Nelda Ortega/ Mazatlán
Arturo Santamaría Gómez ve factible que desde la sociedad civil se cree una agenda con propuestas para el ejercicio legislativo que la beneficien y fortalezcan.
El jueves 7 de octubre, periodistas sinaloenses, organismos civiles y políticos marcharon de manera simultánea en cinco ciudades de Sinaloa para manifestar su rechazo a la llamada “Ley Mordaza” propuesta por el gobernador Mario López Valdez, y aprobada, sin revisar, por el Congreso del Estado.
La reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado criminaliza la labor periodística y la limita a depender del boletín oficial para divulgar los hechos delictivos.
Entrevistado en el recorrido que se realizó del monumento al Pescador a la explanada Sánchez Taboada, el catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa indicó que los periodistas, así como se organizaron para la manifestación, podrían organizar una serie de reuniones y debates para hacer propuestas relacionadas con la reglamentación del derecho a la información.
“Creo que sí podría ser, y sería un esfuerzo mayor, porque digamos, esta marcha es muy importante, pero es más fácil que reunirse con un orden y consistentemente para elaborar propuestas en las que estén de acuerdo y coincidan, que favorezcan a la sociedad y no que la debiliten, y las universidades y el gremio periodístico pudieran presentarlas”.
El Congreso del Estado y las autoridades no tendrían porque no permitirlo, agregó.
“No tendrían ningún derecho a impedir que nos reuniéramos quienes tenemos interés en esto, otra cosa sería que hicieran caso de lo que ahí se proponga, pero por lo menos la sociedad y el poder legislativo podrían darse cuenta que hay gente que sabe más de esto, que tiene un real interés, que lee y que es más responsable, ojalá que esto pudiera hacerse”, asentó.
En la inédita manifestación pública que unió a los medios de comunicación a salir a las calles a gritar el repudio, Santamaria Gómez dijo que el mensaje enviado es que no se atrevan a atentar contra las libertades de información de una sociedad, porque la defensa de los medios de comunicación es la defensa de las libertades de una sociedad, no tan solo de un grupo de empresas, de profesionistas o de informadores.
Señaló que esta reforma “es contra un derecho humano gravísimo, es inconstitucional de parte del Gobierno del Estado y de los legisladores, de quien lo propuso y de quien lo aprobó y se tienen que retractar necesariamente”.
—¿Por qué cree que el gobierno tiene interés de controlar a los medios de comunicación?
—Pues yo arriesgué la hipótesis de que finalmente salió del aparato de seguridad del gobierno que ha sido acusado muchas veces de complicidad con los delincuentes, de que pudo haber salido de ahí, porque finalmente se va a desenmascarar a un grupo de funcionarios que con frecuencia actúa por fuera de la ley.
—¿Es una manera de protegerse?
—Sin duda, sin duda de proteger a gente cómplice con individuos que actúan por fuera de la ley, esa es mi lectura, no he visto que otros digan eso.
Hay diferentes opiniones de que todo tipo de libertad necesita una reglamentación, un encauzamiento, que finalmente la libertad tiene una aplicación concreta en un contexto específico, y en eso estoy de acuerdo, sí se deberían reglamentar algunos aspectos de la libertad de opinión, pero nunca tratando de limitar la libertad de información, indicó.