mayo 16, 2021 10:36 PM

El Negocio de los Hospitales

congreso votando
En abril del 2011, la Diputada Graciela Domínguez Nava (LIX Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa) hacía una serie de reflexiones sobre los Contratos de Colaboración Públicos Privados (conocidos como los PPS), que en ese entonces, se volvían a discutir en el Congreso del Estado de Sinaloa.
Cuando Mario López Valdez (Malova) llega al gobierno del Estado de Sinaloa, retoma la iniciativa sobre los Contratos de Colaboración Público privados, presentándola en el Congreso del Estado en el mes de marzo de 2011.
Pocos diputados se oponen a esa iniciativa, una parte del PRD la aprueba a ojos cerrados, entregándose a los brazos de Malova. El diputado Javier Corvera Quevedo se opone a ella.
La iniciativa de Ley mandada por Mario López Valdez, no oculta su verdadero propósito: “Los Contratos de Colaboración Público Privada tienen como propósito que entidades privadas diseñen, construyan, financien y operen infraestructura para prestar, en forma integral, por un plazo acorde con la amortización de las inversiones o con los esquemas de financiamiento previstos, diversos servicios al sector público, incluyendo la disponibilidad de instalaciones”.
Algunos empresarios sinaloenses se alegraron con esta iniciativa privatizadora, pues no se dan cuenta que el diseño de los Contratos de Colaboración Públicos Privados están concebidos para los grandes inversionistas y el capital trasnacional; excluyendo por lo tanto al sector privado de pequeños y medianos capitales. Lo que significa que la mayoría de los empresarios de Sinaloa quedaban excluidos de estos proyectos.
Con los Contratos de Colaboración Públicos Privados, el Estado cede al sector privado los recursos públicos, multiplicando la pobreza al disminuir la capacidad presupuestaria para atender las necesidades de orden social. Propician el endeudamiento público a largo plazo embargando la iniciativa política del gobierno ante los intereses del Estado. Son un jugoso negocio para ciertos sectores del capital privado, los cuales evidentemente no vienen a hacer filantropía, sino a multiplicar su riqueza a expensas del dinero público, en este caso particular negocio para la familia Vázquez Raña, y algunos funcionarios del Gobierno del Estado.
La propuesta de construcción de los Hospitales Generales de Culiacán y Mazatlán ha puesto al orden del día el tema de este tipo de contratos. Diversos organismos y personalidades, entre las que destacan la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Asociación Sinaloense de Universitarias, Iniciativa Sinaloa, Congreso Abierto Sinaloa, Iniciativa Sinaloa, Comisión de Derechos Humanos, Mexicanos Primero Sinaloa y personalidades del ámbito de la academia, cultura y periodismo, han hecho pública una opinión sobre la posible construcción de estos hospitales, manifestando que:
1. No estamos de acuerdo con la manera en que se ha llevado a cabo el proceso en general.
2. Exigimos transparencia total sobre el proyecto en cuanto a impacto social y viabilidad financiera.
3. Demandamos que el Proyecto Ejecutivo se abra a la ciudadanía y se suba al portal de transparencia del Gobierno del Estado y del Congreso Local.
4. Pedimos a los poderes Legislativo y Ejecutivo mayor responsabilidad y prudencia para cumplir con las necesidades de infraestructura de salud para Sinaloa, salvaguardando el patrimonio de los sinaloenses.
Entonces y sólo entonces, podremos estar satisfechos con un proyecto de esta envergadura
financiera (casi 14 mil millones de pesos) que comprometería las finanzas estatales por los próximos 25 años de manera sensible.
Reiteramos nuestra exigencia a los Poderes Legislativo y Ejecutivo para que cumplan con su obligación de apertura y transparencia, tal como lo demanda la vida democrática de Sinaloa.
E-Mail: [email protected]
Twitter: @riosrojo

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