“Un solo accidente puede acabar con todo”, aseveró Sandra Guido, al referirse al impacto que tendría en el agua y en las actividades que dependen de este recurso, el vertimiento de sustancias tóxicas provenientes de las minas asentadas en la sierra.
La directora ejecutiva de la asociación civil “Conselva, Costas y Comunidades”, indicó que “todas las actividades en el sur de Sinaloa requieren de agua limpia y los pobladores para su consumo humano, y tienen el derecho a contar con un recurso hídrico sano y libre para su uso”.
En entrevista con Ríodoce, explica que los desechos mineros tienen conexión con los ríos Pánuco, Baluarte y Presidio, y éstos representan la única fuente de abastecimiento para los municipios del sur, por lo que debe existir mayor vigilancia en todas las presas de jales de las minas activas localizadas en la zona.
Consideró que el gobierno debe valorar adecuadamente cual es el costo-beneficio de esta actividad en el estado de Sinaloa y detalló que “nadie duda que hay grandes inversiones, pero la generación de empleos es muy baja; de acuerdo al INEGI, entre el 2011 y 2012, en todo el país solamente se generaron 7 mil 648 empleos”.
Sandra Guido dijo que también hay que considerar el beneficio que recibe el estado en términos de captación de impuestos, pues hasta donde se sabe, las mineras están exentas de varios impuestos estatales.
Hay estados como Baja California Sur, advirtió, que se opuso de manera generalizada a la apertura de minas porque además de ser incompatible con la actividad turística y ganadera, vio riesgos en la actividad.
Un estudio realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad arrojó como resultado el riesgo de daños, porque se planteó que un accidente en la actividad minera puede echar a perder todo un destino turístico.
Por el rescate del sur
Hace un mes, el 16 de octubre, la empresa minera “Dos Señores” registró un derrame de 10 mil 800 toneladas de jales al arroyo Chupaderos que se encauza al río Pánuco; ante esta situación, Conselva presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), pero no ha prosperado, dijo.
“Ya tuvimos este derrame, además del de Durango en el Comedero, y nuestros cuerpos de agua están en riesgo, porque a diferencia del norte o el centro, ocurre un accidente y en menos de media hora —por la proximidad de la sierra— tenemos el problema en Escuinapa y en Mazatlán”, advirtió.
Dijo que las plantas de beneficio no están hechas para soportar las inclemencias del tiempo como un ciclón y asentó que “hay que recordar que en Sinaloa, dos de cada tres ciclones entran por la zona sur; entonces, si sabemos que estas son empresas que poco están reguladas por PROFEPA, sí tenemos que valorar de manera económica y en términos de empleos, qué nos conviene más”.
Por una auditoría ambiental de PROFEPA
Sugirió que lo mejor que podría hacer en estos momentos la PROFEPA es una auditoría ambiental porque les daría tranquilidad a los ciudadanos: “que se auditen las minas en Escuinapa, El Rosario, Concordia, Mazatlán y San Ignacio”.
Con esta medida, consideró, habría claridad de cómo están trabajando, y las que no lo hacen dentro de norma, corrijan y operen correctamente, y que la información que se genere sea dada a conocer a la población.
“Este es el paso inmediato que debe dar PROFEPA para asegurarle a los ciudadanos de los cinco municipios que estamos en el sur de Sinaloa, que está tomando cartas en el asunto y presentar los resultados”, reiteró.
El segundo paso sería que exista un monitoreo permanente del agua, algo como un Sistema de alerta temprana.
Desde hace 14 años Conselva visita las comunidades serranas de Concordia y ha dado cuenta de la preocupación que la actividad despierta entre la gente por la temporada de lluvias y el escurrimiento de desechos mineros que contaminan el agua.
Incluso, agregó, cuatro ejidos presentaron una denuncia colectiva y luego en lo particular, para que la PROFEPA inspeccionara, pero no ha prosperado la petición de las autoridades locales de El Habal, Los Ciruelos, Palos Blancos (El Rosario) y La Guásima.
La afectación inmediata que manifiesta la gente, agregó, es la cutánea; los niños presentan ronchas e irritación en la piel a causa del contacto con el agua, es una práctica recurrente registrada cada año, aquí tengo las denuncias que han hecho, pero no ocurre nada”.
Antecedentes
El siete de abril del 2014 el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó, de manera condicionada, el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) en su modalidad de particular, a la empresa “Dos Señores”.
En el MIA se detalla que la empresa pretende construir una presa para el depósito de 256 mil toneladas de jales al año, con una inversión de 46 millones 650 mil 250 pesos, pero antes del trámite de rigor, la empresa ya la había construido sin autorización, por lo que la PROFEPA la sancionó y regularizó el 24 de septiembre del 2103.
En las condicionantes que estableció la delegación de SEMARNAT a la empresa, está que deberá cumplir con todas y cada una de las medidas de control, prevención y mitigación que propuso en la MIA.
Está obligado a obtener la autorización para realizar el cambio de uso de suelo de terrenos forestales, y la Semarnat a dar seguimiento al cumplimiento de la empresa.
Impactos sociales de los proyectos mineros por etapas
Planificación y exploración:
Tensión en la comunidad, división de la gente, promesas falsas
Desarrollo y Explotación de la mina:
Competencia por los recursos, migración de personas, más demanda de servicios, desplazamiento humano, desigualdad económica, abusos contra los derechos humanos, pérdida de prácticas culturales, ruido y polución, impactos sobre la salud pública
Después del cierre:
Desempleo, infraestructura abandonada, contaminación a largo plazo
(Estudio de Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), integrado por 70 países).
