radiofónica del periodista Víctor Torres, el coordinador de la fracción priista, afirmó que el dictamen no saldría en lo que resta del actual periodo legislativo —que termina el 31 de enero— y dejó entrever la posibilidad de que se postergue hasta después del proceso electoral.

“Con esta inteligente propuesta que hace el Ejecutivo, nos va a permitir ampliar el diálogo, intercambiar impresiones, nada mejor que nos demos el tiempo necesario para que esto se desahogue. Porque nosotros ni estamos apresurados, ni estamos decididos a emitir un dictamen en un sentido o en otro”.

Y aseguró, “la legislatura está porque se genere el espacio de diálogo, que se despejen dudas, que se aclare todo lo que tiene que ver con transparencia. Al generarse este espacio, va a llevarnos a que el proceso legislativo, ya la segunda lectura y discusión del dictamen será para fechas posteriores”.

 

Ciudadanos en el Congreso. Proyecto inviable.
Ciudadanos en el Congreso. Proyecto inviable.

—¿Fechas posteriores? ¿Podría ser después de las elecciones o antes?, se le preguntó.

“No tenemos la precisión porque no se ha tomado el acuerdo en particular pero veo muy difícil que pudiera ser durante el desahogo del presente periodo en el que nos encontramos…”.

 

—Diputado evidentemente el proceso electoral si contamina todo, ¿no? 

—Pues de alguna manera los tiempos políticos están influyendo en todos los ordenes de la vida del Estado, sin embargo en este tema creo que debemos de preservar las razones,  la viabilidad de los proyectos desde el punto de vista financiero, y bueno, las cuestiones políticas nunca estarán separadas del trabajo que desarrollan las diputadas y los diputados”.

 

La exigencia ciudadana

Apenas el lunes 12 de enero, los dirigentes de los principales organismos empresariales en Sinaloa, CANACO, CANIRAC, CMIC, Asociación de Agricultores del Río Culiacán, COPARMEX y el colectivo ciudadano Congreso Abierto, el cual integra a las asociaciones Mexicanos Primero, Iniciativa Sinaloa, Parlamento Ciudadano, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Sinaloense de Universitarios y el Colegio de Ingenieros Agrónomos del Estado de Sinaloa, emitieron dos posicionamientos.

Uno dirigido al Congreso del Estado, en el cual se solicita que no se apruebe el dictamen que modifica los decretos 976 y 977 y con ello se evite la ampliación de garantías en los proyectos de construcción de los dos hospitales generales en Mazatlán y Culiacán.

El segundo, dirigido al Gobierno del Estado, en que se pide se declaren nulas las licitaciones aprobadas para los dos hospitales y que se replanteen desde el origen los proyectos de construcción.

La sobrestimación financiera de los proyectos fue uno de los principales aspectos criticados por los ciudadanos.

Según se expuso, el gasto anual de los hospitales aumentaría en un 48 por ciento para Culiacán y un 69 por ciento para Mazatlán. Estos incrementos harían que el gasto operativo anual de ambos hospitales pase de 685 millones de pesos a mil 066 millones de pesos, un aumento del 56 por ciento.

Ese mismo día, el gobernador Mario López Valdez fue cuestionado sobre la petición de la iniciativa privada y las asociaciones civiles, la respuesta en ese momento fue tajante, no se repondría la licitación.

Dos días después, el miércoles a las 17:00 horas se citó a los legisladores a reunión de Comisiones Unidas a través de un mensaje de texto, de acuerdo a la versión denunciada por el diputado perredista Ramón Lucas Lizárraga.

Al encuentro sólo acudieron siete de los 15 diputados integrantes de las comisiones unidas de Salud, Planeación y Hacienda, por lo que la reunión se suspendió pero antes de retirarse, el secretario general del Congreso, Carlos Loaiza Aguirre, les entregó las dos hojas finales del dictamen que sólo contenían los nombres de los diputados y en donde se requería su firma.

Chuquiqui. Propongo un receso, compañeros.
Chuquiqui. Propongo un receso, compañeros.

Según dijo Lucas Lizárraga, sin ningún análisis, ni discusión de por medio, las hojas se pusieron sobre la mesa y se invitó a que firmara quien así lo dispusiera.

Afuera, un grupo de empresarios y ciudadanos se habían dado cita para que se les informara la decisión de las comisiones.

“Ellos traen la consigna de sacar lo más pronto posible el dictamen para subirlo al pleno, lo que están haciendo hoy es degradar el trabajo de los legisladores, sin recato en los procedimientos de comisiones, sólo hay la consigna de cumplir al Ejecutivo”, denunciaba aquel día, el legislador perredista, frente a los representantes de organismos ciudadanos.

Esa tarde del miércoles, el diputado priista, Óscar Valdez López, colocó su firma sobre su nombre y salió por los pasillos interiores del edificio parlamentario.

La panista María de la Luz Ramírez Rodríguez y los priistas María Lorena Pérez Olivas y Luis Fernando Sandoval Morales, también firmaron y aunque se retiraron por la puerta principal, no le dieron la cara al grupo de ciudadanos y empresarios.

Tras la reunión fugaz de las comisiones, sólo el panista Francisco Solano Urías, quien había avalado con su firma el dictamen, permaneció para enfrentar al grupo ciudadano.

También se quedaron Ramón Lucas Lizárraga y Víctor Díaz Simental, pero estos previamente se habían negado a firmar el documento.

La presencia de Solano Urías bastó para que los representantes del organismo empresarial Coparmex y el colectivo ciudadano Congreso Abierto, manifestaran su rechazo al actuar de la 61 legislatura.

“Estamos extrañados por la actitud que ha tenido en este caso, porque más que la salud de los sinaloenses, estamos hablando de la salud financiera de muchas generaciones, lamento que vaya a quedar un gran problema heredado, como Coparmex le externó el extrañamiento de que no estamos de acuerdo con su actitud, inclusive no sabemos por qué es el vocero de este caso”, señaló Pun Hung a Solano Urías.

Tras la serie de acontecimientos, Luis Enrique Pun Hung, secretario de Coparmex Sinaloa, lamentó la irresponsabilidad con la que se manejó la 61 legislatura y la desatención a la participación ciudadana.

“Hay una actitud irresponsable de muchos diputados que están firmando, su decisión se basa en criterios distintos al bien de la comunidad. Es grave que no se aproveche este momento en donde los ciudadanos estamos viniendo a ofrecer ayuda, las preguntas nuestras son para ayudar, no para destruir ningún proyecto, vemos posibilidades de mejora, vemos algunos riesgos y amenazas muy grandes para las finanzas”, criticó el empresario.

Al día siguiente, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, se deslindó de la firma emitida por Solano Urías y Ramírez Rodríguez.

En rueda de prensa, Edgardo Burgos Marentes rechazó que la firma de los legisladores represente el espíritu y posicionamiento del PAN frente al tema, al asegurar que la construcción de los hospitales es una “bomba de tiempo” en el aspecto económico, político y social para Sinaloa.

La primera lectura

En la sesión ordinaria del jueves 15 de enero, la orden del día enlistó en su punto número 20, la primera lectura al dictamen que propone reformar los decretos 976 y 977 de los hospitales generales.

El dictamen leído en el pleno, es idéntico al predictamen elaborado por la comisión de Hacienda y entregado a los legisladores el martes 17 de diciembre, como lo publicó Ríodoce (Edición 673).

La solicitud del Ejecutivo para afectar el 25 por ciento de los ingresos por el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas como fuente de pago o garantía a favor de las empresas constructoras, establecida en el artículo segundo de la iniciativa, se dictamina con el mismo contenido de la iniciativa, en cada uno de sus puntos y comas.

Lo mismo sucede con el artículo cuarto de la iniciativa de López Valdez, el cual requiere la inscripción de los Contratos Público Privado en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Finalmente, los legisladores sólo agregaron cuatro puntos más que no modifican la solicitud de Malova, sino que buscan crear mecanismos para garantizar el control financiero de los proyectos.

El destino de los edificios donde actualmente se ubican los hospitales generales será puesto a consideración del Congreso; el Ejecutivo deberá informar al Congreso sobre la situación administrativa de los hospitales y la Auditoria Superior del Estado realizará auditorias semestrales a los servicios contratados con el desarrollador.

También se especifica que la persona que sea nombrada como administrador de los nuevos hospitales deberá ser especialista en administración en materia de salud, lo cual deberá ser acreditado por el Congreso.

Una vez que se cierre el contrato de colaboración Público Privada y se formalicen los montos de pago, el Ejecutivo deberá informar al Congreso sobre la situación final del documento en un periodo que no excederá de los 10 días hábiles.

El decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

 

***

 

De no haberse frenado la segunda lectura y discusión del dictamen y en un estimado del posible sentido del voto de los legisladores, la iniciativa de López Valdez habría sido aprobada con amplio margen, al solo requerir mayoría simple con el voto de 21 diputados.

Y es que de los 22 diputados que integran la fracción priista, sólo Víctor Díaz Simental había expresado su voto en contra.

La fracción del Partido Sinaloense, conformada por tres diputados, aseguraba no tener una postura definida, pero su líder, Héctor Melesio Cuen Ojeda, fue uno de los legisladores que avaló con su firma el dictamen.

La diputada representante del Partido Nueva Alianza había hecho público desde meses atrás su apoyo a la iniciativa, la postura del diputado de Movimiento Ciudadano y el legislador del Partido del Trabajo era incierta, mientras que solamente los dos legisladores del PRD se mantenían firmes con su votación en contra.

En el PAN, la votación cambió tras el anunció de su dirigente estatal, la presidenta de la Mesa Directiva, Yudit del Rincón, admitió en entrevista telefónica que su decisión personal era votar a favor pero finalmente obedecería a la decisión de su partido.

 

CITAS TEXTUALES DE MALOVA

 Ese paso yo no estaría dispuesto a darlo por tantos cuestionamientos, por dignidad, por la necesidad que tiene hoy la política de que la dignifiquemos, que la transparentemos”

 

“Estoy convencido que nosotros tenemos que sacar proyectos que de origen no surjan con un tufo desagradable. No me deja cómodo el que haya cuestionamientos”.

 

 

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