El asunto del 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa causó un gran revuelo en los medios, en buena medida porque se trataba de un ataque directo en su contra. Sin embargo, es más fuerte el ruido de las cosas que no se han dicho.
Se ha dicho que en Sinaloa no existe separación de poderes, que el poder legislativo está subordinado al ejecutivo. De tan constante en la historia política de Sinaloa, es algo imposible de controvertir. Lo que no se ha dicho es que en nuestro Estado siempre ha sido así. Antes era porque la mayoría de sus integrantes pertenecía al mismo partido político que el gobernador. La alternancia “sui géneris” que en el poder ejecutivo se dio en Sinaloa en el 2010 no modificó las cosas debido a la identidad del gobernador con el priísmo, no obstante que fue apoyado por los adversarios de dicho partido y que éste mantuvo el control de la mayoría de las diputaciones, a pesar de que obtuvo menos votos que sus rivales.
Por el contrario, la nueva situación política profundizó la subordinación del Congreso hacia el gobernador al crear un compromiso de apoyo sistemático, simplemente por el antecedente aliancista de 2010, de quienes tradicionalmente habían sido opositores de los gobiernos priístas en la entidad, más la empatía entre “el gobierno del cambio” y el priísmo sinaloense, una fuerza históricamente reacia a los cambios políticos en el estado.
En el fondo están un sistema y una cultura política que no promueve la indispensable independencia que deben tener los legisladores respecto de los gobiernos, sobre todo la defensa de los intereses de sus representados, sin importar el origen partidista de los gobernantes. Veremos si la reelección parlamentaria que viene corrige esta negativa inercia.
También se ha dicho que tenemos un Congreso con diputados que no leen o dejan todo a las comisiones. En realidad éstas son sólo las ramas. Lo que hay que decir es que Sinaloa cuenta con uno de los Congresos más atrasados del país, tal vez el más, en su estructura y funcionamiento. La explicación de tal rezago está en que siempre ha estado gobernado por mayorías del mismo partido político: el PRI.
El atraso parlamentario de Sinaloa, el rezago político en general, es un claro reflejo de la vocación conservadora de este partido que en otras partes del país no ofrece tantas resistencias a ciertas actualizaciones que no ponen en riesgo su dominio.
De esto último se pueden mencionar varios ejemplos. Va un botón de muestra. Tuvo que llegar cierto tipo de alternancia en uno de los dos poderes públicos estatales que son electos por los ciudadanos sinaloenses, para que el priísmo accediera a asumir la reforma de los órganos de gobierno parlamentario: la creación y conducción alternada de la Junta de Coordinación Política y la integración por mayoría calificada, con duración anual de la Mesa Directiva. Pero hasta ahí llegó el potencial reformista de 2010, acotado por la falta de alternancia en el propio poder legislativo. La modernización siguió esperando.
Se dijo mucho sobre el 51 bis. Qué bueno. Pero antes pasaron sin recibir mayor atención la “iniciativa preferente” y los “contratos de colaboración público privada”, figuras que fortalecen el presidencialismo y la usura, y debilitan aún más las posibilidades de avanzar hacia un real equilibrio de poderes, requisito necesario para cualquier sistema político que se precie de republicano. No se ha dicho que tenemos una sociedad civil políticamente adormilada. Así no se puede aspirar a contar con instituciones democráticas sólidas, aptas para la defensa de los derechos de los gobernados.
Se ha dicho que los diputados de todos los partidos aprobaron la contrarreforma, lo que es totalmente cierto. Pero no se ha dicho lo suficiente que la iniciativa provino del gobierno del estado y que ningún diputado la suscribió, como sí ha sucedido en otras ocasiones. La “iniciativa preferente”, por ejemplo, fue producto de una iniciativa presentada por un diputado de Nueva Alianza, pero avalada por el Gobierno del Estado. Si el funcionamiento del Congreso fuera menos atrasado, tal vez el 51 bis no hubiera llegado a las páginas del periódico oficial.
Este precedente confirma varias ideas sobre el desarrollo político de Sinaloa y perfila algunas alternativas. Una es que los cambios y la defensa de los derechos políticos y civiles en Sinaloa seguirán viniendo de fuera, ante la sólida raigambre conservadora de la clase política sinaloense, predominantemente priísta. La otra es que esos cambios son insuficientes en el marco del federalismo, lo que torna indispensable la ampliación del pluralismo político local. Con la misma mayoría en el Congreso seguirá el atraso político. Y los retrocesos.
