El Registro Público, un mugrero sin control

NEPOTISMO. Registro público cómplice.
NEPOTISMO. Registro público cómplice.

Solapan funcionarios a presunto destructor de escrituras públicas
Ejidatarios de El Conchi acusaron a Héctor Manuel de la Vega Guerra de haber arrancado tres hojas del libro donde venía la inscripción de la afectación de un predio de 150 hectáreas, y tanto Rosa Alicia Soto León como Enrique Armit Gaxiola, titulares en Mazatlán y Culiacán del Registro Público, respectivamente, solaparon al presunto destructor de documentos oficiales.
“Es un libro que está alterado, le rompieron las hojas, y ninguno de los dos funcionarios ha hecho nada y el delito público existe”, lamentan.
Manuel Núñez, Héctor Manuel Verdugo Velarde y Rodolfo Tirado Zataráin, presidente, secretario y tesorero del Ejido El Conchi, denunciaron lo anterior desde el 4 de febrero del presente año, en un escrito dirigido a la delegada del Registro Público en Mazatlán, Rosa Alicia León Soto, con copias al gobernador del estado Mario López Valdez y al alcalde Carlos Felton González.
Interesados en cooperar en el esclarecimiento de los presuntos actos delictivos que perjudican a las instituciones gubernamentales, los campesinos enviaron copias al secretario de Gobierno Gerardo Vargas Landeros y al subprocurador de justicia en la zona sur Jesús Antonio Sánchez Solís.
Asimismo, mandaron dichos oficios a Bernardo Cárdenas Soto, subsecretario de Normatividad e Información Registral, y a Víctor Guzmán Dagnino, de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), en el estado de Sinaloa, pero todos callaron.
Ventas fraudulentas
En el escrito dirigido a Rosa Alicia León Soto, los afectados justifican su reclamo: “Toda vez que la responsabilidad de la dependencia a su cargo es vital para el conocimiento de tercero de la situación jurídica que prevalece en los bienes inmuebles y para evitar ventas fraudulentas motivo de sanciones penales”.
“Estas ventas fraudulentas, lamentan, desgraciadamente se vienen cometiendo en perjuicio de nuestro Ejido, de particulares e inclusive de las autoridades municipales, por lo que solicitamos muy encarecidamente tenga a bien informarnos por medio de escrito, la situación que actualmente guarda la Inscripción de la Resolución Presidencial de Dotación favorable al Ejido El Conchi”.
La resolución, continúan, fue dictada el 9 de octubre de 1980, y ordenada en su oportunidad en tiempo y forma por el titular de la Dependencia que usted actualmente dirige, bajo Inscripción número 52, Tomo 477, Sección I, 10 de junio de 1994”.
A la titular del Registro Público en Mazatlán, piden “fuera tan amable de informarnos qué situación registral guarda actualmente el predio de 150 hectáreas que fuera propiedad de los señores Héctor Manuel de la Vega Guerra, Leonor Guerra viuda de la Vega y Emma Leonor de la Vega Guerra, según escritura pública número 7737, de 6 de enero de 1978, elaborada por el notario público César Andrade, inscrita en la dependencia a su cargo bajo el número de Inscripción 161, Tomo 237, Sección Primera”.
“Ya que tenemos pleno conocimiento, aseguran, que de la Vega Guerra sigue realizando ventas de manera indiscriminada sobre áreas comprendidas dentro de este inmueble propiedad exclusiva del Ejido El Conchi, por mandato presidencial”.
Héctor de la Vega Guerra, argumentan, está incurriendo en el delito de fraude genérico al estafar a cientos de personas a quienes exhiben las escrituras antes indicadas y se ostenta como dueño con la complicidad de las autoridades.
“Tenemos conocimiento que los libros relacionados con los archivos del tema planteado en este escrito fueron mutilados por personas ajenas y en perjuicio de nuestro Ejido El Conchi”, acusan.
“(Tenemos) razón también muy importante para proceder penalmente en contra de quien o quienes resulten responsables por esa destrucción de documentos que están bajo el resguardo y responsabilidad de la dependencia a su cargo”, advierten.
“En las escrituras que fueron afectadas por la resolución presidencial, los de la Vega, le arrancaron precisamente la parte donde viene la inscripción de la afectación por parte del Ejido El Conchi”, sostienen.
ESCRITO IGNORADO. Copias para autoridades estatales y federales.
ESCRITO IGNORADO. Copias para autoridades estatales y federales.

Lavado de manos
Uno de los asesores jurídicos de los ejidatarios que leyó en la edición de Ríodoce 591 publicado el 25 de mayo, “Corrupción en el Registro Público”, recordó el reclamo que hizo en Culiacán a Enrique Armit Gaxiola.
“Oye Armit si cualquier cabrón va y arranca las hojas, entonces ¿para qué los queremos a ustedes?, ¿para qué existe una autoridad que se llama Registro Público de la Propiedad y Comercio?”, cuestionó.
Sostiene que las autoridades responsables del Registro Público pretendían “lavarse las manos” con el pretexto de que dicho registro es “público”, que ellas prestan los libros a los usuarios y que no saben qué hagan con los libros.
“Es una expresión muy estúpida y totalmente absurda al decir que ellos prestan los libros a los usuarios interesados y éste saben lo que hacen con los libros”, critica.
E insiste: “¿para qué quiero un registro con toda una estructura donde se pague tanta gente?, ¿para que cualquier pendejo vaya y rompa los libros, los tache o los borronee?, mejor sería que contrataran a un archivista”.
—¿Qué solución dio Enrique Armit Gaxiola a la denuncia de los ejidatarios de El Conchi? —se le pregunta al quejoso.
—Agarró el libro donde están las escrituras de éste, y se las llevó a Culiacán y allá las tiene guardadas. Fue todo.
Nepotismo
Abogados mazatlecos critican que recién llegaron al poder los que enarbolaron el “Gobierno del Cambio”, el nepotismo en forma de “cuates y cuotas” ocupó un puesto estratégico en la estructura del Registro Público de la Propiedad en Mazatlán.
—Rosa Alicia León Soto, titular del Registro Público.
—Cristina Soto, Rubí Soto y Daniel Serrano, las primeras sobrinas de Soto León, y el último, cuñado de la responsable del Registro Público y compadre reciente del exgobernador Juan Millán Lizárraga.

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