Luego de diez años de espera en el Congreso del Estado, la Iniciativa de Ley Indígena en Sinaloa parece revivir.
Pero para el notario público Gonzalo Armienta Hernández, el resurgimiento del tema debe ser tomado con cautela. La iniciativa que se elabore, dice, debe contemplar aspectos que han sido eludidos durante la última década porque trastocan intereses económicos de políticos y grandes agricultores del Estado.
Coordinador de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Armienta Hernández asegura que una nueva iniciativa hecha al vapor por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pretende ser votada en el actual periodo legislativo dentro de la llamada Mesa “Compromisos por Sinaloa”, “solo para mostrar que ya cumplieron con un mandato constitucional, pero no estamos de acuerdo”.
“En todo caso que no se apruebe nada, agrega, porque está mejor la redacción del artículo segundo constitucional, que una iniciativa que ni siquiera contempla la participación política independiente de los pueblos indígenas”.
Entrevistado por Ríodoce, el doctor en derecho dijo que “la ley indígena siempre sale a relucir al principio de cada legislatura local, la ven con buenos ojos, pero rápidamente, por decisiones del gobierno, se envía de nuevo a la congeladora del Congreso cuando se dan cuenta de que implica repercusiones económicas importantes para los agricultores, como el otorgamiento de personalidad jurídica a los núcleos de población indígena asentados en el estado, aunque no sean nativos, como los mixtecos, zapotecos y triques”.
En 2004, la UAS elaboró y envió al Congreso del Estado una iniciativa de ley indígena en la que se obliga a que en todos los ayuntamientos donde haya asentamientos indígenas, haya uno o más representantes indígenas, pero designados de acuerdo a sus usos y costumbres, no de acuerdo a decisiones políticas de los partidos o al sistema que actualmente marca la ley electoral.
El catedrático universitario dijo que para la redacción de esta iniciativa se tomaron en cuenta las apreciaciones de un grupo importante de Mayos y de representes indígenas de Villa Juárez, Guasave y otros municipios del sur, a través de reuniones hechas en sus propios pueblos.
Desde entonces, a diez años de distancia, la legislatura estatal ha recibido seis iniciativas más: dos del PRI, dos del Partido Acción Nacional (PAN), una del Revolucionario Institucional (PRD) y una del Partido Sinaloense (PAS).
Armienta Hernández indicó que “los partidos políticos han hecho copias muy ligeras de leyes de otros estados de la República pero sin dar una participación directa a los indígenas en los ámbitos económico y político”.
“Todas las iniciativas presentadas son fundamentalmente asistencialistas, su objetivo es dar ayuda a los indígenas pero de acuerdo a las decisiones que en cada caso resuelva el estado, sin otorgarles patrimonio propio”, agregó.
—¿Cuáles son los temas que han sido eludidos en las nuevas iniciativas?
—Principalmente el que se refiere a la representatividad obligada de los indígenas en los Ayuntamientos y en el Congreso de acuerdo al número de habitantes; un presupuesto estatal administrado por los propios indígenas y no por el gobierno (que reparte con una visión partidista y electorera); reconocimiento jurídico de las poblaciones indígenas, independientemente de que sean originarias o no del estado; creación de centros de salud con traductores e intérpretes; espacio especial en los centros penitenciarios en donde haya traductores, debido al trato discriminatorio y a la explotación de que son objeto.
Dijo que “Se debe retomar el tema y realizarse foros para que participe toda la sociedad y se analicen todas las iniciativas, se mejore esa (la del 2004) con la inclusión de temas nuevos como el del nuevo sistema de justicia penal y el de equidad de género y se vote una ley incluyente y no otra que se palomeó en lo oscurito”.
El coordinador universitario indicó que con la aprobación de una ley que encierre todos estos aspectos “los indígenas estarían menos proclives a la explotación”, pues “en el campo sinaloense sigue habiendo condiciones insalubres, tiendas de raya, contaminación por plaguicidas y falta de atención médica y de escuelas”.
En espera del dictamen
Por su parte, la presidenta de la comisión de asuntos indígenas del Congreso del Estado, Nubia Xiclali Ramos Carbajal, confirmó que en un lapso de dos meses, el PRI registró una iniciativa de ley sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Sinaloa, la presentó, se le dio primera y segunda lectura, y ahora está en espera de dictamen.
La legisladora informó que esta iniciativa se registró en la mesa Compromisos por Sinaloa, justo después de la realización de foros con la participación de todos los gobernadores tradicionales del estado. “Estamos haciendo todo el cabildeo para que salga antes de que termine este periodo ordinario”, dijo.
—¿Qué aspectos diferencian ésta iniciativa de las otras seis?
—La diferencia es que se toman mucho en cuenta los programas federales que tienen que ver con los grupos vulnerables, y se le ha dado énfasis al desarrollo social como servicios de salud, vivienda, servicios básicos, interpretes, proyectos productivos, para un desarrollo integral.
—¿Incluye la representación política de los indígenas en el Ayuntamiento y Congreso?
—Ahí tendríamos que hacer una propuesta de modificación a la ley electoral estatal y municipal. Se va a hacer un planteamiento para que sea evaluado y ver en qué municipios hay población indígena.
—¿Se establece la participación política en esta última iniciativa?
—No está en la iniciativa, pero al momento de tener el dictamen se pondría la especificación en ese sentido.
—¿Cuál es la problemática principal de los indígenas?
—El problema principal de los indígenas es el de vivienda y servicios públicos en general, ya que la gran mayoría de las comunidades no cuentan con agua potable, drenaje y energía eléctrica. También necesitamos un plan integral turístico en el que den a conocer su alfarería.
Sin cifras
De acuerdo al Catálogo de Pueblos Indígenas 2010 realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en coordinación con el Instituto de Estadística e Informática (INEGI), en Sinaloa existen un total de mil 94 localidades indígenas en donde habitan alrededor de 53 mil 215 indígenas, entre población originaria y migrante que llega a laborar a los campos agrícolas de la entidad.
Sin embargo, el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México “El reto de la desigualdad de oportunidades”, dado a conocer por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) arroja que la población indígena en Sinaloa es de alrededor de 60 mil 21 personas, un 2.3% de la población total.
La publicación sostiene que a pesar de que desde el 2008 se destinan fondos a este sector dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, “no existe evidencia contundente de que estos recursos estén beneficiando a los indígenas, lo cual abre una brecha de análisis sobre la planeación eficiente y eficaz del uso de los recursos públicos. De aquí se deriva la importancia de incorporar a los pueblos y las comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre el destino y distribución del gasto que les es asignado”.
El estudio menciona que los pueblos y comunidades indígenas han sido “el grupo poblacional con mayor rezago y marginación” debido “no sólo al acceso diferenciado que han tenido a los bienes públicos, sino también a la discriminación y exclusión de las que han sido objeto.
Municipios con presencia indígena en Sinaloa, según INEGI y CDI:
