mayo 10, 2021 10:03 PM

Las diez de Peña ¿y todo sereno?

peña y desaparecidos
El pasado 27 de noviembre, en un acto celebrado en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer diez acciones en materia de justicia y seguridad pública. Algunas de ellas se presentarán el próximo lunes 1 de diciembre y otras serán analizadas a través de foros organizados por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
Las medidas anunciadas por el presidente Peña son:
Reformar el marco legal para impedir que el crimen organizado permee en los municipios. Propone disolver un ayuntamiento cuando existan indicios que demuestren que las autoridades están involucradas con el crimen organizado. Para Peña Nieto la ley contra la infiltración en las autoridades municipales será fundamental para reconstruir el Estado de derecho.
Redefinir las atribuciones de cada autoridad en el combate al delito. El presidente enviará una iniciativa de reforma para redefinir el sistema de competencias en materia penal entre la Federación y los estados.
Establecer la policía estatal única en cada entidad. El Ejecutivo enviará una iniciativa de ley el próximo lunes para la homologación de las policías en el nivel de profesionalización y tecnología. Se establecerán sanciones para quienes no acaten el mando único.
Fijar un solo número telefónico nacional para emergencias a nivel nacional.
Crear una clave única de identidad para todos los habitantes del país.
Realizar un operativo especial de seguridad en la región conocida como Tierra Caliente, empleando fuerzas federales también en los municipios de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas.
Redactar una serie de iniciativas de ley para mejorar la justicia cotidiana, con la idea de mejorar el acceso a la misma. En materia del nuevo sistema de justicia penal no habrá prórroga para cumplir con el mandato constitucional de implementar el sistema acusatorio oral.
Actualizar los instrumentos normativos para proteger los derechos humanos, especialmente en materia de prevención y combate a la tortura y desapariciones forzadas. Además, se expedirá el reglamento de la Ley General de Víctimas y se pondrá en funcionamiento el sistema de búsqueda de personas no localizadas.
Promover la elaboración de leyes de combate a la corrupción, que incluyan sanciones para contratistas y servidores públicos que evadan la ley.
Instruir a la Secretaría de la Función Pública para que desarrolle un portal de información sobre proveedores y contratistas de la administración pública federal.
El anuncio es muy importante y constituye una reacción del gobierno de la República frente a la inconformidad social galvanizada por los acontecimientos de Ayotzinapa.
El ejecutivo federal, que había mostrado desconcierto y lentitud en sus respuestas al reclamo popular, trata con estas acciones dar un golpe de mesa, reposicionarse y dejar de perder capital político. El tiempo dirá si lo logró.
Es indudable que innovar los instrumentos de combate a la corrupción, promover el desarrollo del sur de México o ampliar el esquema de protección a los derechos humanos, son acciones positivas y necesarias.
El propósito de mejorar, y el reconocimiento implícito de que México enfrenta problemas abrumadores en materia de seguridad y justicia, son un buen punto de partida para generar nuevas políticas públicas. Pero hay que analizar si los énfasis se pusieron en las aristas correctas.
Sería muy útil conocer el diagnóstico que llevó a concluir que la infiltración más nociva que tiene el crimen organizado es la que realiza en los municipios. Es evidente que Ayotzinapa reveló la podredumbre en algunos ayuntamientos de Guerrero, pero no sólo eso.
La falta de decisión de los gobiernos estatal y federal también alimentaron la tragedia. ¿Dónde están las medidas para prevenir y combatir la infiltración de los cárteles en estos niveles? ¿Se limitan a descongelar la iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción?
¿El esquema de policía única es viable en toda la República? ¿Son las policías municipales el centro de los problemas de seguridad? Si así fuera, eso significaría el fracaso de los ayuntamientos de todo el país, pero también de las autoridades estatales y sus programas y políticas de prevención del delito.
Y la federación no está exenta de responsabilidad. Después de todo es el Sistema Nacional de Seguridad Pública el que desde hace años está encargado de la profesionalización de las policías y asigna cuantiosos recursos para ello. ¿Qué es hasta ahora cuando cayeron en cuenta? ¿O ya no recuerdan que olvidaron a las policías municipales y limitaron su apoyo a los recursos SUBSEMUN que no llegan a todos los municipios del país.
¿Y el tema de la impunidad? ¿No va a haber acciones para combatirla? ¿No existe recomposición de las policías investigadoras? ¿No se apura a los gobernadores para que conformen sus fiscalías con total autonomía? Se avisa que no habrá prórroga para iniciar con los juicios orales pero se calla que la Federación está muy lejos de haber armonizado sus leyes con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Tampoco aparece la cuestión de la responsabilidad política por los temas de prevención y persecución del delito. Se habla de transformar las instituciones policiales pero no se propone nada respecto al cambio de las formas en las cuales, desde siempre, el poder político ha ejercido el control del aparato de seguridad.
Creo que la propuesta del presidente podría verse enriquecida si se incorporan mayores y más decididas acciones de justicia social. Los reclamos sociales se originaron en el ámbito penal pero hace tiempo que rebasaron esa frontera.
Es momento de repensar a México, no sólo a sus policías.

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