Hace medio año, Nicolás Mendoza Villa, el testigo que señaló al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, como el asesino del dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, declaró formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el funcionario municipal que está prófugo por el ataque a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, reveló la secretaria técnica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Magdalena López Paulino, destacó la edición de este martes del diario guerrerense El Sur.
Con ella, la regidora de Iguala, Sofía Mendoza Martínez, añadió que los primeros días de agosto acudió a la PGR y ahí se enteró de que el homicidio del dirigente y dos activistas de UP había sido atraído por el gobierno federal, y desde entonces las autoridades estaban en condiciones de detener al secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, por el homicidio del dirigente y dos activistas de UP, pero el alcalde tenía que ser removido antes del cargo por el Congreso local.
Sin embargo, no aprehendieron al encargado ni promovieron el juicio de desafuero. En una entrevista en la redacción de El Sur con el sobreviviente de El Charco, Efrén Cortés Chávez, y el dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez, coincidieron en que si las autoridades estatales y federales no fueran omisas con la desaparición forzada y los asesinatos de UP, se habrían evitado los ataques de policías municipales y sicarios contra los normalistas el 26 de septiembre, cuyo saldo a la fecha es de tres alumnos y tres civiles asesinados, y 43 estudiantes desaparecidos.
Distinto a lo que mencionó el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, de que apenas habían solicitado medidas cautelares para familiares y sobrevivientes de luchadores de UP asesinados, López Paulino aclaró que hicieron la petición en junio del año pasado, y quedó registrada en el expediente 185/2013.
Desde entonces, aclaró que han estado trabajando con sigilo, coadyuvando con la investigación, haciendo mínimas declaraciones públicas para no entorpecerla, “porque el fondo era que se detuviera al culpable intelectual y material de los crímenes contra los luchadores sociales”. Añadió que desde octubre del año pasado, cuando Mendoza Villa –uno de los sobrevivientes– llevó su declaración ante notario público para que diera fe de su testimonio, en el sentido de que el alcalde disparó en dos ocasiones contra Hernández Cardona, está sin protección.
Incluso, indicó que el notario tuvo miedo de tomar su declaración, y sólo dio fe del testimonio escrito que llevaba hasta faltas de ortografía, porque lo escribió Mendoza Villa, con su redacción. En marzo de 2014, a petición de las autoridades, rindió su testimonio ante la PGR, que no se dio a conocer con anterioridad para no entorpecer la justicia, subrayó.
La regidora informó que en julio fue citada por la PGR, y luego de confirmar que la fuente era efectivamente del gobierno federal se presentó en la dependencia federal los primeros días de agosto. Mendoza Martínez detalló que en la PGR le dijeron que tenían elementos para detener al secretario de Seguridad Pública, no así al Alcalde porque tiene fuero y el Congreso local tendría que intervenir.
OEA presiona para que se esclarezca caso de normalistas
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, urgió esclarecer la desaparición de 43 estudiantes mexicanos a manos de policías y criminales, y pidió a todos los gobiernos de la regióntrabajar juntos “contra el poder del narcotráfico”.
Insulza expresó su “profunda consternación” por la desaparición de los 43 estudiantes, que fueron vistos por última vez en la ciudad de Iguala (estado de Guerrero) la noche del 26 de septiembre pasado. El titular de la OEA pidió el esclarecimiento de un caso que, a su juicio, “enluta no sólo a los mexicanos, sino a todos los países de las Américas”.
La Procuraduría de Guerrero confirmó el domingo el hallazgo de 28 cuerpos en fosas clandestinas que podrían corresponder a algunos de los jóvenes, que desaparecieron después de que policías y miembros del crimen organizado atacaran a tiros a alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa que se habían apoderado de unos autobuses.
Aunque las autoridades esperarán los resultados de las pruebas genéticas para determinar la identidad de los 28 cuerpos, algo que podría tardar semanas, tres detenidos por los hechos confesaron haber asesinado a 17 estudiantes en la comunidad donde fueron halladas las fosas.
Insulza también manifestó su “apoyo” al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, “en su decisión de no permitir que este brutal crimen quede sin el castigo de la justicia”, según el comunicado de la OEA.
Además, Insulza destacó la “urgencia” de que todos los países de la región trabajen juntos “para luchar contra el poder del narcotráfico, capaz de asesinar, corromper y aterrorizar a los pueblos del continente”.
