Reculan ´Malova´y el Congreso: dan marcha atrás en la ´ley mordaza´

Diputados locales recularon en su idea de aplicar la llamada “ley mordaza” en Sinaloa y este viernes, dos días después de haberla aprobado por unanimidad, presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa para derogar el artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
“Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia”, reza el texto del artículo aprobado en la sesión extraordinaria del miércoles pasado.
En ningún caso, agrega, “se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni el manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia”.
El diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría priista, anunció que luego de las inconformidades de organizaciones ciudadanas y de periodistas en contra de esta nueva disposición legal, entregaron la iniciativa para que ésta sea abordada por la Diputación Permanente el 19 de agosto.
Después, se convocará al pleno a periodo extraordinario para discutir el dictamen, aprobar o rechazar, el 21 de agosto; será a finales de este mes cuando podría quedar derogado este artículo. Mientras tanto, los legisladores permanecerán de vacaciones y el decreto de las reformas a la Ley Orgánica de la PGJE ya fue publicado en el Diario Oficial del Estado el miércoles mismo en que fue aprobado por los diputados.
“Fueron días intensísimos, de fiscalización de cuentas públicas, de reformas para armonizar la constitución local al ámbito federal. Veinticuatro iniciativas en un plazo muy corto, de las cuales tenemos aprobadas 11… pero no es razón suficiente, no debe de repetirse, pero ocurrió. No debemos de fallar, nadie, en estas tareas importantes”, dijo Hernández, en un intento de autocrítica, pero también de justificación.
Insistió en que ellos son legisladores que escuchan y que en función de eso trabajan, que respetan la libertad de expresión, el trabajo de los periodistas y medios de comunicación y los derechos ciudadanos.
Lo cierto fue que recularon y lo hicieron luego de que la llamada “ley mordaza”, que para muchos criminaliza el trabajo periodístico y va en perjuicio de las víctimas del delito, fue aprobada sin revisión ni discusión, y que la reversa la meten los legisladores luego de las críticas en medios locales, nacionales e internacionales, y de condenas de organismos de defensa de los derechos humanos y de medios informativos de México y el extranjero, como Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
 
Muy tarde
 
Tarde se dieron cuenta los diputados de lo que habían aprobado a ciegas, sin leer ni discutir y por unanimidad: criminalizar y limitar el trabajo periodístico, y retroceder en materia de libertad de expresión y derecho a la información, no solo en perjuicio de los comunicadores y los medios, sino de las víctimas de la violencia y en general de la  ciudadanía.
Como algunos de ellos lo reconocieron, los legisladores ni siquiera leyeron la iniciativa de reforma al artículo 51 bis, de la Ley Orgánica de la PGJE. Dos semanas antes la iniciativa fue enviada por el gobernador Mario López Valdez y apenas este martes 29 fue leída ante el pleno. Al día siguiente fue aprobada por unanimidad y sin la menor discusión.
 
No la vimos
 

Jesús Enrique Hernández. "Nos descuidamos".
Jesús Enrique Hernández. “Nos descuidamos”.

Legisladores locales reconocieron que tenían un “chorro” de dictámenes que aprobar en esa sesión del miércoles —en la que aprobaron 11 dictámenes referentes a Compromisos por Sinaloa, además de otras iniciativas— y que no se dieron cuenta de lo que estaban votando.
“La verdad está muy estricto lo que se aprobó. Se suponía que el objetivo era lo de garantizar la presunción de inocencia y adecuar el marco legal local a lo que se tiene en materia federal, y uno confía en que viene revisado y pasó lo que pasó, la verdad. Ya cuando nos dimos cuenta, ya estaba votado. Ya lo habíamos aprobado”, manifestó uno de los diputados, quien pidió mantener el anonimato.
Silvia Miriam Chávez, diputada del Partido Nueva Alianza (PANAL), reconoció que votó el dictamen sin haberlo leído: “Yo no estoy acostumbrada a hacer una política de mentira, la verdad sí lo voté, la verdad no me di cuenta”, dijo ante los medios periodísticos este viernes.
Imelda Castro y Jesús Enrique Hernández Chávez, coordinadores de las fracciones de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, reconocieron que se habían equivocado.
Por la mañana, el gobernador, Mario López Valdez, había dicho que “no es la intención de su gobierno cometer excesos y mucho menos coartar el libre ejercicio periodístico en Sinaloa, sino por el contrario, propiciar condiciones para que se garantice un ejercicio libre y seguro”, y que si era necesario se modificaría el contenido.
 
 

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