Autoridades estatales detuvieron a cuatro policías más por su presunta participación en recientes ataques en contra de estudiantes normalistas que dejaron un saldo de seis personas muertas, 25 heridos y la desaparición de 43 alumnos, en un caso que ha desatado la indignación dentro y fuera de México.
El procurador de Justicia de Guerrero, Iñaky Blanco, dijo el jueves en rueda de prensa que con los cuatro agentes detenidos suman 26 policías de la municipalidad de Iguala arrestados, además de cuatro presuntos integrantes del cartel de las drogas Guerreros Unidos.
El funcionario dijo que aún buscan a otros agentes, incluido el jefe de la policía de Iguala, donde el fin de semana se encontraron fosas clandestinas con 28 cadáveres que aún son sometidos a pruebas para ser identificados, pero que algunos temen sean de algunos de los estudiantes desaparecidos.
Su oficina, añadió, también ha presentado una solicitud al Congreso estatal para que le quiten el fuero al alcalde José Luis Abarca, que mientras lo tenga impide a las autoridades procesarlo.
Blanco dijo que el alcalde -hoy prófugo- tenía “la obligación jurídica” de evitar los ataques, debido a que era el jefe de la policía, pero en su lugar decidió continuar con sus actividades la noche del 26 de septiembre cuando sucedieron los hechos.
“Prefirió seguir en una fiesta, posteriormente retirarse a cenar y luego a dormir”, dijo el procurador.
“La fiscalía estima que se encuentra debidamente acreditado que teniendo la calidad de garante, el señor Abarca Velázquez fue omiso (sic) en su deber dejando a merced de elementos de seguridad pública a las hoy víctimas”, añadió.
Los 43 estudiantes de la escuela de magisterio Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, una localidad de Guerrero a unos 200 kilómetros al sur de la ciudad de México, tras el ataque el 26 de septiembre de policías municipales a los autobuses en los que viajaban.
Los estudiantes de la escuela habían ido a la ciudad a solicitar donaciones de los habitantes de Iguala. Cuando se reunían para regresar a la normal la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, terminaba un discurso ante personalidades locales.
De repente, se oyeron disparos a una docena de cuadras y la gente huyó despavorida del miedo. Algunos piensan que ambos incidentes están relacionados pero funcionarios federales dijeron el martes que aún no tienen una explicación sobre lo ocurrido ese 26 de septiembre.
Durante el discurso hombres vestidos de civiles, de apariencia ruda, habían estado custodiando a Pineda Villa, una mujer que, según las autoridades, tiene familiares con vínculos con el crimen organizado. Funcionarios federales y estatales han acusado a la policía de Iguala de estar infiltrada por miembros de Guerreros Unidos.
El procurador estatal dijo que hasta ahora, sin embargo, nadie ha presentado alguna denuncia contra la esposa.
En los últimos días, miembros del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) -al que pertenecía el alcalde hasta hace unos días cuando fue expulsado- aseguraron que autoridades federales fueron alertadas del posible involucramiento de Abarca con el crimen organizado y con el asesinato de un activista.
El procurador general Jesús Murillo, uno de los que supuestamente supo, dijo que un miembro del PRD, René Bejarano, le mencionó el posible vínculo del alcalde con el crimen de un activista y que le pidió elementos de prueba, las cuales nunca recibió.
“Evidencias no había, desde luego versiones, rumores”, dijo Murillo a corresponsales extranjeros esta semana. “No puedo trabajar por sospechas, tengo que trabajar con evidencias”, justificó.
En la víspera, decenas de miles de estudiantes, profesores, activistas y habitantes marcharon y bloquearon las principales avenidas en el estado sureño de Guerrero para demandar la ubicación de 43 estudiantes del magisterio desaparecidos hace más de una semana tras ser atacados por policías locales, en un caso que ha recibido la condena dentro y fuera de México. (AP)
