A cuatro días de la desaparición del exreportero de la fuente policíaca, Mario Alberto Ayón, sus familiares convocan a las organizaciones civiles y familias en una situación similar a conformar un bloque para exigir que se aplique la Ley sin distingos a quienes cometan el delito de desaparición forzada de personas.
“Convocamos a las organizaciones civiles y familias que se encuentren en nuestra misma situación para conformar un bloque para exigir a las autoridades de Sinaloa que se aplique la Ley sin distingos a quienes cometan el delito de privación ilegal de la libertad y/o desaparición forzada”, enfatizan.
A las 11:00 horas, de hoy, Mario Crespo, padre del desaparecido Mario Alberto Crespo Ayón, acompañado de su familia, leyó un comunicado para exigir a las autoridades estatales que investiguen sobre la desaparición de su familiar.
“El silencio no es la opción, nuestra sociedad no puede ni debe vivir condenada al miedo ¡ya basta!”, sostienen.
“Su desaparición ocurrida la tarde del miércoles nos ha puesto de cabeza y lo único que esperamos y deseamos es que aparezca sano y salvo, y que no se convierta en una estadística más del horrible clima de violencia que azota a nuestro país y estado desde hace mucho tiempo”, señalan.
“La impunidad de este tipo de casos es muy alta, porque en Sinaloa y en el resto del país no hay los mecanismos legales y jurídicos adecuados que garanticen que toda persona pueda ejercer el periodismo con total libertad”, indican.
“Y siempre tiene que ir a contracorriente, continúan, sobre todo en temas tan delicados como la violencia del crimen organizado y la corrupción”, puntualizan.
“Hoy, a cuatro días de su desaparición, demandamos a las autoridades estatales que investiguen el paradero de Mario Alberto, nosotros desconocemos quién o quiénes, por qué circunstancia, privaron de su libertad a nuestro hijo”, agregan. “
“No buscamos culpables, aclaran, queremos de vuelta y con vida a Mario Alberto, somos una familia agobiada por esta situación, porque vivir con la zozobra es terrible”.
“Al mismo tiempo, añaden, pedimos a los organismos defensores de los derechos humanos que sigan con puntualidad las investigaciones que inicie la Procuraduría General de Justicia del Estado sobre este caso, y que si detectan anomalías emita las recomendaciones pertinentes para que la autoridad ministerial reenfoque el curso de las indagatorias”.
