“Los sinaloenses del futuro nos lo reclamarán”, advertía Mario López Valdez a finales del 2012 cuando buscaba, a como diera lugar, la aprobación de un nuevo esquema crediticio a través del bono Cupón Cero.
Un año y medio después, y luego de que la LVI Legislatura del Congreso del Estado le autorizara la contratación de créditos hasta por 771 millones de pesos, el programa federal fue cancelado.
Sinaloa contrató un poco más de la mitad del tope establecido por los legisladores, pero el argumento de peso para adquirir el crédito, la rehabilitación de la infraestructura carretera, simplemente quedó en el tintero.
Lo que se prometió
De acuerdo con el decreto 805, publicado en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa en abril del 2013, el Congreso autorizó la contratación de créditos simples con Banobras hasta por 771 millones de pesos, mediante el programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad (PROFISE).
El primer crédito por 485 millones de pesos se destinaría al pago de pasivos por 207 millones 429 mil 93 pesos, generados con la edificación del Instituto de Cancerología; la rehabilitación de seis tramos carreteros con una inversión de 145 millones 570 mil pesos y 132 millones de pesos para la infraestructura del nuevo sistema de justicia penal.
La segunda parte del crédito, por 286 millones de pesos, se aplicaría en la rehabilitación de 153 kilómetros de carreteras en los municipios de Guasave, El Fuerte, Salvador Alvarado, Mazatlán, Angostura, El Rosario y Culiacán.
Sin embargo, con el Cupón Cero solo se contrataron 485 millones de pesos de los 771 millones autorizados.
Los primeros días de 2014, López Valdez dio banderazos para el inicio de la rehabilitación en los tramos carreteros San Pedro-Las Puentes, en Navolato; México 15-Sinaloa de Leyva, en Guasave; El Fuerte-El Mahone, en El Fuerte; Pericos-Recoveco, en Mocorito y Badiraguato-Surutato, en Badiraguato.
Según se anunció, en todas las obras se ejercían recursos provenientes del Cupón Cero, que de acuerdo al decreto, corresponden a 145 millones 570 mil pesos contratados en el primer crédito y destinados a reparar 86 kilómetros de carreteras.
Pero con la cancelación del PROFISE al iniciar 2014, los 153 kilómetros de carreteras restantes se quedaron sin recursos.
Cuestionado sobre el futuro de las obras que no se alcanzaron a cubrir con el polémico crédito, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Luis Sevilla Suárez, explicó que podrían buscar recursos de otro fondo federal pero la gestión les tomará más tiempo.
Sevilla Suárez consideró que la rehabilitación carretera pendiente podría canalizarse hacia el Fondo para el Desarrollo Regional o buscar recursos a través de la Secretaría de Comunicaciones de Transportes.
Sin recursos y sin fecha para concretar las obras prometidas, once tramos carreteros en siete municipios del estado seguirán en deplorables condiciones.
Las 11 obras que establece el decreto 805 y que no se lograron, son la Terminación Guasave–Sinaloa de Leyva, México 15–Cerro Cabezón, Calle 300 y Cubilete–Tamazula, todos tramos carreteros ubicados en Guasave, con una inversión total de más de 90 millones de pesos y una extensión de 80.6 kilómetros.
Culiacán se quedó sin la construcción del Puente Blanco y el Bulevar Miguel Tamayo, obras que se llevarían 74 millones de pesos.
A Salvador Alvarado no llegaron 33 millones 860 mil pesos para aplicarlos en 16 kilómetros de carretera, mientras que Angostura se quedó sin reparar los siete kilómetros de la carretera Angostura–La Reforma, la cual requería 15 millones de pesos.
En Mazatlán se dejó pendiente la rehabilitación de Villa Unión-Los Pozos, por seis millones de pesos y El Rosario no consiguió 13 millones 541 mil pesos para rehabilitar un tramo de nueve kilómetros en Rosario-Agua Verde.
El tope del Congreso
Para el secretario de Administración y Finanzas, Armando Villareal Ibarra, la razón por la que el crédito no se utilizó en su totalidad se atribuye al tope establecido por los legisladores en el decreto 805.
Y es que para poder adquirir los créditos, el Estado estaba obligado a no contratar una tasa superior a los 8.5 puntos porcentuales.
Mientras se esperaba que la tasa bajara, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cerró el programa, explicó Villareal Ibarra.
“Nosotros nos hemos tardado más porque es uno de los estados en los que el Congreso le puso un tope en la tasa de interés anual; como son bonos que se colocan a nivel internacional tienes que estar esperando que la tasa dé el 8.5, eso ha hecho que a Sinaloa se le dificulte o se tarde más tiempo”, justificó Villareal Ibarra.
Sin embargo, el tesorero aseguró que las obras se concretarán y para ello podrían reetiquetarse los recursos asignados a otros proyectos con el fondo federal Desarrollo Regional autorizado para 2014.
“Es una decisión que el propio gobernador analizará, cuáles son las obras prioritarias en este momento y canalizar el recurso de desarrollo regional”, planteó.
