mayo 11, 2021 8:58 PM

Invasiones de viviendas y terrenos, problema entrampado desde el poder

INVASIONES. Sin solución, por intereses económicos y “de amistad”.
INVASIONES. Sin solución, por intereses económicos y “de amistad”.

Entre amenazas de grupos de precaristas, promesas gubernamentales incumplidas, ofertas engañosas y ríspidos encuentros oficiales entre invasores y autoridades municipales se encuentran las negociaciones para terminar con la ocupación ilegal de casas y predios por miles de familias de escasos recursos económicos.
El problema de la ocupación de casas y predios ajenos por familias es fuerte, consideró Margarita Villaescusa Rojo, delegada del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), y lo peor es que no hay forma institucional de ayudar a resolver el asunto porque se encuentra en un contexto de ilegalidad, por ser invasión.
Sólo del Infonavit se tiene una ocupación ilegal de mil 172 viviendas, así como 600 lotes en abandono, aunque reconoció que hay más casas ocupadas de particulares.
La solución, consideró, está en manos de la Secretaría de Desarrollo Social y en la de los gobiernos estatal y municipales. “Hay algunas intensiones de solucionar el problema de invasiones, pero nada concreto”.
Aquí, Álvaro Ruelas Echave, secretario del Ayuntamiento de Ahome, intenta encontrar un punto medio en el que tanto las propuestas oficiales como la de los precaristas sean pagables. Los avances son lentos, y en ocasiones retroceden. “No es fácil, sino complejo. Hay muchas líneas que fácilmente pueden romperse y acelerar los problemas sociales. Eso se pretende evitar”.
Negociador, el secretario de la comuna, reconoce que el problema principal para solucionar las invasiones es la situación ilegal en que se encuentran, y que por ello no son sujetos de crédito, ni oficial, ni privado. No obstante, busca una solución, que no ha logrado cuajar, acepta.
Gorgonio Silva Gualizapa, presidente del Comité Único de la Vivienda de Topolobampo y quien por más de 10 años ha mantenido el esfuerzo por fundar un sector para 600 familias pobres y ancianas, rechazó que la necesidad de vivienda sea un problema social. “Más bien es un problema del gobierno, porque fueron los gobernantes quienes lo generaron, vendiéndose entre ellos los lotes para la familias de escasos recursos económicos o dándolos a grupos de ricos”.
El ejemplo dice, es el relleno del estero Los Conchos, en donde Leonardo Félix Gutiérrez compró a dos pesos el metro cuadrado, sin dar oportunidad a los pobres de adquirir esos terrenos. “Se agandallaron utilizando al Instituto de la Vivienda de Sinaloa (INVIES). En la actualidad, el gobernador Mario López Valdez está amarrado, porque no tiene intención de solucionar el problema, porque para ello debería de requisarle los predios al rico sujeto, a quien le debe favores”.
A los precaristas, secunda, les favorece un decreto que firmó el gobernador Francisco Labastida Ochoa entregándoles los 600 lotes, pero después de que éste salió, los sucesores se hicieron de la vista gorda y en complicidad con alcaldes cambiaron los usos de suelo y terminaron dando los lotes a los ricos. Así, un problema que desde años debió haber sido solucionado, quedó entrampado en la avaricia de los ricos.
Hoy, parece que hay una solución, pero es un mero espejismo, pues en tanto los precaristas no tengan sus contratos firmados y en posesión del terreno, todo será imaginario.
José Ángel Sánchez Pérez, presidente de la Unión de Colonias de Los Mochis, reconoció el esfuerzo del secretario de la comuna, Álvaro Ruelas Echave, pero lo calificó como insuficiente. “Hace lo suyo, pero la falta más punch político y billetes en las bolsas. Aun así, negociamos con él, porque es un intento bueno, y hasta sano”.
No obstante, consideró, el problema principal es convencer al INFONAVIT de que abra una figura jurídica para los invasores, a sabiendas de que éstos son precarios.
Hay una puerta, una figura que antes existió: la compra-venta con reserva de dominio. Es decir, expone el líder, los precaristas firmarían contrato con renta fija y el INFONAVIT mantendría el bien hasta el finiquito de la deuda. Esta sería la solución definitiva a las invasiones.
Sánchez Pérez asegura que en tanto ese acuerdo no salga, los pobres que resguardan casas ajenas estarán en situación ilegal, y por lo tanto propensos a desalojos o a perder la libertad. Para reducir ese riesgo, la unión es la fuerza, considera.
En tanto un grupo negocia con el gobierno, otro lo denigra, iniciándose una guerra de declaraciones que nada resuelven. El enfrascamiento entre la Coordinadora Nacional de la Vivienda Popular y la Unión de Colonias es diario, pese a que ambas proceden de un mismo líder, César Del Pardo.

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