mayo 11, 2021 2:55 PM

Acusa ganadero al MP contra abigeato de pedir dinero a cambio de impunidad

DARÍO MARTÍNEZ GARZÓN. Justicia el mejor postor.
DARÍO MARTÍNEZ GARZÓN. Justicia el mejor postor.

El ganadero Darío Martínez Garzón, de 69 años, denuncia que Cuauhtémoc Conde García, Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en el Delito de Abigeato, en la Zona Sur, le pidió de 10 a 12 mil pesos para que no procediera una demanda penal en su contra y como no se los dio, lo metió a la cárcel por el supuesto delito de robo de una mula.
“El seis de este mes acabo de salir de la cárcel a causa de una mula que yo trato, y que me sacan que yo me la robo la mula y se salió a comprobar que era un mentira, la mula no era robada sino que yo la compro”, argumenta.
Para Martínez Garzón, originario del poblado Cacalotán, Sindicatura de El Rosario, Sinaloa, dado el proceder de Conde García, existe la firme sospecha de que su contraparte, Ernesto Martínez Garzón, de 59 años, le está dando dinero al funcionario para que le cumpla el capricho de encarcelarlo.
También acusa a José Francisco Contreras, Juez Mixto de Primera Instancia de El Rosario, de beneficiar con su veredicto a Ernesto Martínez Garzón.
Los presuntos operadores del encarcelamiento del ganadero acusado del supuesto delito de abigeato, el 22 de diciembre de 2013, fueron Juan Carlos Vargas García y Federico Francisco Estrada Coronado, secretario de acuerdos y proyectista, respectivamente, del Juzgado Mixto de Primera Instancia de El Rosario.
El oficio número 2835/2013, expediente 88/2013, del ramo penal, fue dirigido al titular del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán.
“Adjunto al presente remito a usted copias fotostáticas debidamente autorizadas del auto de formal prisión, dictado el día de hoy en contra de Darío Martínez Garzón, como probable responsable en la comisión del delito de abigeato, en prejuicio de patrimonio económico de Zacarías Martínez González”, reza el documento.
Según Darío Martínez Garzón, la “mentira” del robo de la mula fue solo un pretexto de su hermano Ernesto Martínez Garzón, para encarcelarlo, con la colusión de Cuauhtémoc Conde García y José Francisco Contreras, Agente del Ministerio Público y Juez Mixto de Primera Instancia.
Zacarías Martínez González, quien aparece en la denuncia penal, es hijo de Ernesto Martínez Garzón, quien tiene demandado a Darío Martínez Garzón, a raíz de que el padre de ambos, José Martínez Rivera, antes de morir cedió los derechos ganaderos a éste, mientras aquél, encolerizado porque su progenitor no lo favoreció con la herencia, reclama los mismos derechos.
El afectado muestra un documento notarial dirigido a la Asociación Ganadera Local de El Rosario, en el que su padre le cede los derechos ganaderos.
En la fe notarial, fechada el 22 de marzo de 1988, el finado José Martínez Rivera manifiesta: “he cedido los derechos que me corresponden respecto al fierro anotado al margen de la presente, a favor de mi hijo Darío Martínez Garzón”.
“Ellos (sus acusadores) estaban diciendo que como eran hijos de José Martínez y tienen el mismo derecho que yo; en cierta forma lo pueden tener, pero legalmente soy heredero”, comenta.
El desacuerdo de Ernesto Martínez Garzón ha desatado un acoso contra su hermano al grado de embrollarlo legalmente simulando el robo de un becerro, con el objetivo de meterlo a la cárcel, pero como Darío Martínez Garzón documentó legalmente ser el propietario del mismo no pudieron encarcelarlo.
“Lo de la mula solo era un pretexto para encarcelarme, por lo otro, como no me pudieron encerrar por lo del becerro, porque salió a relucir que era mío”, recuerda.
Darío Martínez Garzón señala que el hecho de que el Juez Mixto de Primera Instancia de El Rosario y el titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en el Delito de Abigeato en la Zona Sur, se hayan prestado para encarcelarlo, conociendo la fe notarial que lo acredita como dueño del ganado, los pone bajo sospecha de vender la justicia al mejor postor.
El ganadero agraviado es propietario de 39 vacas, y la semana pasada la Asociación Ganadera Local le avisó que el magistrado amenazaba con cancelarle las “guías”, documentos legales para vender las vacas al rastro.
“Yo no sé con qué documentos me va a cancelar las guías el juez”, reprocha.
Darío Martínez Garzón teme que por la conducta parcial de las autoridades encargadas de impartir justicia, las cosas lleguen al nivel de solucionarse mediante la violencia física, porque ya ha recibido amenazas de muerte.
“Ya se lo dije al Juez del Juzgado que ordenó poner en posesión del ganado al ‘albacea’ Ernesto Martínez Garzón, que lo que estaba provocando es que las cosas se arreglaran a otro nivel, ya que no me quieren dar la razón como debe de ser”, advierte.
—¿Usted cree que los funcionarios estatales no imparten justicia a cambio de dinero? —se le pregunta al ganadero.
—Exactamente. Antes que me detuvieran la última vez, yo fui con las autoridades de Culiacán a decirles lo que estaba pasando con Cuauhtémoc Conde. Les dije entre otras cosas que se ha defraudado a gente que ha pedido justicia, porque han detenido a gente y los han soltado por medio de dinero.
 —¿Así se maneja Conde García?
—Sí. No, no, cállese la boca, hay muchas quejas en contra del funcionario.
 —¿La gente que han soltado es de Cacalotán?
—No, son de los poblados de La Rastra, Agua Verde y El Roble.
Una fuga inolvidable
Cuauhtémoc Conde García fungía como director del penal de Mazatlán, cuando el 14 de noviembre de 1989 se fugaron 97 reos por un túnel de aproximadamente 30 metros de largo, que desembocaba como a tres metros de distancia de la barda perimetral, rumbo al norte del presidio.
Fue detenido por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), junto con personal del entonces Centro de Readaptación Social (CERESO). Denunció que durante el tiempo que estuvo detenido en las instalaciones de la PGR fue torturado para que se declarara culpable e inculpara a otros funcionarios.
Se especulaba que el narcotraficante Manuel Salcido Uzeta, el Cochiloco, mediante sus operadores había pagado una millonada de pesos, para que con la “finta” del estrecho túnel salieran por la puerta grande, principalmente, sus dos sobrinos que presuntamente estaban presos.
“Por el túnel nomás salió la ‘tacuachada’ y los jefes por la puerta”, se sabría después.
Aparentemente, Conde García al sentir que sus derechos humanos habían sido violados por las propias autoridades, tuvo una crisis nerviosa e intentó suicidarse arrojándose por unas escaleras de la PGR.
Lo llevaron a curar al Hospital Naval, y al pie de una cama donde el funcionario convalecía, los reporteros le preguntaron que si después de la experiencia vivida le quedarían ganas de trabajar para el Gobierno del Estado.
“Prefiero trabajar aunque sea de paletero, no tomaron en cuenta, para nada, mi comportamiento en el servicio público”, respondió.
 

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