Durante cuatro horas y media, los diputados locales cuestionaron a los secretarios de Salud y Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa sobre la factibilidad de modificar el decreto para la construcción de dos Hospitales Generales en Sinaloa, a través del esquema de asociaciones público privadas.
El pasado 30 de julio, el gobernador, Mario López Valdez, envió al congreso una iniciativa para modificar los decretos 976 y 977, aprobados en noviembre de 2013 para la construcción de dos hospitales, uno en Culiacán y otro en Mazatlán, mediante la colaboración público privada. En la nueva solicitud para modificar los decretos, el Ejecutivo requiere utilizar el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), como fuente de pago o garantía de las obligaciones de pago a favor del desarrollador.
Armando Villareal Ibarra, secretario de Administración y Finanzas y Ernesto Echeverría Aispuro, secretario de Salud, defendieron ante los diputados la propuesta para contratar dos obras con un costo de 586 millones de pesos al año, durante 25 años.
Luego de las exposiciones de cada uno de los titulares estatales, quienes señalaron las carencias y elevados costos de administración de los hospitales actuales, detallaron el proceso de licitación para ambos proyectos y garantizaron que el uso del FAFEF como garantía sería sólo en caso de que Salud no cumpliera con el pago del proyecto, los diputados de las Comisiones Unidas de Hacienda y Administración Pública, y de Salud y Asistencia Social iniciaron una ronda de preguntas y respuestas.
Cuestionado por los diputados, en varias ocasiones, sobre qué programas y acciones gubernamentales se afectarían al utilizar al FAFEF como garantía de pago, Villareal Ibarra se limitó a explicar que los recursos no quedarían congelados sino que se utilizarían sólo en caso de que Salud no pudiera cumplir con los pagos anuales.
Al concluir la comparecencia, en entrevista con medios de comunicación, el secretario de Administración y Finanzas dijo que la interrogante se resolvería hasta que se presentara la situación, en alguno de los próximos 25 años.
“En el caso de que se use (garantía de pago) en uno de los meses, o en varios de los meses, de los 23 años y medio que dura el compromiso, pues sí ya tendría que resolverse, Salud primero, porque es el que tiene que resolver por ese compromiso”, indicó Villareal Ibarra.
Durante su intervención, la diputada Sandra Lara Díaz, del PRI, cuestionó la posibilidad de que al modificar los decretos se presente una irregularidad en las condiciones bajo las que se licitaron las obras en mayo pasado, lo que podría generar inconformidad y crear una situación de desigualdad de condiciones entre las empresas que participaron en la licitación.
La diputada Imelda Castro Castro, del PRD, presentó calculos realizados por su fracción parlamentaria en base a la información entregada por los funcionarios y alertó sobre la adquisición de lo que sería una “deuda disfrazada” por más 7 mil 765 millones de pesos a pagar en 25 años para el hospital de Culiacán y cinco mil 500 millones de pesos, a pagar en 25 años, para construir el hospital de Mazatlán.
La diputada, al igual que otros legisladores, coincidieron en la exigencia de que el titular de la administración en el Estado presente las corridas financieras del decreto para contratar los dos proyectos millonarios con la iniciativa privada.
El también perredista, Ramón Lucas Lizárraga, exigió que se realice un análisis profundo del tema, antes de emitir un dictamen.
Los diputados mazatlecos, Martín Pérez Torres del PAN y Fernando Pucheta del PRI cuestionaron el intento inconcluso en Mazatlán por edificar un hospital general. Un proyecto que se quedo a menos de la mitad y que hoy es un edificio en obra negra abandonado en la colonia Urías.
A la iniciativa presentada por el Ejecutivo ya se dio primera y segunda lectura y actualmente el Congreso se encuentra en el proceso de iniciar la elaboración del dictamen para someterlo a la votación del pleno.
