La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) anunció por medio de su cuenta de twitter que los 11 detenidos tras la marcha del pasado 20 de noviembre fueron liberados el día de hoy.
Las once personas habían sido enviadas a cárceles federales acusadas de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio; los cargos les fueron absueltos.
De acuerdo a La Jornada,el juez ordenó su libertad por falta de elementos para procesarlos, “pues los que dio la Procuraduría General de la República no fueron suficientes”, informó la presidente de la ANAD, Karla Micheel Salas.
Francisco García Martínez,Hugo Bautista Hernández, Juan Daniel López Ávila, Roberto Jasso del Ángel, Luis Carlos Pichardo, Isaac Domínguez Ayala y el joven de origen chileno Laurence Maxwell, fueron trasladados al penal de Villa Aldama, en Veracruz.
Mientras que Tania Damián Rojas, Liliana Garduño y Hilary Analí González, fueron enviadas al penal de Tepic, Nayarit.
Uno de los abogados de los detenidos, David Peña, leyó el auto de formal libertad emitido por el juzgado 17 en Xalapa, la capital de Veracruz, en presencia de familiares y organizaciones civiles que llevaban toda la semana clamando por la inocencia de los activistas.
Peña dijo que la liberación será inmediata tanto para los ocho hombres recluidos en el penal de alta peligrosidad de Veracruz como para las tres mujeres que estaban en una cárcel de características similares.
Otra de las abogadas que lleva el caso, Mariana Gil, confirmó que los liberaron por falta de pruebas y anunció que interpondrán denuncias por tortura contra las autoridades correspondientes.
El extranjero tuvo en todo momento asistencia consular y José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Relaciones exteriores, viajó a Chile para entrevistarse con la familia.
Alejandro Jiménez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que acompaña a las familias de los detenidos, denunció hace una semana, cuando se supo de su traslado a penales de máxima seguridad, que las medidas tomadas eran excesivas y que el gobierno de México hizo un “uso político del sistema penal” con el fin de “criminalizar” las protestas ciudadanas. (Eje Central)
