Como muchos policías que usan capucha, hasta el último minuto todo el gobierno se guardó bajo un pasamontañas la situación de los 4 mil 87 policías (de todas las corporaciones) que debieron ser separados del cargo a mas tardar el último día de octubre del 2014 por resultar no aptos en la evaluación de control y confianza.
Durante la última semana del mes, el gobernador Mario López Valdez se pasó buscando ante el gobierno federal una salida distinta a la contemplada desde hace más de cinco años y diez meses en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), para el 45 por ciento de los elementos no aptos, que ubican a Sinaloa con el segundo porcentaje más alto de reprobados en el país.
Pero nada logró el gobernador, y así se los notificó a los Alcaldes este viernes en una prolongada reunión privada. El ultimátum es claro: todos los miembros de las corporaciones de seguridad que resultaron en el examen como no aptos, serán despedidos. Sin embargo, aun estarían esperando alguna ruta que se marque desde la Secretaría de Gobernación, para ofrecerles opciones a algunos de esos elementos.
Un par de fuentes que estuvieron en la reunión, dijeron que salvo esa conclusión de que se cumplirá con el artículo Tercero transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aun quedan muchos huecos. Por ejemplo, cómo será la operación de los despidos, qué prevenciones operativas se tomarán al interior de cada corporación, y cómo se obtendrán los recursos para indemnizar a los despedidos.
Pero como nada se detiene, mientras López Valdez buscaba una salida que se veía más política que legal, cientos de policías ya optaron por el amparo ante un juez federal, e iniciaron a la par procedimientos ante el tribunal de lo contencioso.
Los alcaldes, mientras tanto, llevan meses dando señales encontradas. Están quienes aseguran que van a correr a los policías con faltas graves —sin especificar cuáles consideran ellos graves—, otro grupo de presidentes municipales defenderá a los policías porque desconfía del examen, y otros más esperarán la posibilidad de una segunda evaluación. Ninguna de esas rutas está contemplada en la ley.
Pero en la reunión del último día de octubre, el gobernador López Valdez unificó criterios con los alcaldes, y por eso el ultimátum de que todos los policías que no pasaron el examen serán despedidos.
Prórrogas han tenido los gobernadores y alcaldes. Vía decreto se ha reformado en dos ocasiones el artículo Tercero transitorio de la ley del SNSP, donde se contempla la obligación de que sean “separados del servicio” aquellos integrantes de las instituciones de seguridad pública que no obtengan “la certificación por parte de los centros de evaluación y confianza”. Primero, debía ser en octubre del 2013, y luego se cambió a octubre del 2014, que es el plazo que de nuevo se cumplió y los elementos policiacos no han sido separados de su cargo como contempla la ley. Incluso, todos están en funciones en este momento y recibiendo el salario correspondiente.
Los Alcaldes y el gobierno estatal parecían esperar un milagro de último minuto y mantener a sus policías, aun en contra de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Desde la última reforma al plazo no se realizó una sola acción para empezar con los despidos o prevenirse presupuestalmente para el pago de indemnizaciones. Así llegaron al fatídico último de octubre.
Desorden administrativo
Para el abogado Ricardo Arnulfo Mendoza, que lleva el caso de más de un centenar de elementos y que obtuvo una suspensión por parte de un juez federal para ellos, la evaluación de control y confianza es ya un fracaso completo dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No se puede entender de otra forma, dice, si ninguna autoridad tomaba medidas para resolver el asunto, pese a la cercanía de los plazos.
Casi en el mismo sentido, la activista María Elena Morera, presidenta de la organización ciudadana Causa en Común, concluye que visto el tema “para lo único que ha servido el examen es para saber que son ineptos pero no para solucionar las cosas.” Y llega a tal punto la gravedad, agrega, “porque entonces en dónde dejamos a los que sí son aptos, a los que sí se han preparado, a los que se han portado bien. Porque yo, por ejemplo, si estoy trabajando de policía, y pasé el examen, pero sé que mi compañero no lo pasó, en qué riesgo estoy yo.”
Morera fue obligada a encabezar la causa de la seguridad pública, después de que su esposo fue secuestrado en el año 2000. Hoy, Causa en Común mantiene permanentemente diversas investigaciones sobre el tema y le ha dado una importancia sustantiva a la evaluación, y concluye: “quienes no pasaron el control de confianza porque se presume que tienen vínculos con el crimen organizado tienen que salir de la corporación inmediatamente. Quienes no aprobaron por otras causas, como porque no sean aptos para manejar un arma, para manejar el estrés o que tengan problemas médicos, etcétera, esos pueden ser cambiados de área. El problema es que en muchas instituciones lo dejaron hasta el final. Hoy no tienen claro, cuántos de estos policías no aprobaron por vínculos con el crimen organizado.”
Ricardo Arnulfo Mendoza tiene varios casos de policías que según el examen del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, están relacionados con la delincuencia. Pero ni esa conclusión del centro valuador es confiable, asegura. Uno de esos oficios entregados a los policías, escuetamente concluye: “Destacando indicadores que a la fecha señalan trabajar para la delincuencia organizada; conjuntamente revela proclividad en la disminución de sus impulsos físicos y verbales.” Con esos tres renglones, en una solitaria hoja, se le notificó al agente policiaco que era no apto. Eso, dice el abogado, no se sostiene en ningún juicio. No hay pruebas del vínculo del agente con la delincuencia, no se notificó a ninguna autoridad sobre el hallazgo, y desde el 2011 en que se realizó la evaluación hasta octubre del 2014, el agente continuó —y continúa— en funciones.
Mendoza logró tener acceso a algunas de las evaluaciones, vía aleatoria, e igualmente no sustentan los hallazgos que según la conclusión vuelven no apto al agente. Por ejemplo, agrega, están los casos de quienes resultaron positivos en el examen toxicológico, pero no están acompañados de una prueba química, sino basados en una respuesta errónea del evaluado.
Ley Calderón
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promulgada el 2 de enero del 2009 y donde entre otros puntos se contemplaba la depuración de las corporaciones civiles del país vía evaluaciones de control y confianza, tiene varios antecedentes: principalmente el Acuerdo Nacional por la Seguridad, suscrito un año antes, en 2008, y por el otro, la escalada violenta en el país junto con la guerra contra el narco declarada por el presidente Felipe Calderón.
Convertido en tema prioritario de la segunda presidencia panista, se insistía constantemente: “Queremos que la sociedad tenga la certeza de que los elementos que integran los cuerpos policiacos en el país sirven a los ciudadanos y no a los delincuentes”, diría Calderón en cada foro.
Ya vigente la ley, en octubre del 2010, Calderón se reunió de nuevo con los gobernadores —en funciones y electos—, entre ellos Mario López Valdez a unos meses de asumir el gobierno. Ahí firmaron el Acuerdo Chihuahua, y de nueva cuenta todos los mandatarios se comprometían con los plazos para la Evaluación de Control y Confianza. Malova, al firmar el Acuerdo, le dijo al Presidente que en tres meses solicitaría la certificación del órgano valuador estatal. Y así fue, Sinaloa contaba y cuenta con un centro de evaluación, y posteriormente en 2013, obtuvo la recertificación. Pero a la vuelta de los meses, los exámenes del centro certificado son puestos en entredicho.
La organización Causa en Común realizó quizás la única encuesta entre policías del país, incluyendo los de Sinaloa, sobre la evaluación: La mayoría de ellos, un 85 por ciento, dijo que desconocía los resultados de su examen. También la gran mayoría, un 31.3 por ciento, aseguró que de las cinco pruebas, la más difícil fue la poligráfica —las otras cuatro apenas si fueron mencionadas—. Ahí mismo, el 68 por ciento de los policías dijo que no aceptaría un trabajo diferente aunque el salario fuera igual.
Antes, un informe del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) publicado en 2010, resaltaba los alcances de “la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (que) posibilitan una profunda reforma en la totalidad de los cuerpos policiales mexicanos, la cual podría transformarlos en instituciones altamente profesionales, eficaces y confiables.”
El mismo informe enumeraba las “condiciones indispensables” para “hacer realidad un fin de tal magnitud y trascendencia… a) la instauración de una auténtica carrera de formación policial, b) el otorgamiento de salario y prestaciones laborales adecuados, c) la dotación a los agentes policiacos de todos los recursos materiales y tecnológicos apropiados y suficientes, d) la coordinación eficaz y ágil entre los diversos cuerpos policiales, e) la instauración de mecanismos estrictos y eficaces de vigilancia y control de la conducta de los policías, y f) el fortalecimiento de los vínculos entre los cuerpos policiales y la comunidad.”
Para concluir que “los grandes aciertos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de regulación de la actividad policial pueden verse severamente disminuidos, y aun anulados, sin la intervención de un organismo eficaz y eficiente que vigile y controle a los cuerpos policiales y establezca con ellos una comunicación pertinente.”
Cuatro años después, y con el PRI de nuevo en la presidencia, las muestras de que no se cumplieran los alcances de la entonces nueva ley, de reventar la propuesta del Presidente Calderón, vienen del propio estado.
Vuelta a empezar
Concluido el plazo para la separación de los policías no aptos, solo cuatro estados del país cuentan con el certificado de sus policías, según la información de María Elena Morera, y entre esos estados no figura Sinaloa. Es decir, el resto del país está todavía realizando trámites aun cuando el plazo marcado en la ley venció.
Pero el despido no será fácil ni terso, asegura el abogado Ricardo Arnulfo Mendoza. Y además podría tardar años, una vez obtenidos los amparos federales. “Todo se detiene, y todo apenas empieza”, dice. Primero, tendrán que comprobar “las causas que les están imputando” en las evaluaciones. “Se ve lejos, si le van a dar para adelante, cuando puedan despedirlos. Tienen que permitirles que se defiendan, y la sanción sería cuando termine el procedimiento. No es automático el despido, tendrá que ser previo juicio.
- Autor | Andrés Villarreal
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