Desde los primeros meses del año, José Iván Chao Llanes era vigilado por elementos de inteligencia de las Fuerzas Armadas; seguían sus pasos para obtener información sobre sus vínculos y operaciones a favor del Cártel del Golfo, porque sabían que era un sicario en pleno ascenso.
Las semanas siguientes comprobarían que se trataba de un “líder integrante del primer nivel encargado de la plaza de Tampico”.
La información obtenida por este seguimiento y al que habían sometido a otros capos, además de los datos proporcionados por la DEA, había permitido al gobierno federal implementar en mayo en Tamaulipas la llamada Estrategia de Seguridad, con la que pretendían retomar el control territorial a partir de la vigilancia de la zona y con golpes quirúrgicos para desactivar a los líderes regionales.
Tenía unos días esa operación en la entidad y algunos de los líderes, como José Iván Chao se movilizaron a toda prisa de la zona y adoptaron un bajo perfil, pero siguieron bajo vigilancia. Aunque inesperadamente en el caso de Chao Llanes los agentes tuvieron que abortar la operación, porque el 12 de mayo agentes federales de investigación de la PGR  adscritos al Aeropuerto de la Ciudad de México lo detuvieron.
Lo que primero pensaron era un error, después descubrirían los agentes de inteligencia que se trataba de una extorsión, cometida por los funcionarios federales.
Al bajar de un vuelo nacional, al presunto líder fue detenido por tres elementos federales, uno de ellos exmilitar y los otros dos abogados: el capitán Jaime Bautista Olea, Manuel Sagahon Dávila e Isidro Martínez Encina. Le dijeron en ese momento que había una orden de localización en su contra y lo llevarían a las instalaciones de la agencia en Azcapotzalco, pero nunca llegó, su destino fue un cuarto de hotel.
Ayer, en conferencia de prensa. Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, dijo que el líder del Cártel del Golfo declaró que “un grupo de policías, a quienes reconoció mediante fotografías, lo amenazaron y lo llevaron a un cuarto de hotel, temiendo que lo entregaran al grupo contrario, y para salvar su vida les ofreció 5 millones de pesos, dinero que pidió vía telefónica y que le fuera llevado al mencionado hotel. Al amanecer del día siguiente y al entregar el dinero, los elementos de la Procuraduría en un motel cercano, fue dejado en libertad”.
Por esa razón, el capitán del Ejército y los abogados fueron ya detenidos, separados de sus cargos y sometidos a arraigo mientras se investiga más a fondo, para después ser consignados.
Además, todo el personal de la Agencia adscrito al aeropuerto fue removido a otras áreas de la PGR, ante la pérdida de confianza.
Jaime Bautista Olea
Es Capitán Segundo del Arma Blindada del Ejército Mexicano. Estudió en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. De 1986 a 1999, se desempeñó como Oficial del Ejercito Mexicano en la Dirección del Arma Blindada de la Secretaría de la Defensa Nacional.
De diciembre de 1998 a Agosto de 1999, fue Agente de Seguridad de Comercial Mexicana y del 2000 al 2001 fue jefe de escolta de Employee Outsourceing Group, y del 2001 al 2002 fungió como instructor del Instituto Profesional en Informática.
Ingresó como policía Judicial adscrito a la Agencia Federal de Investigación en el Distrito Federal el 16 de septiembre de 2002. En 2006 cambió su puesto a Agente Federal de Investigación en la Dirección General de Despliegue Regional Policial en Guadalajara, Jalisco. Tenía un ingreso anual de 166 mil 805 pesos.
Al año siguiente se incorporó a la Jefatura Regional en el Estado de Jalisco, subsede en Ciudad Guzmán. Fue enviado a Tijuana en 2008 como parte de la Jefatura Regional de Baja California.  Para 2009 y hasta el 2012 formó parte de la Jefatura Regional en Guerrero, estando en sedes como Iguala, Chilpancingo y Acapulco.
En 2013 ya era suboficial de la PGR, de la Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, y se encargaba de la investigación de delitos, llegó a ganar 321 mil 760 pesos anuales, de acuerdo a la última declaración patrimonial.
Manuel Sagahon Dávila
Estudió Derecho en la Universidad del Golfo de México y de 2001 al 2003 fue asesor jurídico de la Cámara Nacional de Comercio. Ingresó a la PGR el 1 de julio de 2003, como policía judicial adscrito a la Agencia Federal de Investigación en el Distrito Federal, donde realizaba funciones de inspección y vigilancia.
En 2005 trabajó como policía judicial en la Delegación de Ecatepec en el Estado de México, con un ingreso anual de 144 mil 609 pesos. Al año siguiente fue enviado al Distrito Federal.
Del 2008 al 2013 trabajó en Chilpancingo, Guerrero, como Agente Federal de Investigación con un salario que fue desde los 198 mil 463 pesos hasta los 274 mil 923 pesos anuales. En 2008, informó la compra de un vehículo marca Volkswagen modelo 2008.
En la declaración patrimonial del 30 de mayo de 2014, se señala que es Suboficial de la PGR adscrito a la Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales y sus funciones principales son la investigación de delitos y auxiliar del Ministerio Público.
Isidro Martínez Encina
Ingresó en 2001 a la Procuraduría General de la República, como Policía Judicial adscrito a la Agencia Federal de Investigación en La Piedad Michoacán.  En 2003 fue enviado a Morelia como parte del despliegue regional de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
En 2004, Martínez Encina fue enviado a Delegación Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal.  En 2005, fue designado a Nuevo Laredo Tamaulipas, mientras cursaba la Licenciatura en Derecho en una Universidad Abierta en San Luis Potosí. Sus ingresos anuales se incrementaron a 251 mil 673 pesos y reportó la adquisición, en 2002, de un vehículo Nissan, modelo 2001 por 50 mil pesos.
Del 2006 al 2008 fue Agente Federal de Investigación en el Distrito Federal, terminó la licenciatura en Derecho en el Instituto Universitario Valle de Santiago, en Saltillo, Coahuila. En ese último año reportó un ingreso de 316 mil 63 pesos, vendió su vehículo y compró un modelo 2007, de la marca Nissan.
En 2009 al 2011 fue adscrito a la Delegación Tamaulipas de la AFI, en Nuevo Laredo. Sus ingresos siguieron en aumento hasta alcanzar un salario anual de 475 mil 349 pesos anuales. En 2012 fue enviado a Cuernavaca, Morelos.
De 2013 a la fecha trabajó como Agente Federal de Investigación en el Distrito Federal, con un ingreso anual de 949 mil 80 pesos, de los cuales 257 mil 880 eran por cargo público y 691 mil 200 por actividad industrial o comercial, de acuerdo a su última declaración patrimonial.
Tomado de Eje Central.