Abogada promueve amparo para suspender procedimiento expropiatorio y extracción de agua de la presa Picachos
“Si el Gobierno del Estado de Sinaloa y las autoridades federales no indemnizan conforme a derecho a los comuneros, la presa Picachos va a seguir siendo la única presa a nivel nacional que es propiedad privada”, advierte la abogada Alma Barraza Gómez, luego de promover un amparo indirecto ante juzgados federales, donde sus defendidos están pidiendo la suspensión del procedimiento expropiatorio si no hay una justa indemnización.
“Mientras que ellos no acepten el pago por la aceptación y la indemnización y quieran actuar conforme a derecho, estas tierras de San Marcos, de los comuneros, que tienen hoy por hoy, su posesión, jurídica, legal y material, jamás van a poder ser incorporadas por el Gobierno al patrimonio de la nación”, insistió Barraza Gómez.
En el amparo promovido por Barraza Gómez se invoca el artículo 901, del Código Civil Federal que a la letra dice: “el que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno que no es de su propiedad pierde lo edificado, lo plantado, o sembrado sin que tenga derecho a reclamar indemnización alguna al dueño del suelo, ni de retener la cosa”.
“Los comuneros son los dueños de los terrenos sobre los que está la presa Picachos, como queda acreditado perfectamente con los certificados parcelarios originales”, argumenta mostrándolos Barraza Gómez.
Contexto
El miércoles 11 de noviembre, el comunero Ramón Palacios Sánchez se negó a firmar la notificación con la solicitud del procedimiento de expropiación firmada por el exgobernador Jesús Aguilar Padilla, entregada por personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
A Ramón Palacios Sánchez se sumaron José Lizárraga Sandoval, Pablo Moreno Enciso y Nicolás Moreno Enciso, que renuentes a firmar las notificaciones ejercieron sus derechos y el sentido común campesino.
Para ellos estaba claro que el tema de la expropiación es como si alguien les quisiera comprar sus casas y firmar las notificaciones sería aceptar el procedimiento expropiatorio sin que les hayan pagado sus casas.
El razonamiento de los comuneros para no firmar las notificaciones era el siguiente: “esto sería como firmarte la escritura para entregarte mi casa y ahí me pagas cuando tú quieras y como tú quieras; después de que ya te metiste, me la aceptaste por ocho años, ahora después de ocho años, dices que quieres legalmente quedarte con mi casa, pero no me quieres pagar”.
El amparo
En ese contexto, en el primer punto del acto reclamado los campesinos afectados por la construcción de la presa Picachos esgrimen que el artículo 27 Constitucional establece claramente que toda expropiación es mediante indemnización.
“La Constitución Política es muy clara cuando dice que toda expropiación es mediante indemnización, por tanto, en resumen si no está hecha, es ilógico”, sostienen.
En el mismo acto reclamado en el amparo promovido el 26 de noviembre, los inconformes están solicitando al juez federal que se suspenda la explotación y/o extracción del agua en la presa Picachos, para el uso urbano del puerto.
“También le estamos solicitando en el mismo acto reclamado al juez que se suspenda la explotación y/o extracción del agua en la presa Picachos por parte del municipio de Mazatlán”, argumentan.
Asimismo, los comuneros piden al juez que Gerardo Vargas Landeros, en su calidad de presidente del Fideicomiso “Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa”, les regrese los certificados parcelarios 304 y 310, con los que se quedaron pretextando que el Gobierno del Estado los guardaría para que no se los llevara el agua con alguna inundación de la presa Picachos.
Informes
En el amparo indirecto turnado al Juzgado Décimo de Distrito, son citadas 12 autoridades, entre los que destaca el presidente municipal de Mazatlán, Carlos Felton González.
La abogada de los campesinos explica el por qué citan al alcalde: “estamos citando al Presidente de Mazatlán para que nos explique cómo y de qué manera él está explotando la presa si no es de él y si les está pagando o no les está pagando a los comuneros que son los verdaderos dueños de la presa.”
“Yo creo que ya es tiempo de que ajustemos cuentas y que tanto el gobernador como el alcalde nos den una rendición de cuentas ahora que quieren rendir informes, que nos hagan una rendición de cuentas a los ciudadanos”.
Por ejemplo: “cómo y de qué manera se están manejando los recursos públicos y cómo es que hasta la fecha a estos comuneros no se les ha pagado ningún centavo”.
E igualmente “cómo es que hasta la fecha Mario López Valdez, se quiere seguir escudando y se quiere seguir lavando las manos con una solicitud hecha por Jesús Aguilar Padilla desde 2010, a sabiendas de que Jesús Aguilar Padilla ya no tiene personalidad jurídica en el estado para promover expropiaciones”.
“Si logramos que el juez suspenda la extracción del agua de la presa Picachos para destinarla al uso urbano de Mazatlán, definitivamente creo que eso sería un buen punto de partida para que aterricen tanto el gobernador del estado como el subsecretario de Gobierno Jesús Antonio Marcial Liparoli”.
“Marcial Liparoli, agrega, es quien tiene cuatros años a cargo del procedimiento expropiatorio, pero él anda tan en campaña (“Donar es Ganar”) que no se ha dado cuenta que está haciendo las cosas mal, no sé quien los asesore y cómo es que pague además por asesoría”.
Barraza Gómez critica el hecho de que cada uno de los funcionarios estatales tenga cinco o diez asesores que son sus amigos para estarlos favoreciendo, mientras que jurídica y legalmente están actuando contrario a derecho.
“Si logramos que el juez suspenda la extracción del agua para el uso urbano de Mazatlán, luego que Marcial Liparoli no se duela y que no diga que nosotros estamos impidiendo el desarrollo y el crecimiento de la zona sur del estado de Sinaloa, cómo lo quiere hacer crecer con tanta arbitrariedad”, critica.
Hechos y fechas
-El 11 de octubre asesinan a Atilano Román Tirado, líder de los comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos.
-El 11 de noviembre, la SEDATU envía la notificación con una solicitud del procedimiento expropiatorio firmada por el exgobernador Jesús Aguilar Padilla, al comunero Ramón Palacios Sánchez, al pueblo de San Marcos y/o El Marqués.
-El 26 de noviembre, la abogada de los comuneros promueve amparo indirecto pidiendo al juez federal la suspensión del procedimiento expropiatorio y la extracción del agua de la presa Picachos, para el uso urbano de Mazatlán.
