mayo 10, 2021 3:53 PM

Mujeres, fuera del presupuesto

PROYECTO. Infraestructura, solo en el papel.
PROYECTO. Infraestructura, solo en el papel.

El Centro de Justicia para las Mujeres, otro proyecto incumplido
Cristian Díaz
A pesar de los evidentes actos de violencia que se presentan en contra de las mujeres en el estado, la principal meta planteada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en el Plan Estatal de Desarrollo, que es la creación de un Centro de Justicia para las mujeres, dista mucho de verse cumplida, a pesar de que en 2012 se le asignó un presupuesto de 8 millones 500 mil pesos, y que en diciembre del año pasado se emitiera un decreto para su creación durante el año 2014.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer un informe especial sobre diversos aspectos relacionados con las mujeres y la igualdad de género en Sinaloa, así como de políticas públicas aplicadas en la materia, en donde se destaca que el 13 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado emitió un Decreto por el que se crea el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Sinaloa, que debería tener su domicilio en la ciudad de Culiacán.
La creación de este centro forma parte de las metas aun sin cumplir del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 del actual gobierno; esta meta se había planteado como uno de los compromisos más importantes del Estado en materia de justicia para las mujeres.
Para cumplir con el programa se autorizó en el 2012 la cantidad de 8 millones 500 mil pesos, a través del Subsidio para el otorgamiento de programas de apoyo a las entidades federativas en materia de seguridad pública.
Riodoce ya había señalado desde el 2013 que la construcción de este centro se había perdido entre la burocracia, al igual que los 8 millones y medio asignado para este proyecto, que ni siquiera fue mencionado en el Tercer Informe de Gobierno.
En el 2013 no se etiquetó partida presupuestal, ya que se gestionó ante la Comisión Nacional para Combatir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) un subsidio para la creación de los centros de justicia para las mujeres, “eran 15 millones lo que CONAVIM canalizaba a los estados, pero no todas las entidades que propusieron fueron avaladas, una de las que no fue avalada tengo entendido fue Sinaloa”, mencionó Elizabeth Ávila, directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres (ISMUJERES), al ser cuestionada.
De manera extra oficial, una fuente de la PGJE mencionó que el centro no había iniciado operaciones durante el año 2014 porque no se les había asignado presupuesto, sin embargo en el mismo decreto emitido por el gobierno se consigna que la Procuraduría, en el ejercicio fiscal 2014, debía asignar una partida financiera para sufragar los gastos generados por el inicio de operaciones de dicho centro.
“En el anexo 13 viene un concepto que se llama Presupuesto de Mujeres e Igualdad de Género, y ahí vienen diferentes rubros, y de la Procuraduría General de Justicia viene el Centro de Justicia de Mujeres, con una cantidad de 5 millones de pesos”, dijo el diputado panista Adolfo Rojo, al ser cuestionado sobre si se había considerado presupuesto para el ejercicio fiscal 2015.
En la página oficial del Sistema de Evaluación y Seguimiento de Metas de Sinaloa (SISEPSIN), este proyecto refleja un 85 por ciento de avance, sin embargo tomando el método o fórmula planteada en la misma meta del plan estatal tendría apenas un 20 por ciento de avance, ya que eso corresponde a la emisión del decreto para su creación, mientras que el 80 por ciento restante corresponde a la creación fáctica, que hasta el momento no se ha llevado a cabo.
A pesar de que el decreto que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2014 designa al Procurador General de Justicia del Estado como parte del comité directivo, siendo éste quién lo presida, en la página del SISEPSIN figura como responsable de la meta Elizabeth Ávila Carrancio, directora general del ISMUJERES.
“Nosotras no somos las responsables del Centro de Justicia, es efectivamente la Procuraduría, en un principio fue la Secretaría de Seguridad y después fue la Procuraduría, por que los programas con los cuales se bajaban recursos federales eran en las áreas de seguridad”, dijo la titular del ISMUJERES.
El objetivo del Centro de Justicia es concentrar a las instancias de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, en un mismo lugar, para brindar atención de manera integral a las mujeres víctimas de los diferentes delitos relacionados con la violencia de género, con apoyo psicológico, social, de salud, vivienda temporal, empoderamiento económico; incrementando así el acceso a la justicia y evitando acciones aisladas de cada institución.
Por su parte, la directora del Centro para la Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), Consuelo Gutiérrez, dijo desconocer si la procuraduría este desarrollando acercamiento con instituciones en relación al mencionado Centro, y mencionó que “lograr que se cumplan las expectativas que se plantean depende también de quien lo opere… espero que se cumpla en esta administración la meta que se planteó en el Plan Estatal de Desarrollo”.
Los servicios de atención que este centro debería de atender son: atención especializada de agentes del ministerio público; acceso a servicios periciales; atención medica; atención psicológica; tramitación de órdenes de protección, custodia y pensión alimenticia, a través de los juzgados en materia de lo familiar; acceso a refugio y albergue temporal; asesoría y representación jurídica; bolsa de trabajo; guardería y servicios educativos para niños y niñas, y capacitación.
En julio del 2012, del despacho del Procurador salió un oficio con número 002169, dirigido al secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal, donde se solicitó la donación de un terreno para la construcción del centro. El documento pedía el predio ubicado en el kilómetro 9.5 de la carretera a Navolato, en la colonia Aguaruto, a un costado del Servicio Médico Forense. Para esta fecha ya se contaba con un contrato de obra (CONT-SDUOP-ADJ-EDIF-152-2012).
La propuesta de terreno presentada por parte de la procuraduría no fue aceptada, debido a que no cumplía los lineamientos urbanos y arquitectónicos del modelo propuesto por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
Posteriormente se buscaron más opciones: donde actualmente se encuentra el Archivo Histórico, o a un costado del Hospital Pediátrico, pero no se concretó la donación.
En el oficio número 01598, que salió del despacho del Procurador dirigido al secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Genaro García Castro, se señalan los compromisos a seguir, que son, emitir un decreto, llevar a cabo los convenios de colaboración interinstitucional, elaborar el proyecto ejecutivo para la construcción o remodelación, brindar capacitación al personal que laborará en el lugar, construir y posteriormente equipar todas las áreas del Centro de Justicia.

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