Puebla (LA JORNADA).- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) ordenó hace dos semanas el cierre de agencias del Ministerio Público (MP) en el interior del estado, con el argumento de que carece de capacidad presupuestal para mantenerlas, por lo que ciudadanos deben viajar hasta cinco horas a la capital de Puebla para interponer denuncias.
El problema se discutió este jueves al interior de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local, cuyos integrantes aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a los presidentes municipales a hacerse cargo del pago de servicios generales de los MP que operan en sus demarcaciones, con el fin de no dejar a los pobladores en estado de indefensión.
Los diputados dieron a conocer que tienen reportes de cierres de MP en las cabeceras distritales de Huachinango y Xicotepec, en la zona norte del estado, así como en San Martín Texmelucan, en la región centro-oeste de Puebla. Además, la prensa local informó el fin de semana pasado que existe el mismo conflicto en Zacapoaxtla, a la entrada de la sierra nororiental.
El diputado del Partido Acción Nacional, Francisco Rodríguez Álvarez, vocal de la Comisión de Procuración de Justicia, aseguró que la falta de recursos de la PGJ para mantener las agencias del MP en el interior del estado se debe a las erogaciones realizadas por la dependencia para implementar el nuevo sistema de justicia penal, que implica construir casas de justicia donde se efectuarán juicios orales.
La diputada priísta Silvia Tanús Osorio, también integrante de la Comisión de Procuración de Justicia, explicó que la PGJ instruyó a sus funcionarios adscritos a agencias del MP a cerrar sus oficinas regionales y trasladarse a la capital, situación que confirmó en Huauchinango y Xicotepec, aunque es un fenómeno que se registra en todo el estado.
“Esto representa, para los que quieran presentar una denuncia, un gasto en tiempo y dinero muy fuerte, en virtud de que en este momento tienen que acudir a la ciudad de Puebla a levantar el acta correspondiente”, expuso.
El exhorto que se aprobó este jueves, y que aún necesita el aval del pleno para que pueda enviarse a los 217 municipios del estado, se fundamenta en la decisión que tomó el ayuntamiento de San Martín de pagar la renta y los servicios de energía eléctrica y agua potable de las oficinas que albergan al MP en la demarcación, a cambio de que no se suspendan los servicios de la PGJ.
