Iguala, 5 de noviembre (El Sur/SinEmbargo).- El ex Edil de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, obtuvo un amparo que impidió a policías federales que lo detuvieran en un acto político de campaña por la Alcaldía en abril de 2012.
Desde abril de 2012, de acuerdo con fuentes oficiales, había una orden de aprehensión contra él por delitos de evasión fiscal, cuando andaba ya en su campaña electoral, por lo cual solicitó un amparo.
Una copia de la solicitud de amparo de Abarca indica que desde el 23 de abril de 2012, cuando Abarca se postulaba como candidato a la Alcaldía de Iguala por el PRD, ya era perseguido por las autoridades federales.
En el documento se describe que el 20 de abril de 2012 ocho efectivos federales intentaron ejecutar la orden de aprehensión:
“Encontrándome en un acto público político masivo, dadas las próximas elecciones municipales en el municipio de Iguala (sic), Guerrero, el día 20 de abril del año en curso (2012), aproximadamente a las 11 horas, se presentaron ocho personas, tres mujeres y cinco hombres, quienes dijeron ser agentes de la Policía Federal con residencia en esta ciudad de Iguala, sin identificarse ni mostrar orden escrita alguna, dijeron, a los compañeros que participaban en el acto público, que traían orden de detenerme para presentarme ante el Ministerio Público federal de Iguala”.
Según el documento, dada la naturaleza del acto público y la oposición de los concurrentes, “los policías se quedaron a los alrededores, pero con una actitud de realizar la detención, por lo cual me dirigí a la casa de una conocida, sita en el número 15-bis de la calle Jacarandas de la colonia La Floresta, código postal 40090, de esta ciudad, donde, fuera del lugar se han apostado personas por demás significativas del carácter de policías, por lo que me encuentro en peligro de perder mi libertad, de la que siempre he gozado”.
La suspensión provisional se solicitó ante el juzgado noveno de distrito con sede en esta ciudad en contra en contra de la Procuraduría General de la República (PGR), la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, el director general de investigación policial de la PGR, el director general de control de averiguaciones previas, el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), el delegado y el subdelegado de la PGR en Guerrero, el titular de la jefatura regional de la AFI, el Agente del Ministerio público Federal y el comandante de la Agencia Federal de Investigaciones con residencia en Iguala. El objetivo era evitar cualquier orden de presentación, ejecución de orden de aprehensión o arraigo.
“Por medio del presente escrito vengo a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos de las autoridades que se señalan como responsables”, se lee en el oficio.
Este no fue el único amparo que el ex alcalde solicitó a las autoridades federales. A mediados de junio de 2013 Abarca, su esposa Ángeles Pineda Villa y el ex secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez (aún prófugo) se habían amparado ante el juzgado noveno de distrito con sede en Iguala, señalados por la desaparición y asesinato del dirigente de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.
