¡Ya chingamos compañeros! ¡Las tierras son nuestras otra vez! ¡Ahora sí, a cobrarles a estos cabrones! Gritaron poco menos de 50 viejos campesinos que se reunieron en una siembra de caña de azúcar que en ese penúltimo domingo de septiembre sería destruido, al vencerse el último garlito del gobernador, Mario López Valdez, en favor de sus cuates y propietarios de Agrícola Ohuira, Alejandro Elizondo Macías y Rodolfo De la Vega Valladolid.
Los campesinos no sólo gritaron, sino que también aplaudieron y hasta pisotearon la soca. Su alegría era manifiesta cuando la rastra del tractor New Holland T-6080 destruyó la endeble siembra de caña. El predio es propiedad de Carlos Álvarez Barreras. Él resulta ser el presidente de la Unión Local de Productores de Caña de la CNC, y se puso como ejemplo. En el tractor va el mismo líder cañero y el presidente del Comité Municipal Campesino número Cinco, Gilberto Irazoqui Galaviz, y un operador.
No está el gobernador Mario López Valdez, de quien los campesinos aún esperaban que cumpliera su palabra, pese a que ya lo habían atrapado en muchas mentiras, en harta defensa a los empresarios que durante dos años los han estafado con la renta de sus parcelas. Estaban ahí para que se “montara el tractor y matara el cultivo”, como él mismo lo prometió ante sus líderes casi un mes atrás, cuando dio un plazo de 20 días para que sus amigos juntaran el dinero de la deuda. Los campesinos se quedaron esperando al gobernador. Finalmente no “mató las siembras”, ni sus cuates pagaron la deuda. Pero ellos sí. Estaban hartos, y cumplieron su advertencia ya plasmada en un convenio: pago o destrucción de soca. Y optaron por lo segundo, cuando el abono a la cuenta ya fue imposible. Por eso era el júbilo.
Carlos Álvarez Barreras y Gilberto Irazoqui Galaviz, justifican la destrucción de la siembra como inaplazable. Los rentadores, porque ya ni quieren mencionar los apellidos de las familias que tranzaron a sus representados, y que muchos de ellos murieron mendigando un abono a las cuentas, no pagaron, por lo que la destrucción de la siembra sin responsabilidad para los campesinos es viable.
E hicieron un último llamado: pidieron al gobernador llevar a la justicia civil a Elizondo y a De la Vega para que paguen los 42 millones de pesos que adeudan a casi mil campesinos por rentas atrasadas durante dos años. “Que les aplique a estos ricos la misma ley que rige a los jodidos”, pidió Irazoqui.
Los campesinos saben que los gigantes inversionistas no son tan invencibles como ellos creen, aún y con toda la protección gubernamental de los malovistas, y se preparan para un alud de demandas civiles. Quieren en sus bolsillos los 42 millones de pesos. “Ahora vamos por las demandas civiles, porque esos cabrones rateros, pagan o pagan”, sentencia
Una semana después, los cálculos de destrucción de soca de caña son alarmantes para los obreros del ingenio Mochis: mil hectáreas destruidas. El ingenio se queda sin materia prima. Aún salvándolo, ¿Qué vamos a moler? Esto, ya se chingó, dice con coraje y nostalgia Gabriel Lizárraga Morales, ex líder de la sección 12 del ingenio Mochis, ante la ausencia formal del sindicato azucarero.
Los obreros tienen 11 semanas sin pago. Los jubilados, nueve meses. Todos están molestos, porque el hambre les truenan las tripas. En sus casas no hay qué comer, y las deudas por sostener los servicios de luz y agua se acumulan. Sus hijos van a la escuela con harapos y útiles escolares reciclados. Son la vergüenza del salón de clases. Y eso duele. Indigna. Molesta. Los encabrona. Decididos a hacer justicia, toman la calle Gabriel Leyva. Se plantan durante horas, y logran hacerse escuchar.
El gobernador Mario López Valdez, que para ellos es un cómplice más en la gran estafa y grandioso negocio en que se convirtió la aniquilación del ingenio Mochis, ofrece su respaldo: Dos mil despensas para aliviar la hambreada de 11 semanas, y un pago a fondo perdido de dos mil 800 pesos para capacitación para el trabajo.
Por separado, los obreros se doblegan ante los empresarios. Acceden a entregar 750 toneladas de azúcar que tenían retenidas en las bodegas del ingenio Mochis a cambio del pago de dos millones de pesos, que representan abono de dos semanas a la deuda de 11 jornadas sin recibir el salario. Esa dejadez la convierten en triunfo: pero primero pago, y después se lleva el azúcar, condicionan, a punto de terminar una reunión en un café al aire libre.
Mientras los tres mil campesinos y mil obreros luchan por salir de su miseria forzada y fabricada por dos familias de pudientes mochitenses, que tienen la complicidad del gobernador Mario López Valdez para permitirles el jineteo de dos años de rentas y de 11 semanas de sueldos, los políticos se rasgan las vestiduras demandando apoyos para los pobres hambrientos.
