junio 15, 2021 8:30 PM

“… y está contemplado ahí”

MARCHA. Periodistas contra la “ley mordaza”.
MARCHA. Periodistas contra la “ley mordaza”.

En la sesión del miércoles 30 de julio pasado, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó, entre otros cuerpos normativos relacionados con el sistema acusatorio, reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia.
En ellas se incluyó el ahora infame artículo 51 bis, en el cual se estableció que:
Los medios de comunicación sólo tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la PGJ.
No se autorizará a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni al manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia.
Ningún funcionario de la PGJ dará informes respecto de algún asunto a los medios de comunicación sin autorización del Procurador.
Sólo la víctima, el ofendido y el imputado tendrán acceso a los registros de la investigación.
La ola de protestas que se generó a raíz de la aprobación de estas reformas tomó desprevenido al gobierno estatal, el cual no esperaba una reacción de esta magnitud.
El fiasco de la mordaza empezó, con toda seguridad, en la idea gestada por alguien que encontró en los periodistas, los obstáculos que impiden que llegue a los ciudadanos la información “correcta” en materia de seguridad, tal cual la concibe el gobierno.
El problema se complicó de tal manera que el ejecutivo estatal operó con rapidez para dar marcha atrás a la recién aprobada reforma.
De acuerdo con información del portal de noticias Café Negro, el pasado 5 de agosto en Los Mochis, el gobernador Mario López Valdéz afirmó: “El Código Nacional de Procedimientos Penales ya está en vigencia y está contemplado ahí las restricciones para proteger la escena del delito; no es una ley que haya implementado ni el Congreso, ni Gobierno del Estado; ya está. Son leyes que estamos obligados todos a respetar…”
En realidad, el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) se refiere a los periodistas y los medios de comunicación en relación con su acceso a las audiencias, como parte del principio de publicidad previsto por el artículo 20 constitucional.
Al respecto establece que los periodistas pueden acceder a las audiencias con las condiciones que fije el juez, para lo cual deberán informarle de su presencia a efecto de ubicarlos en un lugar adecuado. Aunque tienen prohibido grabar y transmitir la audiencia.
El CNPP nunca se refiere a la presencia o labor de los periodistas en la escena del delito. Fija, en cambio, reglas generales para preservar el lugar de los hechos, conservar y procesar los indicios.
Al hacerlo, trata el tema dentro de las obligaciones del Ministerio Público o el Policía, el objeto de la investigación o la cadena de custodia, pero nunca, insisto, como restricción al trabajo periodístico.
Como tampoco se refiere el CNPP a limitar la interacción entre medios de comunicación y funcionarios de la Procuraduría General de Justicia sólo a los boletines de prensa oficiales. Y mucho menos establece prohibiciones a estos mismos servidores públicos para dar informes sobre los asuntos a los periodistas.
El único punto donde coinciden el malogrado artículo 51 bis y el CNPP es en la reserva de los actos de investigación, a cuyos registros sólo pueden acceder el imputado o su defensor. En otras palabras, la carpeta de investigación, como ahora ocurre con la averiguación previa, está protegida por un deber de reserva que impide que personas ajenas al asunto accedan a la información que contiene.
Por último, el CNPP al establecer las excepciones al principio de publicidad, no contempla los supuestos que propone el 51 bis. En conclusión, insinuar que el artículo “mordaza” se propuso con el propósito de armonizar las leyes estatales con el Código Nacional, es sostener una falacia.
Si no te hizo bobo Jacobo, paisano, que no te haga boba Malova, paisana.

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