junio 17, 2021 5:36 PM

PGJE: las trampas de la reforma

Iniciativas. Vacíos legales que llevan al autoritarismo.
Iniciativas. Vacíos legales que llevan al autoritarismo.

La iniciativa de convertir a la Procuraduría en Fiscalía Autónoma, operación política para encubrir culpables
La iniciativa de reforma constitucional que busca transformar a la Procuraduría General de Justicia en una Fiscalía General del Estado que funcione como un órgano autónomo —una de las reformas medulares presentada por Compromisos por Sinaloa ante el Congreso—, es calificada como un producto pobre y alarmante que significaría un retroceso democrático.
En un análisis de la iniciativa entregada el pasado 14 de mayo, en el segundo paquete de iniciativas para la reforma de Estado, el doctor en derecho constitucional, Francisco Higuera Castro, encuentra inconsistencias técnicas, un contenido negligente y apartados sospechosos que levantan suspicacias ante la proximidad del periodo electoral.
“Es muy grave que el Ejecutivo presente esto, es muy grave que los partidos políticos coincidan, ¿y los asesores? ¿y las grandes cantidades de recursos del erario que se dedica a pagarlos? Que pobreza, habla muy mal de un esfuerzo que se supone que debe ser para avanzar, ¿dónde queda todo ese compromiso real por la democracia?, con iniciativas así, no lo advierto”, critica el catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Falsa autonomía
Higuera Castro, quien desde hace 15 años ha sido un fuerte impulsor para otorgarle autonomía a los entes procuradores de justicia, advierte cada uno de los aspectos alarmantes que contiene la iniciativa, pero destaca principalmente un doble discurso en la autonomía con relación al Ejecutivo.
Y es que en el discurso mediático se garantizó un proceso de nombramiento de un Fiscal emanado desde la ciudadanía; sin embargo, la injerencia del Ejecutivo en la designación del nuevo Fiscal General del Estado permanece arraigada.
Según se detalla en la iniciativa, el Congreso elaborará una lista de los candidatos y la enviará al Ejecutivo, quien deberá formular una terna y regresarla al legislativo para que sea votada.
Pero al no recibir la lista en un plazo de veinte días, el Ejecutivo estará facultado para elaborar su propia terna y además, nombrar a un fiscal provisional.
En el supuesto de que el Congreso sí envíe la lista pero el Ejecutivo no responda con una terna, el legislativo tendrá un plazo de diez días para realizar su propia designación.
Sin embargo, en caso de que el Congreso no hiciera el nombramiento en el plazo marcado, la facultad para designar al Fiscal regresa, con poder absoluto, al Ejecutivo.
“En términos de nombramiento para ser un órgano autónomo ahora estaríamos peor que antes, no se ve la autonomía porque al final del camino sigue siendo el gobernador quien pudiera llegar a nombrar. Es un retroceso a lo que se había avanzado”, señala el especialista.
Higuera Castro considera que dicho apartado se trata de un vericueto legal para que en el ejercicio real el proceso se entrampe y se le ceda, nuevamente, la designación al Ejecutivo.
“Lamentablemente todo lo que en su momento se nos vende con gran oropel, a la hora del ejercicio del poder sigue siendo a través de las mismas reglas, las reglas del pasado, y esas reglas son reglas autoritarias, no son democráticas”, sentencia.
Una copia mal hecha
Impactado por las inconsistencias técnicas y metodológicas en la redacción de la exposición de motivos, la cual además no corresponde con la propuesta legislativa, el jurista advierte una nulificación del sentido positivo que representaría la creación de una verdadera fiscalía autónoma.
Señala que la exposición de motivos no contiene un diagnóstico amplio que argumente el por qué debe desaparecer la Procuraduría.
Por ejemplo, no se presentan datos históricos sobre el funcionamiento de la Procuraduría y a partir de qué resultados o la falta de estos mismos, se requiere dar el paso hacía la creación de la Fiscalía.
Higuera Castro critica que la exposición de motivos, la cual, según describe, es un elemento fundamental de una iniciativa de reforma, se haya limitado a replantear la reforma realizada a nivel federal en febrero de 2014, a través de la cual se creó la Fiscalía General de la República.
Pero esto además, fue una “copia mal hecha”, asegura el constitucionalista, ya que según detalla, la reforma federal sí incluyó los lineamientos que definen a la fiscalía y cómo operará su autonomía técnica y presupuestaría, contenido que no existe en la iniciativa de Compromisos por Sinaloa.
“¿Qué va a pasar cuando se haga la transición?, desde las averiguaciones previas, los derechos laborales de los trabajadores, la función policiaca, no hay nada de eso, se van dejando vacíos muy preocupantes y cuidado, porque en esos vacíos es donde cabe el autoritarismo”, explica.
“En cualquier área son muy delicados (vacíos legales) pero aquí, cuando se trata de quienes pueden investigar y perseguir delitos con una condición de tanto atraso, corrupción e ineficacia ¿sería confiable que quedarán vacíos?”, cuestiona Higuera Castro.
Según el transitorio cuarto de la iniciativa de reforma, a partir de la aprobación del decreto, el Congreso tendrá hasta 120 días para expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
Lo anterior, según el jurista, se enlista entre las omisiones más graves de la propuesta, ya que una vez que entre en funciones la Fiscalía, podrían pasar hasta cuatro meses sin una ley secundaria que regule su operatividad. Este aspecto sí fue considerado a nivel federal, ya que la Fiscalía General de la República no podrá comenzar a operar hasta que se establezcan sus leyes secundarias.
FRANCISCO HIGUERA. Es inconsistente, negligente y retrógrada.
FRANCISCO HIGUERA. Es inconsistente, negligente y retrógrada.

De procurador a fiscal
De acuerdo con el transitorio tercero de la iniciativa, el Procurador General de Justicia que se encuentre en funciones al entrar en vigor el decreto, continuará provisionalmente en su encargo pero además, podrá participar en el proceso de selección del nuevo fiscal.
“Ni siquiera es ético”, enfatiza Higuera Castro.
Las letras negritas de la iniciativa, como las llama el jurista, rompen con todo sentido ético y equitativo en el proceso de designación.
Aunado a ello, el transitorio primero establece que el decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2015, fecha que no se sustenta, bajo ningún argumento, en la exposición de motivos.
La lectura que el especialista en derecho constitucional, derechos humanos y federalismo, hace de los dos aspectos anteriores se relaciona directamente con la sospecha de un interés político.
Según explica, al brindar la oportunidad de que el procurador actual continúe en el cargo durante nueve años y que el proceso inicie precisamente, en el último año del gobierno actual, levanta sospechas de un fiscal que operaría como “tapadera” del gobierno saliente.
“Esta iniciativa está muy impregnada de un sentido más bien de cálculo y de interés, a partir de que momento político se vive, advierto que está muy poco sustentada en los elementos constitucionales de corte democrático que se requiere”, indica.
—¿Qué debería contener esta iniciativa?” — se le cuestionó al catedrático.
—En principio, que el Ejecutivo saque lo más posible las manos de la función de procurar justicia, necesitamos fiscalías autónomas lo más lejos posible del Ejecutivo.
Que se defina con nitidez y claridad en qué consiste, no en la ley orgánica, desde la reforma a la constitución. Que se saque del cálculo político, porque cualquier área es preocupante, pero el área de investigar y perseguir delitos es verdaderamente aterrador que lo lleven a los ritmos políticos”, plantea Higuera Castro.
“Amerita una discusión más intensa, que el Congreso verdaderamente abra un debate, cuando menos que no vayan a traicionar la confianza ciudadana porque se trata de un tema muy sentido que impacta el día a día de los sinaloenses, amerita una discusión más profunda y más abierta”, agrega.
La propuesta de reforma plantea modificar los artículos 76 y 77 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
Señala que para ser Fiscal General del Estado se requerirá ser ciudadano sinaloense, licenciado en derecho con título, tener más de 35 años de edad, acreditar el ejercicio profesional de diez años, no haber sido condenado por delito doloso y ser de honradez y probidad notoria.
El Fiscal General del Estado durará en su cargo nueve años, con la posibilidad de ser reelecto.
El pasado 14 de mayo, en la entrega del segundo paquete de iniciativas presentado por el secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, estuvieron presentes el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Enrique Hernández Chávez y el presidente de la mesa directiva del Congreso, Adolfo Rojo Montoya.
También asistieron los presidentes del PRI, Martha Tamayo; del PRD, Heriberto Arias; del PAS, Melesio Cuén; Mario Imaz de Movimiento Ciudadano; Eduardo Ruiz Chimal del Partido Verde Ecologista; Andrés Palazuelos, del PANAL y el secretario general del PAN, Gilberto Lugo Sánchez.
En el evento protocolario, Vargas Landeros enfatizó la importancia de la reforma constitucional que propone la creación de un “organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio en congruencia con las recientes reformas constitucionales”.
“Si esto es el consenso, en las próximas semanas y meses tenemos que estar muy alertas de que más nos va a estar llegando como productos de Compromisos por Sinaloa, porque este producto a la luz de la visión elemental de un constitucionalismo democrático no pasa la prueba”, concluye el jurista Higuera Castro.

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