La crisis desatada por la ola de migrantes menores de edad que cruzan la frontera con Estados Unidos ha desatado las reacciones de los gobiernos involucrados, ciudadanos en pro y en contra, y organizaciones que piden el respeto a los derechos humanos de lo niños que huyen de la pobreza y la violencia de sus comunidades.
Al respecto el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó hoy a los países involucrados a tratar a los niños con dignidad y garantizar la protección de sus derechos. ”Creemos que es importante que los países traten a los migrantes con dignidad y garanticen que sus derechos bajo la legislación internacional sean respetados, especialmente cuando se trata de menores”, indicó en una conferencia de prensa Stéphane Dujarric, portavoz de Ban.
Muchos de los menores “escapan de la persecución y reclutamiento por parte de pandillas y otros grupos delictivos, de la violencia en sus comunidades y hogares y de la pobreza y desigualdad”, subrayó la ONU, que cita un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Por su parte activistas comunitarios en Los Ángeles pidieron hoy al gobierno de Enrique Peña Nieto respetar los derechos humanos de los menores centroamericanos que atraviesan su país. ”No podemos ser los centroamericanos migrantes de tercera clase”, dicen.
“No podemos ser hipócritas, México no puede exigir trato digno a sus migrantes en Estados Unidos, mientras no garantice el mismo trato a los miles de indocumentados centroamericanos que pasan por su territorio”, aseguró a Julio Cardoza, vocero de Casa Nicaragua; opinión que compartió Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (ASOSAL).
RESISTENCIA CIUDADANA
Mientras, residentes de Murrieta, en California, anunciaron que mantendrán el bloqueo de autobuses de la Patrulla Fronteriza cargados con inmigrantes detenidos en Texas luego de entrar ilegalmente a Estados Unidos.
Con el liderazgo del alcalde Alan Long, cientos de manifestantes mostraron su inconformidad y preocupación ante la decisión “no consultada” de las autoridades federales de procesar a los indocumentados en esa ciudad para luego liberarlos y que se reúnan con sus familiares en EU.
“Las acciones de la Patrulla Fronteriza están afectando la seguridad de Murrieta y creando un problema social que luego las autoridades de inmigración no ayudarán a solucionar”, dijo a Efe Beverly Cater, residente de la ciudad, de 104 mil habitantes.
Tomado de Eje Central.
