junio 23, 2021 11:29 PM

Legislativo y Judicial sin transparencia

OSCURIDAD. Ausente o “parcial” la información mínima de oficio en la web.
OSCURIDAD. Ausente o “parcial” la información mínima de oficio en la web.

Poderes legislativo y judicial evaden difundir minutas, licitaciones y destinatarios de recursos públicos
En Sinaloa no hay quien tome en serio la ley de transparencia. Nadie la respeta cabalmente. Ni siquiera quienes la aprobaron. El poder legislativo no cumple en forma exacta y precisa, como mandata la ley, los 32 incisos informativos que está obligado a difundir. Para la Ceaipes cumple con 21, informa parcialmente con 9, y no cumple con dos.
El caso del Congreso del Estado parece contagiar a otros poderes. Es, por ejemplo, el caso del poder judicial, el cual cumple con poco menos de la mitad de la información mínima que “de oficio” debe dar a conocer sin que medie solicitud alguna.
Los resultados de las auditorías a las que han sido sujetos, la relación de personas físicas o morales a las que les han entregado recursos públicos, las minutas de reuniones de trabajo y la información sobre los convocatorias, licitaciones de obras, arrendamientos, entre otras, son solo algunos de los temas que tanto el poder legislativo como judicial, prefieren informar parcialmente, incumpliendo el mandato legal.
Con base en una revisión hecha por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIPES) a los portales de internet del poder legislativo y judicial al mes de junio de 2014, se encontró que ambos evaden dar la información, como señala la ley, sobre los resultados de todo tipo de auditorías hechas al ejercicio presupuestal. En ambos casos se encontró que la información está calificada como un cumplimiento parcial o a medias.
De acuerdo a la revisión realizada en junio, la CEAIPES registró que el Congreso del Estado difundía el resultado de las auditorías del segundo semestre del 2011 y del primer semestre de 2012, por lo que se les sugirió actualizar la información.
La ley de Acceso a la Información Pública en el Estado de Sinaloa señala en su artículo 13 en el capítulo II, la obligación de las entidades públicas de realizar actualizaciones a más tardar cada tres meses en relación a la información mínima de oficio que deben difundir.
En el renglón de auditorías, el poder judicial cumple de manera parcialmente con esta obligación informativa. Al hacerse la revisión de su página web se encontró que se publican auditorías realizadas al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Sinaloa de 2004 a 2012, realizadas por despachos contables, faltando las practicadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Tanto el poder legislativo como judicial no cumplen en forma exacta, como manda la ley el inciso “f” del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa : ”Relación a detalle de todas las personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, números de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron los recursos”.
El poder legislativo solamente difundía en su página institucional de internet la relación de pagos efectuados de enero a diciembre de 2012, pero no especificaba el concepto. Por lo anterior, la CEAIPES, conforme al marco legal, recomendó al Congreso del Estado actualizara su información al menos a febrero de 2014. La situación fue corregida agregando a su portal los datos en esta materia hasta junio del presente año.
Por su parte, el poder judicial también cumple parcialmente con este inciso. En la revisión de CEAIPES se encontró que la información sobre este apartado está contenida en la aplicación del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, pero no encontró información sobre el presupuesto asignado a esta entidad pública consignado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa.
“Se deberá desagregar dicha información del documento que se publica con la finalidad de que sea más accesible a las personas”, señala el informe de la CEAIPES.
El poder legislativo y judicial omite dar información completa sobre las convocatorias o concursos para licitaciones de obras. En este rubro se incluye por ley la obligación de difundir las adquisiciones que realizan, arrendamientos, prestaciones de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones.
En el caso del Congreso del Estado no se hacía referencia a la existencia o no de convocatorias para adquisiciones, prestación de servicios o arrendamientos. Por ello, la CEAIPES hizo el señalamiento de que en el rubro de “estados financieros” en el apartado de gastos denominado servicios generales, se incluyan servicios de arrendamiento, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros como el de comunicación social y publicidad. Tras lo anterior, el poder legislativo incluyó la licitación para construcción de cuatro edificios y la construcción de la vaya perimetral del edificio del Congreso del Estado, así como una licitación para la construcción de las instalaciones de la ASE y un anexo para el archivo histórico parlamentario. El portal no incluye ninguna información de 2014.
El poder judicial no se queda atrás en su opacidad en este rubro. Por ello la CEAIPES considera que la información se cumple parcialmente. Los escasos datos así lo muestran. No publica las convocatorias para arrendamientos, sólo una lista de nombres y el importe. A ello se suma que la información publicada corresponde al año 2011.
OCULTOS: Arrendamientos, compras, concesiones, permisos, convenios…
OCULTOS: Arrendamientos, compras, concesiones, permisos, convenios…

Las minutas de las reuniones de trabajos es otra de las omisiones tanto del poder legislativo como el judicial.
De acuerdo con la ley, el Congreso del Estado está obligado a difundir las minutas de trabajo de las comisiones, órdenes el día, puntos de acuerdo y resoluciones diversas tomadas en comisiones, por el Pleno de la Diputación Permanente.
El poder legislativo en este punto tiene un enlace o link al Diario de los Debate de las sesiones del pleno, así como al índice del mismo. Pero no existe información sobre la existencia o inexistencia de resoluciones tomadas en comisiones. La CEAIPES encontró en el portal institucional un apartado denominado “Resoluciones Diversas”, pero está deshabilitado. Por esto se le sugirió al Congreso del Estado publicar las minutas elaboradas en cada reunión de trabajo de toda y cada una de las 27 comisiones que integran el Poder Legislativo.
Por su parte el poder judicial cumple también parcialmente con la obligación de difundir las minutas de reuniones de trabajo. En su portal se exhiben las minutas de las sesiones plenarias de 2010 a mayo de 2014, pero las celebradas por el Consejo de la Judicatura están desactualizadas, ya que la más reciente data del 2 de julio de 2012.

Omisiones del Legislativo

Dos puntos que por ley son obligatorios difundir son omitidos por el Congreso del Estado. De acuerdo con la revisión de CEAIPES al portal de internet del poder legislativo, se registró que no hay cumplimiento en la agenda legislativa y en los manuales de organización.
De acuerdo con Ceaipes, el Congreso del Estado está obligado por ley a difundir la agenda legislativa. De acuerdo con la información del informe de la revisión analizada, ya que solamente se difunde la contenida en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2013 de la LX Legislatura, es decir, de la legislatura pasada.
Referente a los manuales de organización, para Ceaipes no cumplen con la normatividad, porque solamente se difunde un documento de cinco hojas denominado Plan de Desarrollo Institucional 2011-2013, referido a Proyectos Estratégicos. La comisión de acceso a la información sugirió que se incluya la leyenda “no se cuenta con manuales de organización”, que finalmente fue incluida recientemente tras el señalamiento.
En total, para la Ceaipes era nueve puntos de información mínima de oficio que se debe informar, pero que el poder legislativo cumplía de manera parcial.
Por ejemplo se cumplía parcialmente la normatividad que rige, por lo que se les recomendó se complementara la información con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento Interior del Congreso del Estado, y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; tras la recomendación esta última no fue incluida.
De acuerdo con la ley, el poder legislativo está obligado a difundir los informes de los organismos autónomos, descentralizados, y de participación estatal y municipal, una vez concluidos los procesos de revisión correspondientes. El hecho es que solamente lo hace a medias porque solamente difunde la información de la cuentas públicas de los entes públicos de 2008 a 2012, por lo que CEAIPES recomienda incluir la información de 2013.
Opacidad del poder judicial
De acuerdo con el marco legal vigente en materia de transparencia, el poder judicial está obligado a difundir de oficio las opiniones, expediente de datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes y servicios.
En la revisión, la CEAIPES encontró que se publican las convocatorias de licitaciones para adquisición y enajenación, sin embargo, no difunde el resultado o fallo. El poder judicial tampoco publica los convenios de prestación de servicios realizados con despachos contables para la realización de la dictaminación de los estados financieros del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado.
De acuerdo con información del portal web del poder judicial, durante 2013 fue de 447 millones 846 mil pesos. Durante ese año se remodelaron espacios físicos para albergar a los juzgados y oficinas, se adecuaron inmuebles por el cambio de domicilio de juzgados, además de la habilitación de un comedor.
En el documento de revisión se consigna el exhorto de la CEAIPES para que el poder judicial actualice su información o se manifieste sobre la existencia o inexistencia sobre los procesos de licitación, contratación y adquisición de bienes y servicios.
Los balances generales y el estado financiero son otros de los puntos que el poder judicial informa a medias, pese a que está obligado de oficio por ley. En su página web institucional solamente se difunden los estados financieros de 2006 a 2009, y no se publican los balances generales, por lo que la CEAIPES recomendó actualizar su información del Fondo Auxiliar de Administración de Justicia al mes de abril de 2014.
Entre las omisiones a la ley en que incurre el poder judicial desacata la obligación de difundir las sentencias relevantes con los respectivos votos particulares, si los hubiera y la jurisprudencia. La información que difunde es desfasada, solo se pueden encontrar sentencias relevantes en materia civil del 2009 y de la materia penal del 2007, 2008 y 2009. Por ello el informe de la CEAIPES indica que debe precisarse la existencia o inexistencia de sentencias relevantes en 2010, 2011, 2012 y 2013.
numes

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