Víctor Antonio Corrales Burgueño, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa durante el periodo 2009-2013, dejó repentinamente el silencio que había mantenido durante los primeros años de su gestión en la casa rosalina, para poner sobre la mesa de la opinión pública un tema espinoso e incómodo especialmente para una institución educativa: la de sus muertes por violencia.
En ese entonces, los crímenes contra miembros de la comunidad se acumulaban hasta alcanzar impúdicamente decenas de expedientes empolvados que no le quitan el sueño a la burocracia judicial. Son casi nueve por año que se sumaban al cerro de casos irresueltos en un estado donde cada año son asesinados más de 1 mil 500 personas y con un alto grado de impunidad.
Y la autoridad ya hasta tiene un libreto para responder a las exigencias de justicia: “Vamos a investigar y daremos con los culpables”, “se integrara un grupo especial para hacer la investigación y dar con los culpables”, etc., etc.
¿Qué provocó que Corrales Burgueño decidiera dar el paso y exponer un asunto políticamente incorrecto incluso, que luego lo refrendaría cuándo el número de decesos se incrementó? Hay varias posibilidades de explicación.
Para quien escribe, la gota que derramó el vaso fue el asesinato del profesor de literatura Álvaro Antonio Rendón Moreno el 25 de abril de 2011, un académico muy apreciado y querido por su don de gente e intelectualmente sobrio y discreto, a quien el rector seguramente lo tenía entre sus amigos.
El Rector de la UAS en aquella ocasión trágica, con el dolor a flor de piel habló contundente y trasmitió el sentir de la comunidad universitaria: “Es una situación que deja una sensación de frustración porque no se encuentra eco en ningún lado con respecto a los más de 40 casos de todas las universitarias y universitarios que han sido asesinados o desaparecidos de 2007 a la fecha”.
No se quedó ahí, tomó la decisión de llevar los expedientes judiciales de cada uno de ellos al Secretario de Gobernación, al Subsecretario de Seguridad Pública, al Subsecretario de Educación Pública y al Gobernador de Sinaloa y éstos los recibieron ofreciendo trabajar para el esclarecimiento de cada una de ellas.
Nada ocurriría más allá de las consabidas promesas de que se abriría una investigación hasta esclarecer todas esas muertes. Que lo sentían mucho. Y que darían con los culpables.
Un año después ocurrió otro caso igualmente significativo que estremecería a la comunidad universitaria. El biólogo Raúl Carvajal Valdés, profesor de la Facultad de Informática y Ciencias del Mar en Mazatlán, sería asesinado en su domicilio sin que se conociera la identidad del culpable.
Nuevamente el entonces rector Corrales Burgueño puso la denuncia correspondiente y recordó ante los medios que 30 académicos de la institución habían perdido la vida en condiciones similares de violencia entre 2007 y aquel año cuando en el país se preparaban para ir a votar. No pasó nada, salvo las notas periodísticas que luego serían sepultadas por otras de igual o de mayor calibre o la conflictiva poselectoral.
Un mes después, el 26 de mayo de 2012, la profesora Perla Lizbeth Vega Medina es asesinada en su domicilio y se detuvo a su novio bajo la acusación de ser el culpable.
Otra vez, el ex rector Corrales Burgueño salió a los medios para exigir justicia y encontrar el ofrecimiento hueco de los servicios de seguridad pública.
Finalmente, por mencionar solo los casos más mediáticos, pero no por ello los más escalofriantes y tristes, el 2 de julio del mismo año cae asesinado en Culiacán Jesús Alfredo Cuén Ojeda, universitario que participaba en la campaña electoral de su hermano el ex rector Héctor Melesio, quien era candidato de fórmula por el Panal al Senado de la República.
La misma historia. Desde entonces no se han conocido nuevos ataques contra universitarios con gran visibilidad pública, pero la deuda contraída debería seguir en pie en la UAS que hoy, se moviliza por los muertos de Iguala y los 43 normalistas desaparecidos desde hace más de 40 días.
No se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa.
Sorprende que el rector Guerra Liera, se manifieste conmovido por lo sucedido en Guerrero, pero no de una sola mención sobre los casi cincuenta universitarios que ya no imparten cursos o no están en las tomas de lista.
Hoy es una inmejorable ocasión, para recordarlos y mantener la exigencia de justicia y contra el olvido, como lo hizo Corrales Buergueño.
