Poder legislativo: la podredumbre política, dice Guillermo Ibarra
Más allá de violentar derechos constitucionales, al coartar la libertad de expresión y el acceso a la información, la legislación e inmediata derogación —vía presión social— del artículo 51 Bis, evidenció una descomposición política en el Congreso del Estado de Sinaloa.
Aunque no se aleja de lo que ha venido sucediendo en las últimas décadas, en el episodio de la polémica “Ley Mordaza”, la 61 legislatura destruyó su poca credibilidad al revelar un Congreso donde no existe oposición al Ejecutivo, consideró el doctor en Economía y director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS, Guillermo Ibarra Escobar.
“Son simples apéndices del Ejecutivo”, enfatizó el catedrático.
En un análisis de la 61 legislatura en el “banquillo de los acusados”, llevada ahí por el reclamo de los medios de comunicación y la sociedad organizada, Ibarra Escobar destaca la pérdida de contrapesos políticos y la sumisión de partidos que históricamente eran opositores al gobierno.
Mario López Valdez, llevado a la gubernatura de Sinaloa por la coalición de Acción Nacional, PRD, PT y Convergencia, es hoy un gobernador respaldado por el PRI y con el resto de los partidos a su disposición, señala el investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
“En lugar de advertirse cambios, se perdieron los contrapesos, el PRI sigue obedeciendo al gobernador, como si el gobernador fuera puesto por el PRI y los que antes eran opositores, son paleros del gobernador, es decir, estamos peor que antes. Esta legislatura es una de las grandes calamidades institucionales y políticas en Sinaloa, si lo vemos desde una perspectiva histórica”, indica.

“Ni ahora, ni nunca”.
En receso legislativo, la Diputación Permanente sesionó el pasado martes 19 de agosto con sólo tres puntos en la orden del día: dar lectura a tres iniciativas para derogar el artículo 51 Bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia.
En la explanada del Congreso del Estado aparecieron las lonas con la frase “ni ahora, ni nunca”, las cartulinas, las cámaras y micrófonos colocados en el piso y una decena de periodistas y representantes de asociaciones de comunicólogos, dispuestos a refrendar su rechazo a una ley que daba marcha atrás.
Presentada por el Ejecutivo estatal, la llamada “Ley Mordaza” fue enviada con carácter preferente en base al artículo 45 de la Constitución Política de Sinaloa, el cual establece que por cada periodo ordinario de sesiones, el Gobernador podrá presentar hasta dos iniciativas con carácter preferente, que deberán ser votadas por el Pleno en un término máximo de 10 días.
Sin embargo, el 51 Bis se derogó con la misma celeridad con la que fue aprobada.
En la exposición de motivos de la nueva iniciativa del Ejecutivo, que ahora buscaba derogar la anterior, el Ejecutivo explicó que el artículo 51 Bis tenía la intensión de facilitar la labor de los medios de comunicación, al proporcionarles boletines de prensa con la información de seguridad. Y se limitó a justificar la derogación del artículo a partir de las manifestaciones de inconformidad que expresaron los diferentes sectores de la sociedad, entre ellos los periodistas.
“Reafirmando el compromiso del Ejecutivo Estatal con los medios de comunicación y reconociendo que se les deben dar todas las facilidades que la ley permita para el adecuado desempeño de su trabajo, se buscó garantizar a través de la Ley, que la Procuraduría de Justicia del Estado ofreciera información a través de boletines de prensa y se especificó que el responsable de autorizar los informes era el Procurador”, señala el documento.
Ese mismo martes, en una protesta simbólica, el presidente de la Asociación de Periodistas 7 de Junio, Gabriel Mercado Guerrero, solicitó el acceso público a la sala de juntas donde las comisiones discutirían el dictamen para la derogación.
A partir de ahí, los medios de comunicación estarían puntuales, vigilantes de todo el proceso llevado a cabo a lo largo de la semana para derogar y publicar de inmediato en el Periódico Oficial del Estado la absoluta aniquilación del controvertido artículo.
Para el jueves 21 de agosto, tres semanas después de su legislación, la polémica Ley Mordaza fue sepultada por los mismos diputados que la habían aprobado sin siquiera leer, como algunos admitieron.
Podredumbre institucional.
“La pudrición legislativa está ahí y no va a desaparecer con la derogación del 51 bis”, advierte el catedrático, Ibarra Escobar.
El especialista en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México señala la ausencia de una agenda legislativa que atienda la problemática real y urgente en Sinaloa.
Con un estado sumido en una crisis de crecimiento económico, creciente pobreza e inseguridad, finanzas municipales en quiebra, sistemas de salud obsoletos y un déficit enorme en educación publica, el Poder Legislativo parecería estar conformado por políticos insensibles, considera Ibarra Escobar.
Si bien, el ejercicio político Compromisos por Sinaloa, donde las ocho fuerzas políticas anunciaron un trabajo en colaboración para dar forma a la reforma de Estado, podría advertirse como un ejercicio correcto, hasta el momento no se avizora un resultado claro, señaló el especialista.
“Frente a nuevos problemas más graves debiera haber un conjunto de reformas institucionales para enfrentarlos y una clase política con nueva mentalidad, pero entonces, estamos con problemas más graves y una clase política más caduca, más obsoleta y más corrupta. Y esa combinación es la que explica que haya este tipo de cosas”.
“Sólo cuando hay un extravío tan grande, un Congreso y un Gobernador pueden aprobar una ley que ni 24 horas tardó para que explotara”, enfatizó.
—¿Cuál es el destino más grave al que podríamos llegar con esta podredumbre política que usted señala?
–—Lo más grave que pudo haber sucedido no ocurrió y es que los medios hubieran aceptado eso, es esperanzador que haya habido esta unánime respuesta de los medios y que esté el Congreso en el banquillo de los acusados. Si tenía una minima credibilidad, este Congreso quedó en absoluto descrédito. Lo peor que pudo haber ocurrido es que no hubiera habido una respuesta tan fuerte como la que hubo, porque podrían seguir legislando para mantener un estado dictatorial, intimidatorio contra el ciudadano, pero no ocurrió.
“¿Qué sigue?”, apunta Ibarra Escobar.
“Vamos a ver lo que está sucediendo con estas precampañas para gobernador fuera de la ley, la desfachatez absoluta, esta supuesta campaña de Heriberto Galindo regalando cosas. Esto habla de un vacío de autoridad. Se está creando un peligroso vacío de poder”, destaca.
A tres años y medio de la administración malovista, Ibarra Galindo describe a un gobernador que tiene un auto de lujo pero aún no se enseña a manejarlo.
Paradójicamente, mientras López Valdez tiene el control del Congreso, se debilita la vieja cualidad, considerada como un indicador de fuerza, de imponer a su “favorito” en la sucesión política.
“No significa que Malova sea mano blanda, sino que sociológicamente el gobierno es débil, es incapaz de controlar poderes fácticos, hay un vacío de autoridad, hay incumplimiento de la ley, no significa que estamos viviendo un caos, simplemente no vivimos una normalidad democrática”, enfatiza.
Para el director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, el panorama político en Sinaloa no es esperanzador, a dos años y medio de distancia del proceso electoral para la gubernatura, no se advierten relevos generacionales, ni reestructuras en los partidos.
Al contrario, la clase política y las instituciones gubernamentales, a decir de Ibarra Escobar, gobiernan en medio de una “inmundicia institucional”.
“Siempre que hay agresiones a la prensa en términos masivos y en más en términos legales, eso es síntoma inequívoco de descomposición política”, concluye.
 

Borrón y cuenta nueva

Andrés Villarreal
Media hora, sin debate, ni siquiera oradores. Los diputados mejor se guardaron en la ostra. El tema, llevado a los titulares de los medios de información, incluso a la calle con manifestaciones, no mereció por ninguna fracción parlamentaria fijar posicionamientos.
Eso sí, el dictamen para derogar el artículo 51 Bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia, estaba perfectamente cuadrado. Ahora sí se leyó y releyó antes de llegar al pleno. No quedó un cabo suelto. Si alguien revisara dentro de 20 años el diario de los debates del Congreso de Sinaloa, no encontrará nada, porque solo estará archivado el dictamen de derogación, sin debate.
Y si al legislativo le bastaron 30 minutos, el ejecutivo lo resolvió en 15. Echó a andar la imprenta y el jueves mismo, horas después de que por votación unánime de los 37 diputados asistentes se derogó el artículo 51 bis, ya estaba calientito como el pan el Periódico oficial. Gerardo Vargas, el Secretario de Gobierno posó para la foto con un ejemplar.
Entonces, el mismo jueves, como por arte de magia: ahora está, ahora ya no está. El conejo en la chistera, desapareció.
¿Dónde aparecerá el conejo?
La conferencia de prensa, posterior a la derogación, duró tanto tiempo como la sesión. Y la pregunta con diferentes variantes era la misma: como en todo truco de desaparición, la magia se completa cuando el conejo vuelve a aparecer. La cuestión es si el Congreso legislará, nuevamente, en materia de regulación de medios.
La misma duda surge desde las asociaciones de comunicadores, y de las organizaciones civiles que acompañaron la movilización para la derogación del 51 bis.
En la conferencia los diputados no la resuelven con contundencia. Se comprometen a que cualquier reforma que implique a medios de comunicación, será consultada con los implicados. Nada más allá.
El presidente de la Junta de Coordinación Política —y líder de la mayoría priista— Jesús Enrique Hernández, se hizo acompañar del Presidente de la mesa directiva, el panista Adolfo Rojo, y la perredista Imelda Castro. Pero solo habló Hernández Chávez: “Actuamos con inmediatez ante la protesta” —dijo— por “esta inadvertencia… No hay justificación de lo que pasó”.
En las reuniones previas de las fracciones parlamentarias, el tema de la derogación del 51 Bis dejado como pendiente previo a las vacaciones de los diputados que no coinciden con las de los burócratas y el gobernador, apenas si se tocó. Dicen diputados que estuvieron en las reuniones del pasado martes por la mañana, cuando en periodo extraordinario se le dio primera lectura a las iniciativas, que los legisladores se dieron la bienvenida y de la derogación no fue necesario ponerse de acuerdo. Al final, tácitamente se acordó que nadie hablaría, que la sesión pasaría como de trámite para darle borrón al asunto.
¿Y ahora qué?
Según el dictamen para la derogación, basado en tres iniciativas para eliminar de la Ley Orgánica de la Procuraduría el 51 Bis, “ya están reguladas las prevenciones relativas a preservar el lugar de los hechos consecutivos de una conducta típica y antijurídica, así como la protección a las víctimas.”
Y cita como ejemplos el Código Nacional de Procedimientos Penales, en especial “las obligaciones del policía”, y la cadena de custodia y los responsables en ella. También los “derechos de la víctima u ofendido” y los “derechos del imputado”. Igualmente cita el dictamen artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública, en referencia a la información reservada en materia de seguridad pública.
El dictamen que acompaña a la derogación concluye que el tema ya estaba y ya está legislado y que no era necesario el artículo 51 Bis.