Muchas cosas habrán de marcar el paso de Mario López Valdez por la gubernatura: su arribo histórico, la esperanza levantada y echada abajo en las primeras de cambio, sus desplantes de bailarín en los templetes, la gran corrupción que invadió todas las áreas de su administración, los excesos policiacos, las payasadas, la falta de respeto a su propia investidura. Hemos tenido gobernadores anodinos, como Jesús Aguilar Padilla, hipócritas, como Juan Millán Lizárraga, pero él se acerca más a la supina petulancia que generan los mareos del poder.
Ya se han hecho selecciones de frases infortunadas del gobernador y de actitudes realmente absurdas e incoherentes. Pero lo que ocurrió la semana pasada durante un recorrido por las instalaciones del estadio Ángel Flores debiera ser para la alarma colectiva:
“Yo le dije, bueno, que Juan Manuel no se preocupe, va a haber temporada, va a haber estadio aunque no haya gobernador. Sé que una decisión de esa naturaleza implica que pueda yo perder mi puesto, pero cuando se trata de apoyar el deporte y de hacer cosas por el bien de esta actividad y por el bien de Sinaloa y de Culiacán, pues no me importa”.
¿Qué no le importa, dijo? Malova lleva tres años de gobernador y no sabe ni dónde está parado. Al tomar posesión del cargo juró respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. No puede el gobernador, “en nombre del béisbol” y “por el bien de Sinaloa y de Culiacán”, decir que está dispuesto a pasar por encima de la decisión de un juez, aunque eso le cueste el cargo. Lo más seguro es que a la mayoría de la gente le importa un comino si el gobernador se larga o no, no hay que creer mucho en las encuestas de El Debate. Les preocuparía, sí, a la caterva de ladrones que lo han acompañado en la administración estos tres años, porque los tres que restan se les hacen pocos para seguir hinchándose los bolsillos con dinero del erario. Pero eso es otra cosa: las leyes se hicieron para respetarse y el primer obligado a ello es el gobernante.
Un grupo de ciudadanos se amparó contra la demolición del estadio porque lo consideran patrimonio de la comuna, hay un litigio que tiene detenida la construcción del nuevo estadio y una decisión judicial que hasta el más mentecato de los gobernantes  sabe que debe respetarse por encima de cualquier interés.
Con esta postura pública, López Valdez ofende su investidura y escupe sobre lo más sagrado que tiene un gobernante, las leyes, porque son la plataforma en la cual debe soportar su ejercicio del poder. Y no puede pasar por encima de éstas así trate de congraciarse con Dios.
En nombre de los ciudadanos, de la paz, de las libertades, los gobiernos suelen cometer los más atroces crímenes. Es una contradicción, pero el gobernante esgrime el “interés supremo” para justificar sus bajezas.
Tiro por viaje. Esta misma semana que pasó fuimos testigos de otro de los despropósitos del gobierno malovista, que actúa apelando a la estulticia de los gobernados. Debe ser eso, porque se necesita muy poca vergüenza para que la procuraduría de justicia lance de pronto una alerta ante la existencia de “halcones” que desde las inmaculadas entrañas de la administración estatal están “filtrando” información al crimen organizado. O es mucho el miedo que existe en varios de sus altos funcionarios, empezando por el titular del Ejecutivo, luego de que la aprehensión de Joaquín Guzmán Loera generó la advertencia presidencial de que investigarán las redes de protección del capo, se encuentren donde se encuentren.
Sería poco calificar de ridículo el anuncio de que se ha despedido a varios funcionarios al detectarse que tomaban imágenes y filtraban información “sensible” al narco, cuando es evidente la protección que, no uno o dos o tres funcionarios de distintas áreas otorgan a personajes y organizaciones criminales, sino, también, dependencias y corporaciones completas.
Por todo lo que ha ocurrido en estos tres años, puede presumirse que el Gobierno de Sinaloa se convirtió en un gran “halcón” del crimen  organizado, al grado de que en muchas áreas de la administración estatal  no mandan los poderes institucionales sino los fácticos, empezando en las corporaciones policiacas. Y es que así se entiende desde la misma conformación de las policías estatales, donde anidan todos y cada uno de los comandantes que antaño fueron identificados al servicio de las organizaciones criminales, muchos de ellos perseguidos por la justicia, independientemente de que algunos hayan sido encontrados culpables y otros hubiesen sido absueltos. Pero lo dijo el gobernador en otro de sus desplantes verbales: “no voy a combatir el crimen con blancas palomas”.
Bola y cadena
DESPIDEN A UN POBRE JODIDO porque le encontraron tomando fotografías, mientras toda la información “sensible” es proporcionada a las organizaciones criminales desde las mismas direcciones policiacas, los servicios de comunicación puestos a los pies de los cárteles, la infraestructura del Gobierno utilizada para el resguardo de las plazas y las policías actuando como ejércitos del narco en una guerra donde claramente tomaron partido. Y ahora que atrapan al Chapo les espanta el espejo.
Sentido contrario
EN UN VERDADERO ESTADO DE DERECHO el gobernador ya hubiera perdido su puesto, solo para responder a donde se han ido miles de millones de pesos que las auditorías, desde 2011 a la fecha, todavía no encuentran.
Humo negro
¿COMPROMISOS POR SINALOA? A otro perro con ese hueso.