MEXICO, D.F. (apro).- Después de más de 15 horas de sesiones, los integrantes de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera del Senado concluyeron el análisis y la discusión, en lo general, del primer paquete de reformas energéticas que tiene como eje la Ley de Hidrocarburos, criticada insistentemente por los legisladores de PRD y PT, en medio de tibias defensas, el silencio y una ausencia de debate por parte de PRI, PAN y PVEM.
Al culminar la sesión de este jueves 12, por 12 votos a favor y tres en contra, los senadores modificaron el calendario de las sesiones para que este viernes 13 se reanude la sesión a las 14:00 horas, después del partido de la selección mexicana frente a Camerún, y también acordaron sesionar el sábado y domingo, con el fin de entrar a la discusión en lo particular.
Las izquierdas coincidieron en que este primer paquete –Ley de Hidrocarburos, Ley Minera, Ley de Inversión Extranjera y Ley de Asociaciones Públicos Privadas– legaliza el despojo en el campo mexicano, beneficia en todo a los contratistas privados y desmantelará a Pemex como la principal industria energética del país.
En contraparte, los priistas insistieron en que esta reforma “garantiza la seguridad energética del país”, mientras que los panistas, reticentes a quedarse en la sesión, sólo argumentaron que no habría despojo de tierras y que, por el contrario, se garantizaría el desarrollo de “los dueños de la tierra”.
“Van a incendiar el campo, porque a la pobreza se suma el abandono, la ausencia del Estado, la presencia del crimen organizado, la trata y el tráfico de personas, el abuso de migrantes, la violación de derechos humanos y el surgimiento de guardias blancas, a todo ellos se suma ahora el despojo de sus tierras”, sentenció Alejandro Encinas, del PRD.
Encinas argumentó también que, con el nuevo esquema contractual, más de 300 mil kilómetros de ductos de Pemex en el país pasarían a manos de los particulares, afectando la infraestructura nacional.
A su vez, el senador y coordinador del PT, Manuel Bartlett, en una extensa exposición subrayó que con la Ley de Hidrocarburos “no se fortalece a Pemex, se le destruye” y, al otorgarle carácter de “orden público” a la industria petrolera, se dará lo que quieran y necesiten las empresas extranjeras del país.
En sintonía con lo expuesto por Encinas y otros legisladores del PRD, Bartlett advirtió que esta ley permitirá “someter todas las tierras del país” al interés de las empresas petroleras.
Irónico, afirmó que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, ya se “adelantó” a la ley y mandó a detener y perseguir a dirigentes de comuneros que defienden sus tierras.
Ante la reticencia de priistas y panistas a debatir, Bartlett en varias ocasiones se dirigió al dirigente del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps, presente por momentos en la sesión, para argumentar que los derechos laborales de los trabajadores de la paraestatal “van a ser masacrados”.
“Dígaselos usted a sus trabajadores, senador Romero Deschamps”, lo incitó Bartlett. El senador priista sólo sostuvo la mirada en el vacío y evadió participar en la discusión.
La senadora Dolores Padierna, del PRD, hizo uso de la palabra en varias ocasiones para asegurar y aportar datos sobre cómo la Ley de Hidrocarburos dejará a Pemex en desventaja frente a las empresas privadas y se generará un impacto negativo en las finanzas públicas.
También denunció que el modelo de contratos que se establece son concesiones, en violación a lo establecido en la Constitución.
“Los contratos que están estipulándose en la Ley de Hidrocarburos se refieren a la recuperación de costos, pero la Constitución estableció que los contratos sean para que el Estado tenga los mayores ingresos, no para que pierda ingresos, y con este tipo de contratos se están perdiendo”, acusó la vicecoordinadora perredista.
“Hay otro concepto fundamental que dimensiona el tamaño de la privatización, que es el valor contractual de los hidrocarburos. El valor contractual es el producto de multiplicar el volumen producido por el precio del hidrocarburo. Es una renta extraordinaria. Pemex, en 2013, facturó 135 mil millones de dólares. Este es el tamaño de lo que está de por medio en esta Ley de Hidrocarburos”, indicó Padierna.
El senador Manuel Camacho hizo un recuento de las “decisiones políticas” adoptadas por el gobierno priista de Enrique Peña Nieto: primero, se dijo que no habría reforma a los artículos 27 y 28, y la hubo y se eludió el debate; la meta de producción que se establece para 2018 es inalcanzable, y además existe un conflicto fiscal no resuelto porque “para que los inversionistas extranjeros vengan, es necesario un régimen menos duro que el de Pemex. Si eso ocurre, quién, cómo y cuándo compensará los ingresos fiscales declinantes”.
A las dudas y críticas de los legisladores de las izquierdas, ni priistas ni panistas quisieron entrar al detalle y confrontar posiciones para “no dilatar el debate”.
El panista Salvador Vega Casillas, de entrada, rechazó cualquier pregunta y advirtió que su partido “de ninguna manera irá con una ley que solamente les pague a los propietarios de las tierras, a los campesinos o a los ganaderos el daño que se cause por la ocupación temporal”.
Vega Casillas afirmó que los dueños de la tierra “tienen todo el derecho de recibir el pago por la afectación que realicen de obtener ingresos adicionales, así como de obtener un pago justo que sea verdaderamente un motor para que sean ellos, los campesinos, los más interesados en que se explore y explote la riqueza natural de sus tierras”.
Optimista, agregó que la vida de los campesinos “cambiará para siempre” porque “debemos buscar que los beneficios de esta reforma se derramen entre la gente del campo, los ganaderos y los propietarios”.
El perredista Luis Sánchez lo desmintió señalando que el paquete de legislación secundaria ni siquiera retoma las relaciones modernas entre propietarios de la tierra y compañías petroleras en países como Noruega o Canadá, que han sido mencionados como modelos.
