Antes de comenzar con la depuración masiva de policías que resultaron no aptos en las evaluaciones de control y confianza en Sinaloa, el diputado perredista, Ramón Lucas Lizárraga exigió que el Congreso local intervenga en el proceso de depuración y se solicite a la dependencia evaluadora un informe, caso por caso, de los 3 mil 800 servidores públicos que supuestamente resultaron no aptos.
En su intervención ante la diputación permanente, Lucas Lizárraga también demandó que el Congreso local requiera al Centro Estatal de Control y Confianza su certificación y la de todo su personal, así como los lineamientos a través de los cuales se evaluaron a los policías y se determinó su aptitud.
El diputado también consideró que la información sobre el avance que existe en Sinaloa sobre el tema también se debe solicitar al Centro Nacional de Certificación y Acreditación.
“El problema compañeras y compañeros es que la certificación en materia de seguridad parece ser un mito. Tres mil 800 servidores públicos amenazados por el desempleo, por un centro de acreditamiento que no tiene responsables, que carece de acciones públicas, del que no se conoce ni su domicilio, que reacredita a los centros estatales sólo con el hecho de que se enlisten en una hoja, pero que repruebe al resto de los mortales sin que conozcan los criterios”, cuestionó Lucas Lizárraga.
De acuerdo a la última reforma que el Senado realizó a la Ley de Sistema Nacional de Seguridad Pública, el próximo 31 de octubre es la fecha definitiva para que todas la entidades del país, estatales y municipales, den de baja a los elementos que no lograron acreditar el examen de control y confianza.
Según la información proporcionada por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Genaro García Castro, en Sinaloa hay 3 mil 800 policías que no son aptos para laborar en las corporaciones policíacas.