Aunque especialistas legales han descartado que los cargos de abuso de poder contra el gobernador de Texas, Rick Perry, tengan peso, éste contrató a un equipo de prestigiosos abogados para defenderlo, los cuales fueron presentados este lunes.
Las acusaciones se desprenden de los esfuerzos del gobernador para obligar a la procuradora del condado de Travis, Rosemary Lehmberg, a renunciar a su cargo, tras ser detenida por conducir en estado de ebriedad.
Un juez estatal ordenó este lunes que el gobernador comparezca el próximo 29 de agosto para ser instruido de los cargos, aunque bajo las leyes de Texas, Perry no está obligado a estar presente y puede hacerlo a través de sus abogados.
LOS CINCO ABOGADOS DE PERRY
La defensa de Perry será encabezada por el abogado Tony Buzbee, de Houston, que ha estado involucrado en varios casos de alto perfil y que en 2009, obtuvo el mayor veredicto emitido hasta ahora en contra de British Petroleum.
La defensa también incluye al abogado Ben Ginsberg, quien fue asesor legal de las campañas del presidente George W. Bush de 2000 y 2004 y lo representó en el recuento de Florida, y fue abogado de la campaña presidencial de Mitt Romney en 2012.
El equipo incluirá además a Bobby Burchfield, quien ha argumentado casos ante la Suprema Corte de Estados Unidos y fue asesor jurídico de la campaña del presidente George H.W. Bush en 1992.
Otro integrante de la defensa del gobernador será el exmagistrado de la Suprema Corte de Texas, Tom Phillips, y David L. Botsford, quien ha conducido el caso en las últimas semanas.
DESDE INICIOS DE AÑOS SURGIÓ LA CONTROVERSIA
Las acusaciones contra Perry comenzaron a ser evaluadas por un gran jurado a principios de este año, a raíz de una queja ética según la cual, el gobernador abusó de su poder de veto al cortar recursos para la unidad de lucha contra la corrupción en el estado.
La medida ocurrió luego que Lehmberg se negara a renunciar a su cargo, como le pidió Perry, tras ser arrestada en abril de 2013 por conducir ebria, cargo del que la funcionaria se declaró culpable y por el que fue sentenciada a 45 días de cárcel.
Perry vetó la entrega de 7.5 millones de dólares en fondos estatales a la oficina de la procuradora a menos que Lehmberg, de filiación demócrata, al indicar que “la persona encargada de la responsabilidad última” por esos recursos había “perdido la confianza del público”.
Aunque el primer cargo contra el gobernador, por abuso de poder, conlleva una pena potencial de cinco a 99 años de prisión y el segundo cargo tiene una posible condena de dos a 10 años, expertos legales desestiman que puedan sostenerse.
Mark Jones, politólogo de la Universidad de Rice en Houston, dijo que el caso contra Perry no es sostenible, sino “que es más un inconveniente político”.
Tomado de Eje Central.
