mayo 15, 2021 11:32 PM

¿Derechos sin paz?

“Los derechos humanos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos, permiten que las personas diseñen y ejecuten un proyecto de vida digna. Son inherentes e inalienables y corresponden a todas las personas sin distinción de sexo, género, preferencias sexuales, edad, discapacidades y consecuencias de una discapacidad anterior o percepción de alguna discapacidad presente o pasada, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, estado civil, raza, color, idioma, linaje u origen nacional, social o étnico, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
Esto es lo que afirma el diagnóstico contenido en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 presentado por el presidente de la República Enrique Peña Nieto, el pasado 25 de junio en Palacio Nacional.
El texto es una bonita concepción de una meta ideal, la construcción de una comunidad justa, igualitaria, democrática, libre, respetuosa, equitativa, educada, solidaria y libre de pobreza. Es un discurso político aspiracional. I have a dream.
“México, que sigue sumido en una dura guerra contra las drogas, cayó aún más debido a un aumento en el número de agentes de seguridad interna, ya que los indicadores relacionados con la delincuencia se mantuvieron estáticos en el último año. Sin embargo, a falta de cualquier cambio significativo en su estrategia de lucha contra la droga, el nuevo gobierno tendrá que luchar para reducir el nivel de criminalidad en el corto plazo.”
Esto es lo que afirma el Índice Global de Paz 2014 presentado por el Instituto para la Economía y Paz el pasado 18 de junio, según el cual México cayó al lugar 138 de 162 países.
En su sección dedicada a nuestro país, el Índice señala que los estados menos pacíficos son Morelos, Guerrero y Sinaloa. Aunque reconoce una disminución del 30% de la delincuencia organizada en todo el país, insiste en la ineficiencia del sistema de justicia y la extendida percepción de corrupción gubernamental que existe entre la ciudadanía.
Esta visión es compartida, en gran medida, por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Christof Heyns, quien presentó el pasado 12 de junio ante el Consejo de Derechos Humanos su informe sobre México.
Su informe considera que la falta de protección del derecho a la vida en nuestro país puede atribuirse a deficiencias en el sistema judicial, aumento de la actividad del crimen organizado, en particular el tráfico de drogas, falta de voluntad o de capacidad en la policía y los fiscales para investigar, desconfianza en el sistema judicial por parte de la ciudadanía y ausencia de rendición de cuentas.
Parece pues, que las miradas sobre México varían diametralmente entre aquellas que provienen de organismos internacionales y las producidas en nuestro propio país.
Por ello, es un buen indicador que el Programa Nacional de Derechos Humanos reconozca que uno de los mayores retos que enfrenta consiste en acortar la distancia entre la aceptación discursiva y la implementación práctica de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Y si en verdad el gobierno mexicano tiene “el firme compromiso de lograr un México en Paz en una sociedad de derechos”, el reto más grande que enfrentará es la cultura autoritaria tan arraigada entre muchos servidores públicos y ciudadanos en general.
El mito de que cuestionar a la autoridad es cosa de revoltosos cuasi traidores a la patria, que sólo buscan quebrantar la tranquilidad que deriva de los consensos artificiales, es una herramienta empleada por funcionarios que prefieren la opacidad y se niegan a rendir cuentas.
Y la opacidad, junto con la impunidad, son condiciones necesarias para que se desarrollen la corrupción y el abuso de autoridad. Por supuesto que este entorno no es favorable a una cultura de respeto a los derechos humanos.
Mientras el sistema político siga siendo diseñado y operado para imponer los intereses de un grupo de plutócratas por encima de las leyes, el tema de los derechos humanos seguirá siendo una aspiración eterna retroalimentada por la desigualdad reproducida, e incluso incrementada, por el propio sistema político.
Una manera de empezar a combatir estos problemas es restringir los ámbitos de impunidad. Por desgracia, el Programa Nacional de Derechos Humanos en su objetivo 4, fortalecer la protección de los derechos humanos, estrategia 4.1, fortalecer los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos, no contempla entre sus líneas de acción ninguna reforma en materia de responsabilidad por violación a derechos fundamentales.
Con ello se cancela, al menos de momento, la definición de un marco legal que establezca el acceso jurisdiccional para que los organismos públicos de defensa de los derechos humanos persigan violaciones a los derechos fundamentales. O bien que se genere un sistema que haga de la investigación y enjuiciamiento por estas violaciones un asunto de exclusiva competencia federal.
¿Medidas tibias para problemas profundos o cimentación de una cultura futura de respeto a los derechos humanos? ¿Tú qué crees paisano?

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