“México no es un país de leyes; si fuera un país de leyes no estaríamos ante estos problemas. No se respeta la ley, es un estado de derecho de papel”, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Right Watch (HRW), y agregó que México se encuentra sumido en una profunda crisis de derechos humanos por la cantidad de víctimas coloca al país como los casos más graves del hemisferio.
Acusó a las autoridades de no reaccionar adecuadamente y tratar de minimizar la desaparición de los 43 estudiantes, el pasado 26 de septiembre; y el asesinato de 22 civiles, el 30 de junio de 2014, señalando que eran situaciones que se debían resolver en el ámbito local. Señaló que no se conoce otra situación similar más que la de Tlatelolco en 1968, donde era común la desaparición masiva de personas y la falta de rendición de cuentas de las autoridades.
Sabemos que las máximas autoridades del gobierno de Guerrero fueron informadas en tiempo real, al momento de producirse el incidente, el homicidio y el secuestro de los estudiantes y no hicieron nada
Explicó que México se ha convertido en una prioridad para la organización debido a que la situación de los derechos humanos es crítica, y que esa crisis se acentuó desde el gobierno de Felipe Calderón. Uno de los efectos de la “guerra contra las drogas”, es que dejó “miles de ejecuciones, miles de desapariciones, miles de personas torturadas y otras violaciones o atrocidades cometidas por mafiosos, integrantes de los carteles como por agentes del estado incluyendo el ejército, la marina y las tres policías: federal, estatal y municipal”, acusó Vivanco.
Las investigaciones de HRW concluyeron en que el caso Tlatlaya e Iguala constituyen uno de los casos más graves registrados en la historia contemporánea de México y de América Latina en los últimos años. Tlatlaya es considerado como un crimen de Estado, porque fue una masacre cometida por agentes del Ejército, donde torturaron y ejecutaron a civiles desarmados, esto sumado al encubrimiento de casi tres meses por parte de autoridades civiles y militares del país.
El caso Iguala es un caso de gravedad extrema, agregó, porque se trata de una desaparición forzada “cometida en tiempo real, a la vista y paciencia de todos, de todo el país, de la comunidad internacional y de las autoridades, estatales y federales”. Señaló que no se conoce una situación similar más que la de Tlatelolco, a finales de los años 60, donde era común la desaparición masiva de personas y la falta de rendición de cuentas.
CASO IGUALA
Con respecto a la desaparición de los 43 estudiantes, Human Rights Watch señaló que hubo una falta de reacción inmediata por parte de las autoridades locales y federales. “Sabemos que las máximas autoridades del gobierno de Guerrero fueron informadas en tiempo real, al momento de producirse el incidente, el homicidio y el secuestro de los estudiantes y no hicieron nada” señaló Vivanco.
Criticó que la reacción del presidente Enrique Peña Nieto fuera cuatro días después y la de la Procuraduría General de la República (PGR), 10 días más tarde; comentó que una reacción tardía incrementa la ineficacia por parte de los órganos del estado para salvar las vidas de estos estudiantes, ya que las primeras horas son clave para desarticular e impedir un crimen de este tipo. “Como Presidente de la República tiene la obligación de disponer de todos los medios y recursos para lograr interrumpir una desaparición de esta magnitud”, resaltó.
Explicó que el eslogan del actual gobierno en materia de derechos humanos, específicamente de desapariciones forzadas, no es el que se haya comprometido a hacer justicia por los 25 mil desaparecidos, sino su prioridad es buscar y encontrar con vida a personas no localizadas. “Al actual gobierno el tema de derechos humanos y de seguridad pública no es una prioridad principal, son temas tóxicos que dañan o perjudican la percepción e imagen del gobierno y las posibilidades de atraer turismo e inversiones, que podrían ser las prioridades más importantes”, pronunció.
Una de las explicaciones es que la impunidad del país, consiste en que cuando gente del estado comete atrocidades, esos hechos no son objeto de investigaciones rigurosas, donde se castiga a todos los involucrados. Vivanco afirmó que no existe ningún caso en México de condenas por desaparición forzada de 2006 a la fecha, “eso da a entender que esos policías tenían licencia para matar y secuestrar sin dar cuentas a nadie”.
TLATLAYA: MASACRE DE ESTADO
Con respecto al asesinato Vivanco afirmó que se ven dos crímenes: la masacre y el encubrimiento. El teniente fue responsable de ocultar el delito, y fue capaz para engañar a todo un país, al Secretario de Defensa, al procurador del estado y al mismo gobernador, porque avalaron el comunicado. “Nosotros creemos que es difícil creer que no hay mandos superiores en la comisión de estos hechos”.
Vivanco afirmó que en este caso también se muestra una actitud pasiva por parte de la PGR, esta dependencia atrajo el caso hasta el 23 de septiembre cuando el asesinato de las 22 personas ocurrió el 30 de junio. Reconoció que hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos declara que hubo hechos de violaciones más graves de lo que se conocían.
Dijo que México es uno de los países donde se resuelven muchos crímenes sobre la base de la “confesión” de los presuntos delincuentes. La pobreza en la capacidad de investigación penal es sorprendente para lo que representa el país, lo que provoca que exista alta desconfianza de los mexicanos para las autoridades. (Eje Central)