Estamos en la semana de la transparencia y rendición de cuentas en Sinaloa que impulsan el gobierno del estado y los municipios. Como en las anteriores, se aprovechan las fechas para realizar eventos de lucimiento y cuentas alegres sobre la situación del estado en esta materia. Pero la realidad, que es terca, se impone.
Ya ha quedado claro que en Sinaloa las buenas reformas vienen de fuera. Sin el impulso decidido o la franca imposición de los poderes
federales, éstas tardan mucho o de plano nunca llegan. La transparencia y la rendición de cuentas no escapan a esta inercia conservadora.
A pesar de que la semana aludida estaba próxima, los mandamases del Congreso local no se atrevieron a enriquecerla con la faltante declaratoria de reforma constitucional que hace rato debió regresar de los ayuntamientos debidamente avalada, para ser incorporada a la constitucionalidad estatal. El dictamen correspondiente, casi forzado por el legislador federal, fue aprobado desde el 30 de julio pasado, enviándose de inmediato a los municipios.
Siguiendo la reforma federal sobre el mismo tema, la reforma sinaloense retoma un principio que es repudiado por el priísmo: la mayoría calificada. Hasta ahora los comisionados del órgano estatal garante del acceso a la información pública han sido designados, a propuesta del Gobernador y a contrapelo de la mayoría de los estados mexicanos, por la mayoría absoluta de los diputados locales, que casi siempre reúne el priísmo. En la 59 legislatura se había logrado en comisiones adoptar el democrático principio, pero en el pleno del Congreso la mayoría se echó para atrás, quedando vigente el viejo sistema de elección de los comisionados.
La reforma constitucional federal asumió el nuevo mecanismo, por lo que se convirtió en un referente obligado para los estados que, como Sinaloa, todavía no lo tenían. Tal vez esto explique la injustificada demora en la declaratoria o determinación correspondiente. No sería primera vez que una reforma que ya ha cumplido todos los requisitos para ser declarada parte de la constitución estatal es congelada.
Otra hipótesis podría recaer en una inercia legislativa que no ha podido romperse porque el Congreso sinaloense siempre ha estado controlado por el mismo partido político. Ahí no se conoce la alternancia más que en la cúspide de sus órganos de gobierno y no se ha traducido en mejora alguna para el desempeño legislativo de las últimas dos legislaturas.
Sin embargo, ya hay visos de que esto puede cambiar, no porque la mayoría que gobierna el Congreso se haya convertido al reformismo o se haya modernizado, sino por el accionar del poder judicial, que empieza a constituirse en un nuevo acicate para la actualización legislativa de Sinaloa. Aunque todavía se trata de una posibilidad, a pesar de que ya hay una sentencia del tribunal estatal electoral, que no es la última instancia y los líderes de los dos grupos parlamentarios más grandes han recibido la noticia con vacilaciones.
Hasta ahora toda va en que un ciudadano guasavense se inconformó ante el Tribunal Electoral Federal, en agosto pasado, por la inacción del Congreso para dictaminar una iniciativa de reformas a la Constitución local sobre el poder judicial, que presentó en diciembre de 2013.
El tribunal federal reencausó el expediente al tribunal estatal, que resolvió el asunto, de manera unánime, el pasado 15 de octubre, ordenando al Congreso del Estado a que tome las medidas necesarias para que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación emita, en lo inmediato, el dictamen relativo a la iniciativa ciudadana.
Ojalá los gobernantes del Congreso asuman el mandato y no solo dictaminen la iniciativa que motivó el juicio, sino que sustituyan la anacrónica ley orgánica que regula su vida interna y los trabajos legislativos, una de cuyas víctimas ha sido la reforma constitucional en materia de transparencia. Se sabe que las leyes no bastan, pero ayudan más los buenos diseños institucionales para aspirar a tener mejores instituciones públicas.
