A 45 años de la “Guerra Sucia” no se ha iniciado ninguna acción judicial en contra de los responsables, lo que “contribuye a la impunidad en México” y es necesario que se rindan cuentas de las ejecuciones ilegales de esa época y en la actualidad.
Esta situación de impunidad es considerada como el “talón de Aquiles” del actual sistema, afirma Christof Heyns, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, como parte de las conclusiones de su visita a México, realizada del 22 de abril al 2 de mayo de 2013.
El relator señaló que de acuerdo a información de algunos sobrevivientes de las masacres de 1968 y 1971, se ha desistido del proceso para hacer justicia, establecer la verdad y reparar el daño a las víctimas y sus familiares, esto se suma a que la mayoría de esos delitos ya prescribieron.
Ese es el caso del hijo de Diego Lucero, fundador de la liga 23 de Septiembre y asesinado en 1972, que informó que hasta la fecha no se ha recibido una respuesta del Estado, esto a pesar de que en el 2000 el gobierno estableció una Fiscalía especializada para investigar y formular cargos de este periodo.
Esta Fiscalía forma parte, desde 2002, de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, México presentó una declaración interpretativa en la que indicaba que la Convención se aplicaría a los crímenes ocurridos después de 2002, por lo que muchos de los delitos cometidos en esa época se consideran extintos.
Muertes en grupos vulnerables
En su informe, el Relator señaló a las mujeres, los migrantes, los periodistas y defensores de derechos humanos, niños, reclusos y detenidos, y personas de la comunidad LGBT como las principales víctimas de abusos y homicidios.
El asesinato de mujeres tiene una relación directa entre el aumento de feminicidios y el despliegue del ejército en actividades policiales. El relator señaló que el feminicidio debería estar tipificado en los códigos penales pertinentes.
Por otra parte, no existen cifras precisas que determinen el número de migrantes y reclusos asesinados. En el caso de los migrantes se ha detectado un vínculo directo ente la desaparición y asesinato con la delincuencia organizada y la complicidad de las fuerzas del orden, mientras que con los presos existe una absoluta falta de información sobre las muertes en prisiones.
De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 545 internos han sido asesinados desde 2010. En los diez días que duró la visita de Christof Heyns, 13 presos murieron en San Luis Potosí.
Los periodistas y los defensores de derechos humanos son víctimas de amenazas y secuestro, debido a esto existe la autocensura, lo que refuerza la impunidad y la desinformación, los más vulnerables son los que informan sobre la delincuencia y los funcionarios públicos.
Entre 2006 y 2010, 994 niños perdieron la vida en la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”, en muchos casos se comprobó que fueron las autoridades las que cometieron los asesinatos.
El documento especifica que también los jóvenes han sido reclutados por los cárteles, o se convierten en blancos potenciales de la violencia entre grupos, factor que provoca que las autoridades no se sientan obligadas a realizar las investigaciones y hacer rendir cuentas a los responsables.
Los crímenes a la comunidad LGBT no dan lugar a ninguna investigación o son objetos de investigaciones viciadas, guiadas por estereotipos y prejuicios, denuncia Heyns. Entre el 2005 y marzo de 2013 se registraron 555 motivados por la orientación sexual o la identidad de género.
En la versión preliminar del informe, presentado el año pasado, se dieron a conocer 31 recomendaciones para la protección del derecho a la vida, el relator señaló que a pesar de que ha habido avances e iniciativas positivas todavía sigue produciéndose un número alarmante de violaciones, abusos e impunidad.
Reiteró que es importante disminuir la participación de los militares en labores policiacas, asegurar que Cortes civiles juzguen a miembros de las fuerzas militares y establecer estándares sobre el abuzo de la fuerza por parte de los agentes del orden público.
DATOS
Desde el 2000, 83 periodistas muertos
Desde 2005, 18 defensores de derechos humanos fueron asesinados
Entre 2005 y 2013, 555 homicidios en contra de la comunidad LGBT
Entre 2006 y 2010, 994 niños perdieron la vida
Desde 2007, 4 mil 419 mujeres asesinadas
Desde 2010, han muerto 545 presos en prisiones y centros de reclusión
Tomado de Eje Central.