La postergación de las fechas para iniciar en Sinaloa el nuevo sistema de justicia penal, la falta de homologación con el Código Penal Federal, el retraso en la infraestructura y la nula socialización del nuevo procedimiento, ponen en riesgo las bondades del sistema.
Aunque nueve entidades del país sí consideran la participación ciudadana en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), en Sinaloa a la ciudadanía se le está dejando fuera, advirtió Jorge Serrano Puentes, integrante del Observatorio Ciudadano de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal.
Durante el Cuarto Foro sobre la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde estuvo presente la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del NSJP (SETEC), María de los Ángeles Forrow Rangel y el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, Serrano Puentes lanzó un exhorto a los presentes para redireccionar el camino y voltear hacia la sociedad; sin embargo, el llamado no tuvo respuesta.
El también presidente de la asociación civil Tendiendo Puentes, consideró que Sinaloa se encuentra en el momento preciso para reestructurar la implementación del sistema e incluir a los organismos ciudadanos.
“Las autoridades se han centrado mucho en toda la parte de cambios normativos, de infraestructura, de transformación de habilidades, y desafortunadamente, Sinaloa no toma en cuenta la participación de la sociedad civil, tiene que emprender una campaña no sólo de difusión porque con spots la gente no va a entender el sistema, se necesitan crear procesos de formación ciudadana”, enfatizó el activista.
En base a la experiencia en otras entidades, Serrano Puentes consideró que se pueden iniciar campañas en colonias con altos índices delictivos, entre los ciudadanos que llevan procesos en juzgados locales y federales, en universidades y principalmente, con los colegios de abogados.
La intensión es explicarle al ciudadano en qué consiste el sistema, cuáles son sus nuevos derechos y cómo funcionarán los juicios, entre otros aspectos, detalló el especialista.
“Es importante que se atienda porque se ha decidido que se implemente el nuevo sistema por partes, apenas va a ser la primera, estamos muy a tiempo ahorita de que se involucre al cien por ciento a la ciudadanía y que se empiece a capacitar sobre estos nuevos derechos que les reviste el sistema”, enfatizó.
Entre las graves consecuencias que significaría la falta de socialización, Serrano Puentes destacó que por falta de conocimiento el ciudadano tendría que recurrir a un abogado, los cuales a su vez, al ser pocos los que se están capacitando, elevarían los costos de su servicio o, en otro escenario, aquellos litigantes que no estén bien preparados podrían hasta perder su licencia por una mala práctica.
—¿Es grave que comiencen los juicios orales y que la participación ciudadana no tenga cabida en la implementación? —se le cuestionó al activista.
—Sí sería grave, el ciudadano no solamente no conocería sus derechos, ni los esquemas que les provee ahora para denunciar si hay una mala práctica. Lo que sucedería es que se colapsa el sistema, el ciudadano va a seguir sin creer y desconfiando del sistema, entonces de nada va a servir ni todo el tiempo, ni todo el dinero, ni toda la voluntad que está manifestando el gobernador”, destacó Serrano Puentes.
Un sistema de justicia digno
Al coincidir en la vital importancia de entender cabalmente al NSJP, tanto por la ciudadanía como por los operadores del sistema, el magistrado José Nieves Luna Castro, titular de la Unidad para la Implementación del NSJP del Poder Judicial Federal, garantizó que el sistema representa un modelo procesal evolucionado, moderno y congruente con estándares internacionales de respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, fue franco al admitir que la incorrecta aplicación del Código Nacional puede generar resultados decepcionantes.
Luna Castro ejemplificó el caso de los abogados, a quienes el sistema obligará a solucionar conflictos a través de la mediación o conciliación, para lograr que sólo una minoría de los asuntos llegue hasta los juzgados.
Dichos mecanismos de solución de conflictos actualmente no están incluidos en los planes de estudios de la carrera de derecho, ya que tradicionalmente no eran parte de las facultades de un abogado, explicó Luna Castro.
El magistrado también se refirió a los errores que se cometen actualmente en entidades del país donde ya se aplica el modelo de juicios orales, en donde los agentes del Ministerio Público se dedican a leer los mismos documentos que antes presentaban por escrito.
“Si redujésemos a eso el cambio, estaríamos complicándonos demasiado la existencia, no representaría un cambio realmente que justificara todo esto que se ha hecho y todo esto que se pretende. No es la verbalización de los contenidos de los documentos lo que el sistema supone, sino un cambio real en los fines de los mecanismos estructurales”, enfatizó Luna Castro.
El magistrado admitió que en el Código Nacional todavía podrían presentarse adecuaciones legislativas que generarán grandes debates sobre la correcta o no interpretación de la ley.
“Decir que el sistema es una forma automática de superar problemas de inseguridad es una afirmación que dista de la realidad. Contar con un sistema de justicia creíble, digno de respeto por la sociedad misma es una de las aspiraciones que todavía representa grandes retos y áreas de oportunidad”, señaló.
A redoblar esfuerzos
En una visita fugaz a Sinaloa, la titular del SETEC María de los Ángeles Forrow Rangel, respondió a los medios de comunicación, de forma escueta y apresurada, que Sinaloa está trabajando “bien” en la implementación del NSJP.
Sin embargo, durante su discurso para inaugurar el cuarto de cinco foros que se realizan en todo el país, Forrow Rangel fue enfática en pedir que se redoblen esfuerzos para iniciar con el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Tan sólo en Sinaloa, los juicios orales comenzarían en diciembre de 2013, pero debido a retrasos en la construcción del inmueble que albergará al Centro de Justicia Centro Norte, ubicado en Angostura, la fecha se cambió a julio de 2014; en días pasados, al concluir la inauguración del Foro, López Valdez cambió de nuevo la fecha hasta octubre de este año.
Según el portal de Internet www.nuevositemadejusticiapenalsinaloa.gob.mx, los Centros de Justicia en el sur y centro del Estado comenzarían a operar en 2015 y 2016 respectivamente, pero hasta el momento sólo el centro de Angostura está en construcción.
Forrow Rangel urgió también a que Sinaloa declare su adopción al Código Nacional de Procedimientos Penales para que así se pueda acelerar el proceso de la implementación.
“Aprovecho este Foro para invitar a los representantes de las entidades federativas para que sumen esfuerzos e impulsen en los Congresos Locales las respectivas declaratorias, pues ello constituye un paso relevante para que el sistema de justicia penal opere dentro del plazo constitucional y con una legislación nacional unificada”, enfatizó Forrow Rangel.
De acuerdo con el diputado Marco Antonio Irízar Cárdenas, integrante del Consejo para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sinaloa, en el Congreso ya se presentaron tres iniciativas para homologar la legislatura local con el código nacional.
Aunque aseguró que están en tiempo para su aprobación, el diputado admitió que las iniciativas aún no entran al proceso de revisión, a pesar de que el periodo ordinario concluye el próximo 31 de junio.
“Lo que nos corresponde al Congreso estamos en tiempo para que esto entre en su momento. Yo creo que esto tendría que estar este mes, pero lo digo a título personal, eso tendrían que valorarlo la Junta de Coordinación Política y las demás fracciones parlamentarias para ponerlo a discusión en la sesión y ya llegar a una aprobación”, expresó el legislador.
Sin embargo, la titular de la SETEC advirtió que la adopción del Código no es el único ni el último trabajo que le corresponderá a los congresos locales, y reiteró la necesidad de acelerar el proceso, ya que posteriormente se tendrán que aplicar las normas secundarias como la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Además, explicó que se deberá crear una estrategia de amornización normativa que vigile que todo el sistema se encuentre alineado a las figuras procesales que se establezcan en las leyes nacionales.
Las entidades también deberán ser garantes de la unificación de los protocolos para las detenciones, preservación del lugar de los hechos, actos de investigación del delito, cadena de custodia, entre otros criterios del nuevo sistema de justicia penal.
“Es necesario que las entidades federativas aceleren sus procesos de implementación para cumplir con el mandato constitucional, pues el tiempo se agota y la sociedad requiere contar con condiciones que permitan el goce de los beneficios del sistema de justicia penal”, puntualizó Forrow Rangel.
Tiempos y destiempos
Tan sólo en Sinaloa, los juicios orales comenzarían en diciembre de 2013, pero debido a retrasos en la construcción del inmueble que albergará al Centro de Justicia Centro Norte, ubicado en Angostura, la fecha se cambió a julio de 2014; en días pasados, al concluir la inauguración del Foro, López Valdez cambió de nuevo la fecha hasta octubre de este año.
