Serán investigados 20 funcionarios del Edomex por caso Tlatlaya

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Veinte funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, entre ellos agentes del ministerio público, peritos y policías ministeriales, son investigados por estar directamente involucrados en la presunta tortura contra tres mujeres que estuvieron en los hechos de Tlatlaya, el 26 de junio de 2014, donde 22 civiles fueron asesinados, presuntamente por elementos del Ejército.

Alejandro Gómez Sánchez, procurador de justicia del Estado de México, informó que hasta el momento ninguno de los servidores públicos ha sido separado del cargo, debido al derecho de presunción de inocencia, además afirmó que todos están en la mejor disposición de colaborar con las investigaciones.

“Estamos llevando el principio de presunción de inocencia, y están todos y cada uno de ellos en la mejor disposición de colaborar, van desde agentes del Ministerio Público, peritos en diversas disciplinas y también agentes de la policía ministerial”, explicó.

También señaló, que la PGJEM solo investiga la presunta violación de los derechos humanos de las tres mujeres que fueron testigos de los hechos, y que la información otorgada por ellas integra las líneas de investigación.

El procurador comentó que las testigos ya fueron inscritas en el Instituto Nacional de Víctimas para que reciban una indemnización, la cual dependerá de los resultados de las indagatorias para conocer los abusos de las que fueron víctimas.

Informó que la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido parcialmente cumplida: se avanzó en los cursos en materia de los derechos humanos a los funcionarios de la institución, pero aún no hay consignación de ningún servidor público.

Recordó que no existe una fecha límite para concluir las investigaciones y confirmar si los funcionarios de la procuraduría son culpables de cometer algún delito en contra de las tres sobrevivientes del caso Tlatlaya, donde murieron 22 civiles.

LA RECOMENDACIÓN
La recomendación 51/2014 de la CNDH logró acreditar responsabilidad a 28 elementos de la PGJEM: el titular de la Fiscalía Especializada de Homicidios; un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de San Pedro Limón; 11 agentes de la Fiscalía Regional de Tejupilco y la Fiscalía de Asuntos Especiales; un perito de la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca y uno más de Tejupilco.

También señala a tres elementos del Instituto de Servicios Periciales de Toluca, 9 peritos que realizaron las necropsias de las víctimas y al agente del Ministerio Público de Tejupilco que concluyó que el lugar de investigación fue preservado en su estado original porque se encontraba resguardado por elementos del ejército mexicano.

Ayer, la CNDH reclasificó el expediente como “violaciones graves” de derechos humanos para que Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional; Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República y Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México tomen en cuenta este hecho en las acciones para cumplir la recomendación.

La investigación de la Comisión Nacional inició el pasado 11 de julio bajo el expediente CNDH/2/2014/5390/Q, al acreditarse la privación arbitraria de la vida, el uso de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos de la verdad y al acceso a la justicia.

ORDENA IFAI A PGR ABRIR EXPEDIENTES DE 22 PERITAJES
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar la versión pública de los 22 peritajes generados por la muerte de personas en Tlatlaya, Estado de México, así como los documentos entregados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México sobre el caso.

“En este instituto ha imperado el criterio de máxima publicidad por la delicadeza que implican las violaciones a derechos humanos en el contexto que padecemos en diversas zonas del país, así las cosas, con motivo de las reformas constitucionales de derechos humanos de junio de 2011 el garantismo se expande al principio de pro persona, de esta manera si ustedes me acompañan con su voto, el sentido de la resolución es de revocar, o sea dejar sin efecto, la negativa invocada por la PGR, e instruirle que entregue en versiones públicas los peritajes solicitados por el recurrente que son algo así como 22 peritajes”, dijo el comisionado ponente, Francisco Acuña Llamas.

Lamentó que que en una democracia las instituciones no ponderen el derecho a saber, toda vez que un particular solicito la información pero la PGR afirmó que estaba reservada por ser parte de una averiguación previa. (Eje Central)

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