Desigualdad de condiciones en el proceso de licitación, beneficios para el sector privado y reiteradas violaciones a la Ley de Contratos de Colaboración Público Privadas del Estado de Sinaloa, podría generar la posible modificación a los decretos para construir dos hospitales en la entidad, los primeros bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas.
Enviada por el Ejecutivo al Congreso, la solicitud para modificar los decretos 976 y 977 aprobados en noviembre de 2013, pretende afectar un 25 por ciento de los ingresos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), para otorgar una garantía de pago a las empresas que operarían los hospitales generales durante los próximos 25 años.
Cuestionados durante más de cuatro horas por los legisladores locales, los secretarios de Administración y Finanzas, Armando Villareal Ibarra, y de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, presentaron las bondades de los proyectos hospitalarios que se edificarán en Mazatlán y Culiacán, pero a decir de los propios diputados, dejaron más dudas que respuestas.
¿Cuánto pagará el Estado por la edificación, mantenimiento y operación, durante 25 años, de cada uno de los hospitales?, ¿Qué acciones se dejarán de realizar al afectar el fondo federal FAFEF?, fueron dos de los cuestionamientos que con más insistencia plantearon los diputados a los funcionarios estatales.
El argumento del Ejecutivo para modificar los decretos 976 y 977 se respalda en una solicitud de Banobras, que para financiar a los desarrolladores requiere una garantía de pago sostenida en las participaciones federales de la entidad.
Sin embargo, el documento oficial a través del cual Banobras realizó esta petición y las corridas financieras de ambos proyectos no fueron presentados en la comparecencia que los dos secretarios sostuvieron ante las comisiones unidas de Hacienda y Administración Pública y Salud y Asistencia Social, el pasado lunes 8 de septiembre.
De acuerdo con algunos diputados, hasta el cierre de esta edición, ambos documentos solicitados reiteradamente por los legisladores, no habían sido proporcionados para su análisis.

Ley violentada
Un día después de la comparecencia de los funcionarios, la diputada Sandra Lara Díaz presentó un análisis jurídico de la solicitud para modificar a los decretos 976 y 977, el cual fue entregado a los diputados Óscar Valdez López, presidente de la Comisión de Hacienda; Víctor Manuel Díaz Simental, presidente de la comisión de Salud; Adolfo Rojo Montoya, presidente de la Mesa Directiva y al secretario general del Congreso, José Carlos Loaiza Aguirre.
En el análisis, la diputada expone, con fundamento en la Ley de Contratos de Colaboración Público Privadas (CCPP), que al autorizar las modificaciones se generará un estado de desigualdad en las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo el proceso de licitación.
La diputada integrante de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación señala que al otorgar el 25 por ciento del FAFEF como garantía de pago, sólo se beneficiará al sector privado permitiéndoles acceder a tasas preferenciales.
Además, Lara Díaz considera que la modificación podría generar responsabilidades administrativas contra los funcionarios involucrados.
También sostiene sus argumentos con base en los artículos 53, 63, 86 y 111 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada del Estado de Sinaloa.
“Al modificar nosotros estos decretos se modifican de manera sustancial las reglas del juego, el escenario en el que una empresa accede a un financiamiento sin garantías es uno, tienen acceso a financiamientos más caros, con tasa de interés más elevadas, pero ya acceder con garantías a un financiamiento, de acuerdo a lo que yo he revisado, baja en dos o tres por ciento la tasa de interés. Ese financiamiento al que tendrían acceso las dos empresas constructoras ya con garantía, va a quedar en beneficio de la empresa y no en beneficio del Estado”, explicó Lara Díaz.
Consideró que el tema deberá someterse a un análisis riguroso e incluso propuso contratar a un despacho de abogados externo para que emitan un dictamen jurídico sobre la viabilidad de la modificación.
“Si hacemos la modificación lo que yo propongo es que se reponga el proceso de licitación, para que ahí sí todas las empresas tengan la posibilidad de participar con esas nuevas reglas del juego que sí cambian de manera sustancial el proyecto de hospitales”, dijo.
Sospechosa licitación
En la comparecencia de los funcionarios, Sandra Lara expuso la inquietud de que una vez modificado el decreto se puedan presentar impugnaciones de parte de las empresas que participaron, sin éxito, en el proceso de licitación.
Ante los más de 20 diputados presentes, el secretario de Administración y Finanzas del Estado le respondió a Lara Díaz asegurándole que en ningún momento del proceso, las empresas participantes habían expuesto la necesidad de una garantía de pago adicional, por lo que no podrían impugnar.
“Los 12 (empresas) participantes tuvieron las reglas muy claras. Una vez que ninguna de ellas solicitó una garantía adicional en ese momento, al momento de abrir los sobres, al momento del procedimiento, nadie lo dijo. No fue un tema de conversación en los alegatos o en los procedimientos de aclaraciones”, aseguró Villareal Ibarra ante los diputados y medios de comunicación.
Pero los documentos contenidos en los expedientes EA-925006998-N53-2013 y EA-925006998-N54-2013 de las licitaciones de los hospitales de Culiacán y Mazatlán, disponibles para el acceso público en el portal compranet.gob.mx, contradicen lo expresado por el administrador del gobierno sinaloense.
En la revisión a los documentos de las juntas de aclaraciones realizadas el ocho, 13 y 25 de enero de 2014, se pueden observar los señalamientos de tres empresas participantes, quienes en reiteradas ocasiones manifestaron su interés de que existiera una garantía de pago adicional sustentada en las participaciones federales.
De acuerdo con las bases del concurso público nacional, establecidas en los decretos 976 y 977, las empresas ganadoras y el Estado deberán conformar el Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago Alterna y Garantía, el cual operará con una aportación inicial del Estado por 200 mil pesos y se le transmitirán los ingresos correspondientes a los Servicios de Salud de Sinaloa.
Esta garantía de pago contemplada en los decretos no era suficiente para las empresas que participaron en el concurso, los representantes de Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V., Marhnos Construcciones, S.A. de C.V. y Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V, y lo expusieron en las juntas de aclaraciones.
“Para la viabilidad y bancabilidad del proyecto es necesario contar con un mecanismo que asegure el pago de la contraprestación (Fideicomiso de Pago Alterno garantizado con participaciones federales). El contar con un presupuesto plurianual consideramos que es insuficiente para garantizar las obligaciones que asume la convocante en un horizonte de largo plazo”, manifestó el representante de Marhnos Construcciones.
La respuesta del Estado fue remitirlo a los decretos 976 y 977, donde se establece el Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago Alterna.
De nueva cuenta, Marhnos Construcciones señaló que bajo esas condiciones el proyecto no era bancable: “Dado que la respuesta de la convocante ha sido no contar con participaciones federales para garantizar el pago de la contraprestación, reiteramos que el proyecto bajo estas condiciones no es bancable”.
“Las condiciones originales de las bases de la licitación no son negociables, de conformidad con el artículo 61 de la ley CCPP”, se le contestó a Marhnos Construcciones.
Lo anterior sólo es un ejemplo de los múltiples señalamientos sobre el mismo tema, externados por tres empresas en las juntas de aclaraciones, mismos que el secretario aseguró que no existían.
—Todas las empresas que participaron en estas licitaciones, participaron sin la garantía; al aprobar esta modificación podría dejarse por lo menos para la sospecha que esto haya sido una licitación tramposa, porque las empresas no participaron con estas reglas del juego —le dijo la diputada Lara Díaz al titular de Administración y Finanzas, el día de la comparecencia.
–El tema de una licitación tramposa, híjole, pues es un tema bien serio que debemos de tener algo de cuidado en usar esas palabras, porque allá afuera la sociedad no confía en nosotros, tenemos que ser realistas, tenemos que ser honestos —le respondió el funcionario a la diputada.

Modelo exitoso, sólo sin corrupción
Para el coordinador de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Irvin Mikhail Soto Zazueta, el modelo de contratos de colaboración público privado es exitoso y permite a los gobiernos desarrollar infraestructura de gran impacto, pero sólo cuando el proceso es transparente y libre de corrupción.
“Es una estrategia que ha demostrado ser útil en varios países y creo que es una buena medida para desarrollar infraestructura en Sinaloa, pero eso no quiere decir que en automático vaya a funcionar, para que el modelo funcione tienen que haber una serie de factores, en los que destaca la ausencia de corrupción”, enfatizó Soto Zazueta.
El catedrático de la universidad de Sinaloa señaló que otorgar el 25 por ciento del FAFEF como garantía de pago forma parte de un procedimiento normal en las asociaciones público privadas.
Destacó que al fijar un porcentaje de las participaciones federales como garantía de pago, tampoco se está transfiriendo riesgos de la empresa hacia el gobierno, como algunos diputados lo han señalado.
“Lo que está cubriendo la garantía no son los riesgos a los que puedan incurrir, es el pago de las mensualidades. Si en algún momento a la empresa se le elevan los costos o resulta que los ingresos no son suficientes, ese sí es un riesgo pero sería su problema, esa es la bondad de este esquema”, indicó.
Pero lo que sí podría generar una irregularidad es que la modificación al decreto se realice posteriormente al proceso de licitación y con un fallo en el que ya hay dos empresas ganadoras.
Soto Zazueta es coincidente con el análisis jurídico de la diputada Lara Díaz, en donde se expone que al otorgar una garantía de pago, posterior al fallo de la licitación, se le dan beneficios a la empresa para que acceda a tasas más bajas de intereses.

—¿La modificación del decreto afectaría el proceso de licitación previo?, se le cuestionó al profesor investigador.
—Sí lo puede afectar, porque cambian los montos sobre los que ellos puedan endeudarse y las tazas a las que ellos puedan acceder. En ese sentido sí sería conveniente revisar el proceso de licitación para asegurar que todos los demás hayan tenido la misma condición cuando se hizo la licitación.
Hospitales de 13 mil millones de pesos
Ernesto Echeverría Aispuro, secretario de Salud del Estado, admitió durante la comparencia que el servicio hospitalario en Sinaloa está rebasado, tan sólo el número de camas con las que cuenta la entidad están por debajo de la media nacional.
El titular de la dependencia dijo que actualmente, para operar el Hospital General de Mazatlán se pagan 107 millones de pesos al año, mientras que para el Hospital General de Culiacán se erogan 252 millones de pesos al año.
Expuso que con el proyecto para sustituir el Hospital General de Culiacán, el sector salud pagará anualmente 347 millones 070 mil 069 pesos al consorcio Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C. V. y Desarrolladora en Infraestructura en Salud PROAN, S.A. de C.V., ganador de la licitación.
En el caso del Hospital General de Mazatlán, el estado pagará 239 millones de pesos al año a la empresa GIA+A, S.A de C.V, ganadora de la licitación.
En el contrato se incluye la construcción, equipamiento, mantenimiento y operación de ambos hospitales, durante 25 años.
Debido a que los secretarios no presentaron las corridas financieras de ambos proyectos, la diputada Imelda Castro Castro expuso una estimación del costo total de ambos hospitales, el cual podría llegar a los 13 mil 265 millones de pesos.
Estimó que en el caso de Culiacán, el costo total del Hospital sería de 3 mil 176 millones de pesos, con un tiempo de recuperación para el inversionista de cuatro años y cuatro meses, mientras que el monto a pagar, durante los 25 años, llegaría a los 7 mil 765 millones de pesos.
En el caso de Mazatlán, de acuerdo con la diputada, el costo total sería de 2 mil 665 millones de pesos, un tiempo de recuperación de cuatro años y seis meses y un monto total a pagar, durante 25 años, de 5 mil 500 millones de pesos.
“Los contribuyentes de Sinaloa a través de los gobierno de cuatro administraciones y lo que falta de ésta, van a pagar 13 mil 275 millones de pesos, más otros créditos solicitados por el actual gobierno del Estado, uno por dos mil 600 millones de pesos, un monto estimado a pagar de 20 años, de 8 mil 230 millones, el otro crédito por 771 millones, con un monto estimado a pagar, a 20 años, de 838 millones”, criticó la legisladora.
La diputada Sandra Lara Díaz aseguró que en el Congreso del Estado hay disposición para analizar a fondo la solicitud del Ejecutivo para modificar los decretos 976 y 977, antes de dictaminarla, principalmente, porque después de la comparencia a los diputados aún les quedaron muchas dudas sobre la viabilidad del proceso legal.
“Lo que nos ha quedado muy claro es que vamos a hacer las cosas con el mayor detenimiento. Este asunto tendrá que ser parte de la agenda ordinaria del octubre, no veo condiciones para que haya un periodo extraordinario para votarlo, aún no tenemos los elementos necesarios. Si es necesario vamos a volver a citar a los secretarios, por lo pronto que nos entreguen la información que nos quedó pendiente”, enfatizó Lara Díaz.

CIFRAS
HG de Mazatlán costará 239 millones de pesos al año, durante 25 años.
Lo construirá, equipará y operará la empresa GIA+A, S.A. de C.V.
HG de Culiacán costará 347 millones de pesos al año, durante 25 años.
Lo construirá, equipará y operará el consorcio Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V.
12 empresas participaron en ambas licitaciones, el fallo se dio en mayo de 2014.