El imperio les exige celeridad en los trabajos del Congreso de la Unión, y los diputados y senadores del PRI y del PAN aprueban la convocatoria para dos periodos extraordinarios de sesiones. El imperio necesita energía.
Desde Tezoyuca, Estado de México, el presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador, les recuerda a los legisladores: “que cuando triunfe nuestro movimiento vamos a cancelar las reformas laboral, educativa, fiscal y energética”.
Por lo pronto y en lo inmediato, la izquierda mexicana está en la tarea de la recolección de firmas, se pretende reunir dos millones para obligar al gobierno a que haga una consulta ciudadana en materia energética en el 2015. La pregunta es: ¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?
De aprobarse los dictámenes de las leyes secundarias que circulan en los pasillos de San Lázaro y del Senado, a nuestro país le iría mal. Las propuestas de reformas en materia energética del dúo PRI-PAN es totalmente entreguista, pues no garantiza la seguridad energética nacional para los próximos 30 años, ya que se privilegia la entrega de los hidrocarburos a la iniciativa privada nacional y extranjera, confirmándose este hecho a través del dictamen sobre la Ley de Hidrocarburos que se tiene programado discutir en el Senado de la República.
No habrá alivio fiscal para Pemex y tampoco se le otorga autonomía presupuestal. La autonomía de gestión se reduce a una mera simplificación administrativa. Con lo anterior, su concepto de Empresa Productiva del Estado es una simulación, donde a Pemex se le manda a competir atada de brazos.
De aprobarse la propuesta del PRI-PAN, la empresa Pemex estará en desventaja para competir con los nuevos participantes, puesto que las asignaciones que reciba le serán arrebatadas sin el asomo siquiera de un debido proceso; la Comisión Nacional de Hidrocarburos le impondrá socios en caso de buscar alianzas; la Secretaría de Hacienda seguirá teniendo un peso decisorio en la definición de su presupuesto; cualquier aligeramiento fiscal estará supeditado al mínimo de 4.7 por ciento del PIB de ingresos fiscales para el Estado; se le podrá obligar a desarrollar los proyectos de baja rentabilidad que ningún otro operador quiera hacer, así como a entregar su información geológica y geofísica, interpretada, con lo cual perderá toda ventaja comparativa.
Como en el pasado, se protegerá a las compañías petroleras más que a las comunidades y ejidos. Se pasará de un régimen de propiedad nacional a otro privado, que implicará procesos de concentración, lo que puede traer consecuencias sociales incalculables como el desarraigo de pobladores, la ruptura del tejido social, la aparición de fuerzas armadas privadas de las compañías y cacicazgos locales, injusticia y exacerbación del resentimiento social.
Hay una revancha histórica en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se reduce a las empresas del sector a su mínima expresión y facilita el usufructo de los recursos energéticos a las compañías extranjeras.
¿Qué hacemos? Por lo pronto, seguir recolectando firmas y seguir difundiendo la propuesta de la izquierda. Creo que en el Congreso de la Unión no hay mucho que hacer, por lo pronto.
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