Ellos no dejan de luchar para llevar a juicio a la ex dirigente del comisariado ejidal de Jiquilpan, Gloria Manuela Valdez Rodríguez, considerando que utilizó el cargo para apropiarse de parcelas indebidamente. Son los hijos de ejidatarios de Jiquilpan, cuyos padres fueron depurados del padrón campesino en una asamblea amañada, y predispuesta para enajenar las tierras de uso común, así como excedentes, y finalmente despojarlos de las indemnizaciones y ventas por más de mil millones de pesos.
Ahora, ellos recurrirán a la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir el inicio de actas circunstanciadas de hechos irregulares cometidos por Valdez Rodríguez, como lo es la venta de terrenos y su propio ascenso al ejido para después convertirse en potentada agraria.
En todos los casos, el cómplice fue Daniel Biul Ruelas, ex comisariado ejidal, señalan casi medio centenar de residentes y ex avecindados en el ejido Jiquilpan.
De acuerdo con la asamblea de hijos de campesinos promovida por Daniel Humberto Ibarra Rodríguez, María Isabel Soto Valdez, Fernando Quevedo Chávez, Inocente Urías López, Jesús Alberto Flores González, y Víctor Airola Hernández, ex comisariado ejidal, y seguidores, los problemas mayores de la comunidad, que ya fue tragada por la ciudad, comenzaron el 28 de enero del 2001 cuando Daniel Biul Ruelas manipuló la asamblea para elevar a la condición de ejidataria a Gloria Manuela Valdez Rodríguez, entonces secretaria en las oficinas del comisariado ejidal, sin cumplir los requisitos de ley y quien después revelaría sus intenciones aviesas para amasar fortuna a costa de disfrazar despojos del patrimonio de campesinos solos, sin familia.
Con copia de las actas de entonces en mano, los denunciantes afirmaron que Biul Ruelas sacó el acuerdo de reconocer como avecindada y ejidataria a Gloria Manuel Valdez Ruiz, sin tener tierra y ningún certificado agrario que la avalara, y, con la aprobación de casi del 41 por ciento del padrón.
Siete meses después de aquella asamblea fraudulenta, Valdez Ruiz tendría documentos oficiales. El 3 de septiembre del 2001 habría obtenido la solicitud 4095 del Registro Agrario Nacional con el que inscribía como suya la parcela 158 Z4 P2/2, obteniendo el certificado agrario 159655. La ahora ejidataria validó así un contrato que presuntamente firmó Cirilo Valdez el 23 de febrero del 2001, por la venta en 20 mil pesos de casi una hectárea de terreno. “El problema de la compra, es que los rasgos de las firmas de Cirilo estampadas en su credencial de elector y el contrato no coinciden. Cirilo era analfabeta y no tenía sucesores. Nadie podía reclamar un fraude”, precisa Daniel Humberto Ibarra Rodríguez.
El 4 de junio del 2003, Valdez Ruiz repetiría la misma operación de enajenación de derechos parcelarios, con una persona en iguales condiciones a Cirilo, es decir, soltera y sin hijos para que no reclamasen el derecho de tanto. Se trata de Miguel Olivas Ayala, quien el 17 de septiembre había contratado vender su parcela en 200 mil pesos. Esta vez, ella obtiene el certificado parcelario 178381.
El 15 de abril del 2010, la nueva ejidataria consuma otra compra de parcela. Esta vez paga 800 mil pesos a María Rosalva Millán Díaz por la venta de la parcela 334 Z7 P2/2, y cuyos hijos no ejercen el derecho del tanto. La ex comisariada ejidal obtiene el certificado agrario 239693. La compra la había contratado el 11 de septiembre del 2008.
Para los denunciantes, las acciones de la que se decía representar a los ejidatarios de Jiquilpan son ruines, porque se aprovechó de las condiciones de enfermedad de sus clientes.
Esas mismas acciones las repitió Valdez Ruiz en innumerables ocasiones, pero ahora bajo una nueva careta, la de corredora inmobiliaria a favor de terceros. Así, vendió lotes completos y engañó con irrisorias cantidades a sus representados, embolsándose la mayor cantidad, afirmaron los promoventes de juicios agrarios.
Ibarra Rodríguez comentó que hasta ahora, los juicios agrarios van sumándose, en favor de los demandantes. En tanto que las demandadas, Gloria Manuela Valdez Ruiz y Gloria Alicia Ruiz Pérez no han podido responder a las imputaciones. Incluso, éstas, como autoridades ejidales, han abandonado las audiencias de conciliación y alegatos, perdiendo el derecho a ofrecer pruebas de descargo.
El grupo de inconformes señaló que no tendrán ningún impedimento, ni legal, ni de fuerza mayor, para no concluir con los procedimientos agrarios, de amparo y ahora penales iniciados.
Incluso podrían recurrir a la Secretaría de Gobernación para que sacuda la corrupción que se anidó en el comisariado ejidal de Jiquilpan.
“Muchos de los funcionarios que favorecieron las compras fraudulentas de parcelas ya no están, pero las actuaciones irregulares obran en los expedientes”, señaló Ibarra.