Redacción/ Semanario ZETA
En el sexenio de Enrique Peña Nieto la violencia va en aumento. Un total de 41 mil 015 homicidios dolosos han ocurrido en el país, en tan solo 23 meses de la administración, documenta una investigación publicada por el Semanario ZETA.
Una de las estrategias de campaña del presidente Enrique Peña Nieto fue utilizar en su discurso que “en un año” se empezarían a ver resultados, misma promesa que continuaría los primeros meses de gobierno. Pero a pesar del optimismo que el Presidente muestra en algunas declaraciones con respecto a la baja en la incidencia delictiva, a dos años de su administración la violencia en el país no ha disminuido.
Según una investigación del Semanario ZETA, donde confrontó la información oficial del gobierno federal, fiscalías y procuradurías estatales con los registros “hemerográficos” de diversos periódicos en las entidades federativas, así como con información de asociaciones civiles que familiares de víctimas han creado, además de servicios periciales, servicios médicos forenses e institutos forenses locales, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2014 sucedieron en el país 41 mil 015 homicidios dolosos.
El gobierno federal en el mismo lapso de tiempo reporta solamente 33 mil 239 “averiguaciones previas” por homicidio doloso; la cifra de 41 mil 015 homicidios dolosos que documenta ZETA incluye las “ejecuciones”, los homicidios dolosos producto de narcomenudeo y los asesinatos intencionales cometidos con arma de fuego de alto calibre o con el tiro de gracia; evidentemente la cifra es superior a lo reportado de manera oficial.
Otra de las conclusiones a que se llegó con la investigación es que a diferencia del sexenio de Felipe Calderón, cuando Chihuahua concentró el primer lugar en homicidios dolosos con 16 mil 467 (equivalentes al 19.7 por ciento), en los primeros 23 meses de administración de Enrique Peña Nieto, el estado de México —gobernado por el priista Eruviel Ávila— es el más violento e inseguro con 5 mil 450, concentrando ya el 13 por ciento.
El corredor que conforman el estado de México, Guerrero, Jalisco y Michoacán concentran el 35 por ciento, con 14 mil 429 homicidios intencionales.
Durante los primeros 23 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, los cinco estados más violentos del país son: primer lugar, el estado de México con 5 mil 450 homicidios dolosos; segundo lugar, Guerrero con 3 mil 680; le sigue Chihuahua con 3 mil 357; Jalisco con 2 mil 650 y Michoacán con 2 mil 649.
Haciendo un comparativo con los primeros 23 meses del gobierno de Felipe Calderón, se registraron 21 mil 920 averiguaciones previas por homicidio doloso; en tanto que en los primeros 23 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra ascendió a 33 mil 186. El Semanario Zeta documentó en todo el sexenio de Calderón 83 mil 191 ejecuciones, mientras que en lo que va del gobierno de Peña ya lleva 41 mil 015 ejecuciones.
La búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, provocaron excavaciones en el estado de Guerrero, desenterrando cuerpos de los que no se sabía las identidades. En México es muy común que los muertos no sean identificados, por ejemplo en el sexenio de Calderón se reportaron 7 mil 059 averiguaciones previas de homicidios dolosos sin datos, personas de las que las autoridades ni siquiera supieron sus nombres.
Durante el gobierno de Peña Nieto, continúa la acumulación, un total de por lo menos 905 muertos sin nombre; en diciembre de 2012, el Secretariado Ejecutivo registro 29 “averiguaciones previas” de homicidios dolosos “sin datos”; 306 en 2013 y 570 en 10 meses de 2014.
Emilio Álvarez Icaza Longoria, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entrevistado por el semanario ZETA, habla sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa como un reflejo de lo que ocurre en el país en materia de seguridad.
“Ayotzinapa refleja un problema estructural de una magnitud muy grande. En Guerrero ya se había hablado de cientos de cuerpos que eran rescatados de las minas de Taxco, de cuerpos en fosas clandestina, lamentablemente esas expresiones no fueron atendidas y llegó al extremo de desaparecer a un conjunto de estudiantes” menciono Emilio Álvarez.
“Y una de las razones que pueden explicar el clamor internacional es de analizar ¿Qué habrán pensado quienes participaron en este delito, que desaparecer 43 estudiantes no iba a traer una consecuencia? Eso refleja un nivel de impunidad… en la dimensión de la corrupción, de extraordinaria preocupación”.
“Refleja de manera paradigmática por un lado el problema estructural de no actuación del estado mexicano para enfrentar un problema de esta magnitud, segundo, la debilidad institucional de los distintos niveles del estado en actuación de prevención, administración e impartición de justicia. Y tercero, una explosión de indignación y clamor de que no es aceptable bajo ninguna condición que en un régimen democrático se presenten desapariciones forzadas como se están viviendo”.
En cuanto a las políticas públicas, el Secretario de la CIDH considera que hay esfuerzos, como el de la Gendarmería que tienen que madurar; cree necesario avanzar en modelos de seguridad ciudadana de construcción de entendimiento que las instituciones de seguridad son parte de las instituciones de la democracia, “necesitamos tener controles democráticos de las instituciones, y eso tiene que ver con la ciudadanización”.
