La abogada Alma Barraza Gómez pide al gobernador Mario López Valdez que se esclarezcan tanto el crimen de Atilano Román Tirado, como la masacre perpetrada el seis de agosto pasado contra una familia de pescadores en Casas Viejas.
También pide a los habitantes de los seis pueblos afectados por la construcción de la presa Picachos que no permitan que se fabriquen “chivos expiatorios” ni teorías del “asesino solitario”, sino que se investigue a fondo para dar con los probables autores intelectuales y materiales del homicidio del líder comunero.
El viernes 17 de octubre, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), descartó que en el asesinato de Atilano Román Tirado, haya participado el crimen organizado.
“En los hechos donde resultó víctima Octavio Atilano no quiero adelantarme, pero no tiene absolutamente ninguna relación (con el crimen organizado), dijo Marco Antonio Higuera Gómez, titular de la PGJE.
El fiscal agregó: “espero en el momento en que hagamos la presentación del asunto resuelto, ya ustedes verán qué es lo que van a encontrar”.
Higuera Gómez aseguró que la PGJE ya tiene el retrato hablado de los dos presuntos responsables del homicidio perpetrado contra Román Tirado.
La costumbre del poder
Para quienes conocieron de cerca a Román Tirado, unos lo describían como un líder carismático que estaba dispuesto a entregar su vida por sus seguidores (como lo hizo), mientras que otros hacían de él “retrato hablado” de un personaje fiel en el ejercicio del poder y de mandar, circunstancia que lo fracturó al menos en dos grupos distintos al suyo propio, con los que no coincidía y buscaban independizarse de quien llamaban “el señor feudal”.
Los pueblos Las Iguanas y Casas Viejas, en Concordia, habían formado sus propias cooperativas, una al mando de María del Rosario Alapizco, la Charis; la otra, asesorada por la abogada Alma Barraza Gómez, otrora aliadas de Román Tirado, cuyo grupo se refería a ambas como cooperativas “patito”.
Días antes de la muerte del líder comunero, en medio de una “guerra” por los permisos que otorgaría CONAPESCA, en Mazatlán se vivió un ambiente enrarecido por la violencia verbal traducida en acusaciones mutuas.

Casas Viejas
El día del crimen de Román Tirado, solo habían transcurrido dos meses con cinco días, desde la masacre de cinco integrantes de la familia Guerrero Reyes, perpetrada el seis de agosto, por un grupo armado, en Casas Viejas, donde les arrojaron hasta granadas de fragmentación.
Las víctimas mortales, con excepción de uno de los finados, menor de edad, formaban parte de la Sociedad Cooperativa “Arroyo del Rincón de Casas Viejas”, perteneciente al municipio de Concordia, dedicadas a servicios de turismo y pesca deportiva en el embalse de la presa Picachos e independiente de las seis sociedades cooperativas que comandaba el líder de los comuneros.
La noche del sábado11 de octubre, horas después del homicidio de Román Tirado, el titular de la PGJE, Marco Antonio Higuera Gómez, en conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado, aseguró que “en este caso” no habría impunidad e informó que se trabajaría en varias líneas de investigación.
En ese contexto, Ríodoce preguntó al fiscal sinaloense que si una de las “líneas de investigación” sobre el crimen de Atilano tenía que ver con la masacre de Casas Viejas, cometida el 6 de agosto, a lo que no respondió con un sí o un no, sino que solo comentó que no se descartaría ninguna.
Sin “chivos”
Al igual que aquél 6 de agosto, cuando la abogada Alma Barraza lloró en la funeraria Moreh donde velaban los cinco féretros de sus representados, los finados Guerrero Reyes, el jueves 16 de octubre, consternada por el asesinato del dirigente comunero, pareció recaer, pero aun así mantuvo la templanza durante la entrevista.
—Usted hace el llamado a los afectados de la presa Picachos a no aceptar “chivos expiatorios” en el crimen de Atilano— se comenta a la exasesora legal del finado.
—Definitivamente. Yo creo que si el Gobernador dice que tiene un gran equipo de seguridad, un gran aparato de seguridad, yo creo que sin problemas nos dará esas respuestas, que tanto los pobladores de los pueblos, los comuneros afectados, como yo, estamos esperando. Así como desde luego las víctimas directas de los delitos que han ocurrido. Yo creo que solamente así podríamos retomar un clima de paz y la confianza entre todos y definitivamente impulsar el desarrollo de los pueblos, en cuanto a lo que se refiere a detonar el desarrollo del empleo, mejorar las condiciones de vida, de seguridad y definitivamente esa gente algún día tenga paz y justicia que es lo que más anhela, incluyéndome a mi.
—Por lo pronto, no hay información oficial sobre los móviles de la masacre ni de presuntos responsables…
—No, ni creo que los vaya a haber, era un acto de terrorismo; allá sí tenía que haber entrado la Procuraduría General de la República (PGR), porque incluso les aventaron con dos granadas a sus domicilios. Cuando hay armamento bélico, como son las granadas, impacta mucho más una explosión de una granada, porque esos artefactos explosivos son de alto riesgo y van dirigidos a un grupo de personas; no es lo mismo utilizar un rifle o una pistola y disparar a una persona que agarrar y aventar una bomba para derribar una casa, eso puede ser un acto de terrorismo, así está calificado por códigos penales.
—Aparentemente las autoridades no fueron a dar fe ministerial.
—No fueron. Y ahí es donde debe intervenir y donde tiene facultad la PGR. Es más, las granadas que se quedaron todavía en la casa de las víctimas, que gracias a Dios no detonaron, ni siquiera fue la PGR a dar fe ministerial ni el Ministerio Público del Fuero Común, recordará usted que ni siquiera hicieron las diligencias de ley ni nada.

El jaloneo
Desde la perspectiva de la abogada Barraza Gómez, en la recta final de la disputa por los permisos, “extrañamente” se privilegió al grupo Román Tirado.
“No me parece equitativo, como decían el Comisionado nacional y las autoridades del estado, no me parecía normal ni tampoco me pareció que era lo justo, ni tampoco me pareció tanto la inclusión de la que tanto alardeaban las autoridades de CONAPESCA”, sostiene.
Barraza Gómez, recuerda: “creo que dos días antes de que otorgaran los permisos estuvieron aquí autoridades del Estado interviniendo para que se entregaran los permisos de pesca, pues estábamos en el jaloneo”.
“Porque al pueblo de Casas Viejas, explica, no les querían dar los cuatro permisos, como no se los dieron, solo les dieron tres, y habíamos quedado que eran cuatro, y por cada permiso eran tres personas”.
“Extrañamente, agrega, cuando se los entregan, dicen que son tres embarcaciones o tres permisos con dos pescadores cada uno, entonces en lugar de ayudarle, minimizan y bueno digo ‘entonces a quién están privilegiando’”.
“Y luego dicen que a Charis, a la del pueblo Las Iguanas, les dan once permisos, de igual manera con dos pescadores cada permiso, serían 22 integrantes que tendría esa cooperativa y la de Casas Viejas tendría seis integrantes”, precisa.
“Me preocupó y molestó, asegura, la injerencia de las autoridades del Estado, en ese primer momento, de beneficiar al municipio de Mazatlán, y a ellos darles el 80 por ciento tal y cual lo publicaron; a Atilano le dieron 60 permisos, a Charis, once, y Casas Viejas, tres”.
—¿No era equitativo el reparto?
—No era equitativo ni justo ni tampoco se veía la inclusión. Como estaba tan turbio el manejo, tanto de los permisos como de la intervención de las autoridades del estado, el jaloneo que había, las declaraciones tan desafortunadas de Atilano que en paz descanse, me preocupó mucho esa situación. Y me preocupé más por él que por nadie.
Exfuncionario malovista
Durante la refriega verbal, el grupo de Atilano entre otras consignas, enarbolaba la de “Feliciano igual a asilo, pero jamás Picachos”, refiriéndose a Feliciano Castro Meléndrez, quien fungió como funcionario de la oficina de asuntos sobre la presa Picachos, en Mazatlán, y renunció cuando el Gobierno del Estado reprimió violentamente a los comuneros, mientras marchaban hacia Culiacán.
—¿Qué papel jugaba un exfuncionario malovista en el conflicto comunero? —se le cuestiona a Barraza Gómez.
—El licenciado Feliciano Castro, le aclaro y le preciso, estaba apoyando y él fue el que empezó los trámites para los permisos de pesca, tanto de la cooperativa de Charis del pueblo de Las Iguanas, como para la cooperativa de mis representados, Casas viejas. Y que yo me enteré hasta el día que ocurrió la tragedia…
—¿El día que mataron a Atilano?
—No, no, cuando mataron a mis representados de Casas Viejas. Allá en la funeraria a mí me enteran que Feliciano les estaba tramitando el permiso para que ellos trabajaran como cooperativa independiente.