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La reforma política que viene

REFORMA del Estado. Simulación en la mesa.
REFORMA del Estado. Simulación en la mesa.

El sábado 22 de marzo se llevó a cabo en Mazatlán el tercer y último foro de consulta de la mesa conducida por el gobierno del estado e integrada por todas las fuerzas políticas estatales, con miras a una reforma política para el estado de Sinaloa. Una reforma sobre la que se ciernen grandes riesgos de simulación, exceptuando los temas de adopción forzosa de las reformas federales. Si se estuviera en el primer tramo del presente gobierno estatal podría concebirse este esfuerzo como una auténtica vocación reformista, pero emprenderlo en estas fechas da la apariencia de cierto oportunismo y de más engaños.
Como se sabe, recientemente el órgano revisor de la constitución mexicana produjo varias reformas de contenido político. Una de ellas es la político electoral, otra la de transparencia y dos más están por salir del horno legislativo: la de combate a la corrupción y la relativa al término “adquirir” espacios en medios electrónicos. Todas contienen mandatos para las entidades federativas. Ahora toca el turno a la expedición de la legislación reglamentaria y de las locales. Son decenas las leyes que deberán reformarse o crearse para aterrizar en Sinaloa las reformas constitucionales federales. Esas son obligatorias, por lo que no están sujetas a la voluntad de los gobernantes y legisladores del estado.
El atraso político institucional de Sinaloa es tan acentuado que hacen falta más reformas y más profundas que en el ámbito nacional, empezando por su constitución local. A pesar de que siempre han existido resistencias a una revisión integral de ésta y aunque a muchos no les agrade el término, la adecuación a las enmiendas federales significará una nueva constitucionalidad estatal, impuesta por los poderes federales. Por ello es que lo mejor hubiera sido plantar dicha adecuación con una revisión integral, para incorporar las nuevas normas y deshacerse de lastres y anacronismos que si no son removidos, convivirán en el mismo viejo molde constitucional.
Este inicio genera dudas sobre la calidad de las reformas que surgirán de la mesa política. No puede descartarse que todo quede en una adopción minimalista de las reformas federales, lo que sería un engaño a la ciudadanía que participó en los foros, porque para asumir las obligaciones de aquellas reformas no era necesaria ninguna consulta. Ésta valdrá para aquellos temas en los que Sinaloa muestra rezagos y que las reformas no incluyen, porque tanto la federación como la mayoría de los estados no los padecen.
Una actualización a fondo sería una sorpresa si nos atenemos al tradicional conservadurismo político de los gobernantes sinaloenses. No hay que olvidar, tal como oportunamente nos lo recordó la dirigente estatal priísta de Sinaloa, que el PRI tiene mayoría en el poder legislativo local, donde deberán ser aprobadas las reformas estatales. A esta enorme adversidad para una gran reforma política estatal debe agregarse que el gobierno del estado no ha impulsado hasta ahora una sola reforma de corte democrático. En general, la clase política estatal ha demostrado durante esta etapa un gran conformismo. Es cuestión de checar sus propuestas en la mesa “Compromisos por Sinaloa”.
Lamentablemente la sociedad sinaloense no anda muy lejos de esta frecuencia. La consulta ha evidenciado que el conformismo político en Sinaloa también ha permeado a la academia y a la llamada “comentocracia”, reflejado en la escasez de propuestas ambiciosas y sustentadas. Un debate político maduro apenas asoma en el horizonte de Sinaloa. No lo deja avanzar un pluralismo político tan vacilante que ni la fallida alternancia en el gobierno del estado logró estabilizar.
Aún así resulta impostergable superar el viejo refrán de que “los pueblos tienen los gobiernos que se merecen” con nuevos y más modernos paradigmas centrados en la gente. El diseño de las nuevas instituciones y normas debe orientarse hacia una mayor democracia, empezando por el pleno ejercicio del siempre pospuesto voto libre, con mayores controles de los ciudadanos sobre gobernantes, representantes y autoridades, que conduzcan a una mayor igualdad social. La principal divisa de las nuevas reformas democráticas debe ser que los pueblos merecen los mejores gobiernos.

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