Detención arbitraria, retención ilegal, allanamiento de morada, falta de fundamento legal, prestación indebida del servicio público y la violación al derecho a la legalidad y seguridad pública, fueron las acciones cometidas por policías ministeriales de Sinaloa que participaron en la detención de 25 comuneros de la Presa Picachos y un menor de edad, el pasado 10 de febrero de 2013.
A un año y medio de la detención que se dio luego de que los comuneros anunciaran su incursión al desfile de Carnaval en Mazatlán para parodiar al gobernador, Mario López Valdez y al entonces alcalde, Alejandro Higuera Osuna, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Ayuntamiento de Mazatlán.
A través del informe publicado el pasado 10 de junio de 2014, la CEDH de Sinaloa recomienda a la PGJ de Sinaloa que inicie procesos administrativos contra cuatro elementos de la Policía Ministerial del Estado, adscritos a la base de Mazatlán y dos agentes del Ministerio Público del Fuero Común.
La recomendación reseña que se tuvo acceso al parte informativo de la dirección de la Policía Ministerial del Estado, en el que se encontraron una serie de inconsistencias e incongruencias.
Una supuesta llamada anónima que alertaba sobre la presencia de personas armadas y que pretendían irrumpir en el desfile de Carnaval el 10 de febrero de 2013, fue considerada por la CEDH como un argumento falso que buscaba sustentar la detención de los comuneros.
“Esa supuesta llamada anónima más bien fue el motivo para proceder a una serie de atropellos en perjuicio de los comuneros de la Presa Picachos. La famosa llamada anónima o telefónica se ha convertido en el método más recurrente de una autoridad cuando no existe la capacidad de poder sustentar legalmente su actuar”, sostiene la recomendación firmada por el presidente de la CEDH, Juan José Ríos Estavillo.
Las 15 bolsas con cocaína, 20 bolsas con marihuana y un revolver calibre 22 que supuestamente se encontraron en una caja que portaban los comuneros y por lo que se les acusó como presuntos responsables de los delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos también atrajo la atención de la CEDH.
En la recomendación se consideró que la acusación carece de sustento y pone entre dicho el actuar legal y profesional de los elementos ministeriales.
La recomendación de la CEDH también incluye el caso de Alma Barraza Gómez, ex abogada de los Comuneros, a quien se detuvo en abril de 2013 por un hecho de tránsito en el que puso resistencia al arresto.
A Barraza Gómez se le imputaron delitos de lesiones dolosas cometidas en contra de servidores públicos y desobediencia y resistencia de particulares, por lo que se le fijó una fianza para obtener libertad bajo caución por 60 mil pesos.
Sobre este caso, la CEDH consideró que los agentes de tránsito del Ayuntamiento de Mazatlán actuaron de forma arbitraría en la detención y recomendó un proceso administrativo contra de dos elementos.
También se encontró que la fianza fijada a Barraza Gómez carecía de sustento legal por lo que también se recomendó un proceso administrativo contra un agente del ministerio público.
Actualmente, la CEDH está en espera de la respuesta de la PGJ y el ayuntamiento de Mazatlán.
