Los contratos de asociación público-privada (APP) se establecen entre un gobierno (federal, estatal o municipal) y una empresa o persona moral. En estos contratos la empresa contratista financia, construye y administra una obra y/o un servicio público durante el período especificado en el contrato, generalmente de 25 a 40 años. Estas obras son propiedad de la empresa contratista durante el tiempo de duración del contrato cuando eventualmente pueden ser trasferidas al gobierno. Es de señalar que el tiempo de duración del contrato suele corresponder al tiempo de vida útil de la obra, o sea que cuando se transfiere ya no tiene uso.
Como contraprestación, el gobierno efectúa un pago mensual al contratista durante el tiempo del contrato o, alternativamente, le cede al contratista los ingresos por el servicio prestado. En principio, este tipo de contrato puede hacerse para cualquier obra o servicio públicos, como carreteras, medios de transporte, hospitales, escuelas, universidades, procesamiento de basura, tratamiento y distribución de agua, cárceles, proyectos de investigación científica (sic), etcétera.
La esencia de estos contratos es que el gobierno trasfiere una responsabilidad pública a la empresa privada. Es una forma novedosa de privatización y al involucrar empresas y financiadores privados, supone que haya ganancias para ellas.
Los contratos de asociación publico-privada se inventaron para darle la vuelta a las reglas sobre el techo máximo de endeudamiento público o gubernamental, que en el Tratado de Maastricht de la Unión Europea se fijó en 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
La maniobra consiste en que el endeudamiento a través de los contratos APP no se registra como deuda pública ya que formalmente es una deuda del contratista que se paga y registra por el gobierno como gasto corriente. O sea, se trata de un mero arreglo contable, ya que el gobierno está obligado a pagarlo a plazos, pero a un costo mucho más alto.
¿Con qué argumentos se justifican las APP?
Los promotores de los contratos de APP, entre los cuales destacan el Banco Mundial e importantes despachos internacionales de asesoría financiera, esgrimen básicamente tres argumentos para usarlos.
El primero es que permiten acrecentar la obra e infraestructura pública y la prestación de servicios sociales. El segundo argumento es que se transfieren los riesgos que entraña una obra pública, por ejemplo retrasos en su terminación, defectos en la construcción, problemas laborales, etcétera, al contratista. O en una formulación más cuidadosa, es que se establece una repartición “justa” de riesgos entre el contratante y el gobierno. Por último se invoca que las empresas privadas son “como se sabe” más eficientes que el gobierno.
Aparte del alto costo de los hospitales APP, en México existe un sin número de irregularidades en el cumplimiento con los contratos y la aplicación de penalizaciones, algunos de ellos observados por la Auditoría Superior de la Federación, que siguen sin sanciones para funcionarios y empresas. Es un negocio jugoso para los asociados del gobierno federal y del Estado de México, como Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas; los Mariscal Servitje, y la empresa española Acciona.
En Sinaloa diversos organismos como COPARMEX, CMIC, AARC, Asociación Sinaloense de Universitarias, Iniciativa Sinaloa, Congreso Abierto Sinaloa, Iniciativa Sinaloa, Comisión de Derechos Humanos, Mexicanos Primero Sinaloa y personalidades de los ámbitos académico, cultural y periodístico, han hecho pública una opinión sobre la posible construcción de dos hospitales bajo el esquema del que se habla, demandando:
1.- Transparencia total sobre el proyecto en cuanto a impacto social y viabilidad financiera.
2.- Que el Proyecto Ejecutivo se abra a la ciudadanía y se suba al portal de transparencia del Gobierno del Estado y del Congreso Local.
3.- A los poderes Legislativo y Ejecutivo, la mayor responsabilidad y prudencia para cumplir con las necesidades de infraestructura de salud para Sinaloa, salvaguardando el patrimonio de los sinaloenses.
Entonces y sólo entonces, se estará satisfecho con un proyecto de esta envergadura financiera (casi 14 mil millones de pesos) que comprometería las finanzas estatales por los próximos 25 años de manera sensible.
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